El Gobierno calcula que 90.000 de sus funcionarios se jubilarán hasta 2035, casi la mitad de su plantilla
El Ejecutivo plantea que, en el mismo periodo, se incorporarán casi 105.000 empleados públicos, por lo que se incrementarán los efectivos actuales
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. A. Pérez Meca / Europa Press
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El Gobierno calcula que cerca de 90.000 de sus empleados públicos, entre funcionarios y personal laboral, se va a jubilar en la próxima década, lo que supone casi la mitad de la plantilla actual de la Administración General del Estado (AGE), aunque creen que las incorporaciones de personal (unas 105.000) amortiguarán el efecto del retiro de las cohortes más mayores y permitirán una ligera ganancia neta de efectivos.
Estos son los últimos datos actualizados del «Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado«, un informe que elabora anualmente Función Pública desde 2018 y que proyecta a una década las necesidades de personal del Ejecutivo central.
Así, de los 197.933 empleados públicos que abarca la muestra del estudio (se excluyen a ciertas categorías dentro de la Administración, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluido el Ejército; la Justicia, las entidades públicas empresariales y las universidades públicas no transferidas a las comunidades autónomas), el Ejecutivo proyecta que 89.690 se jubilarán hasta 2035. Una «pérdida importante», como reconoce el documento gubernamental, es el 49,53% de la plantilla actual, pero inferior a las proyecciones elaboradas solo un año antes (95.640 efectivos, un 54,86%).
El retiro lo protagonizarán los funcionarios de carrera, con 67.448 trabajadores en la rampa de salida, el 49,7% del total; mientras que saldrán del mercado laboral 22.242 efectivos del personal laboral fijo, un 57,6% del total.
La nota positiva es que el Ejecutivo contempla que no habrá una pérdida de trabajadores en términos netos, en tanto que se incorporarán más efectivos de los que se jubilarán. En concreto, 104.789 nuevos trabajadores públicos, entre funcionarios de carrera (82.655) y personal laboral (22.124). En términos netos, esto supone que habrá 15.099 empleados más en la Administración General del Estado.
Con todo, estas proyecciones están en el aire, como señala el propio Ministerio que dirige Óscar López: «Estimar cuáles serán las incorporaciones futuras en los próximos 10 años resulta una tarea complicada y sujeta a gran incertidumbre, ya que estará muy influenciada por factores desconocidos a priori que podrían variar significativamente los datos».
A pesar de que el Ejecutivo minora los posibles efectos de la ola de jubilación de la generación del ‘baby-boom’ en los próximos años, sí reconoce que la media de edad en el sector público «supera con creces a la de la empresa privada», situándose en los 49,89 años. El 57% de la plantilla de la Administración central tiene 50 años o más y solo el 20,5% tiene menos de 40.
Un millón de funcionarios se jubilarán en la próxima década
El envejecimiento demográfico se traslada a las Administraciones Públicas justo en un momento en el que los servicios que presta el Estado cobran más y más relevancia, sobre todo en sectores clave como la Sanidad o los servicios sociales, que tendrán mayor protagonismo (y menos efectivos) con el paso de los años.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE cifran en 1.023.500 los funcionarios y empleados de las distintas Administraciones que tienen más de 55 años, lo que representa el 31,2% del total de 3.521.900 trabajadores del sector público. Un reto mayúsculo para la próxima década, ya que los servidores públicos de menos de 40 años no alcanzan el millón y el 42,4% tiene entre 40 y 54 años.
La proporción de empleados públicos mayores de 55 años ha subido de manera espectacular en los últimos años. Así, si hoy son el 31,2%, son casi diez puntos más que hace una década. A principios de 2015, suponían el 22,5% (666.700) del total de 2.956.700 trabajadores al servicio de la Administración. Pero es que hace veinte años eran apenas el 13,1%, de los 2.893.900 trabajadores con los que contaba el Estado, unos 382.600.
Y al revés. Los funcionarios menores de 40 años representaban el 28,4% del empleo público en 2015 (836.000) y alcanzaban el 41,9% en 2005, cuando sumaban 1.215.600. Con los últimos datos, del segundo trimestre de este ejercicio, son solo el 26,3%.
