El ERE le sale caro a Telefónica: tendrá que pagar una compensación millonaria al Estado
La operadora deberá abonar una aportación millonaria al Tesoro por una cláusula que ella misma impulsó hace más de una década
Archivo – Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España)
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Telefónica encara un nuevo expediente de regulación de empleo que, además de las indemnizaciones para los más de 6.000 trabajadores afectados, traerá consigo un coste adicional de carácter público que puede elevar notablemente la factura final del proceso. La compañía deberá pagar una compensación al Estado por la salida de empleados mayores de 50 años, una obligación que nació precisamente tras un ERE ejecutado por la propia teleco en 2011. Aquel precedente sentó las bases legislativas de lo que hoy se conoce en el mercado laboral como la “enmienda Telefónica”.
Fuentes del sector explican que esta aportación, cuyo objetivo es sufragar parte del gasto público en prestaciones por desempleo y cotizaciones, puede ascender a cifras tan elevadas como 100.000 euros por trabajador de más de 50 años incluido en el ajuste. Una realidad que convierte este proceso en uno de los más costosos para la compañía en la última década, especialmente porque parte del redimensionamiento se apoya en prejubilaciones para empleados con edades avanzadas.
Esta obligación con el Tesoro no es baladí: supone un pago directo y adicional que la empresa debe afrontar independientemente de las indemnizaciones que acuerde con la plantilla afectada. En 2011, cuando aplicó un ERE que afectó a unos 6.500 empleados, Telefónica ya abonó más de 300 millones de euros por esta misma cláusula. Todo apunta a que la cifra podría repetirse —o incluso superarse— en esta nueva ocasión.
Un ajuste que no puede eludir la “enmienda Telefónica”
La legislación establece que una empresa queda exenta de pagar esta compensación si registra pérdidas en los dos ejercicios previos a la aplicación del ERE, siempre y cuando la causa alegada sea estrictamente económica. Pero esta condición no se cumple en el escenario actual. Telefónica ha esgrimido razones organizativas, técnicas y productivas para justificar el despido colectivo ante los sindicatos, lo que automáticamente activa la obligación de pago.
Paradójicamente, aunque la compañía sí ha cerrado los últimos ejercicios con resultado negativo, ello no la libra del desembolso. La exención exige que el motivo del ERE sea económico, algo que no figura entre las causas presentadas por la teleco. Además, aunque lo hubiera planteado de este modo, la normativa también contempla períodos de análisis más amplios que probablemente habrían terminado situándola igualmente dentro del marco de pago obligatorio.
La regulación es clara: si la empresa logra beneficios en dos ejercicios consecutivos dentro del período de cinco años que abarca el año anterior al ajuste y los cuatro posteriores, el Estado puede exigir la compensación. Con un horizonte tan extenso, los expertos consideran improbable que la compañía pudiera sostener pérdidas continuadas en todo el ciclo temporal evaluado.
La edad, el factor clave en el cálculo del pago
La normativa que regula esta aportación fija un cálculo complejo que depende principalmente del número de trabajadores de más de 50 años incluidos en el ERE y del peso que representan respecto al total de la plantilla. Si el porcentaje de mayores de 50 afectados supera la proporción existente en el conjunto de la empresa, se activa la obligación de pago.
Telefónica ha transmitido su intención de que buena parte de las salidas se produzcan vía prejubilaciones, un mecanismo habitual en grandes empresas para facilitar la transición de su plantilla más veterana. Esto implica que el grueso de las personas incluidas en el proceso cumplirá con el criterio de edad que dispara la aportación económica.
Los expertos consultados recuerdan que la horquilla económica puede variar según los márgenes de beneficio, el tamaño de la empresa y el número total de empleados afectados, pero en casos anteriores de la teleco la cifra ha rondado los 300 millones de euros. Una valoración que, teniendo en cuenta la estructura de este nuevo ajuste, muchos consideran realista.
El proceso afecta a siete filiales, pero el cálculo se hace como si fuera un único bloque
Una de las dudas que había despertado este ERE es su división entre siete filiales del grupo, cada una con condiciones específicas. Sin embargo, los especialistas en derecho laboral coinciden en que esto no altera el cálculo de la compensación, ya que a efectos legales el grupo funciona como una única unidad económica.
Los criterios de “unidad de empresa” aplicables incluyen la confusión de plantillas, la unidad de caja y la dirección común, tres elementos que se dan de forma clara en Telefónica. Aunque cada filial tenga su propia personalidad jurídica, la actividad operativa se desarrolla de forma integrada, lo que obliga a sumar los datos globales para determinar el pago al Tesoro.
Este criterio ya se ha aplicado anteriormente tanto a la teleco como a grandes entidades financieras, que han tenido que abonar decenas o incluso cientos de millones tras aplicar ERE masivos en los últimos años. La banca, de hecho, acumula algunos de los pagos más elevados registrados hasta la fecha.
Los bancos, líderes en desembolsos; Telefónica vuelve a la lista
Aunque la cláusula se conoce popularmente como “enmienda Telefónica”, lo cierto es que la banca ha sido el sector que más ha contribuido al Tesoro por este concepto. Entidades como CaixaBank —con más de 180 millones pagados tras sus ERE de 2013 y 2021— o Santander, BBVA y Sabadell suman algunas de las aportaciones más cuantiosas.
Telefónica, por su parte, había conseguido evitar este coste durante los últimos años recurriendo a mecanismos alternativos como los planes de separación individual (PSI). Estos programas no se consideran despidos colectivos y, por tanto, no activan la aportación obligatoria al Estado.
La vuelta al formato tradicional de ERE implica que la teleco debe enfrentarse nuevamente a una de las cláusulas que ella misma ayudó a diseñar, y cuyo objetivo es que el sector privado comparta una parte de los costes públicos derivados del desempleo que generan los grandes ajustes laborales.
