Más de un millón de funcionarios, uno de cada tres, se va jubilar en los próximos diez años

Más de un millón de empleados públicos van a alcanzar la edad de jubilación en los próximos diez años, por lo que el Estado afronta la pérdida de cerca de un tercio de su fuerza laboral mientras persiste la alta temporalidad en el seno de la Administración y con los funcionarios interinos apretando con movilizaciones al Gobierno para que cambie su situación.

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE cifran en 1.023.500 los funcionarios y empleados de las distintas Administraciones que tienen más de 55 años, lo que representa el 31,2% del total de 3.521.900 trabajadores del sector público. Un reto mayúsculo para la próxima década, ya que los servidores públicos de menos de 40 años no alcanzan el millón y el 42,4% tiene entre 40 y 54 años.

El envejecimiento demográfico se traslada a las Administraciones Públicas justo en un momento en el que los servicios que presta el Estado cobran más y más relevancia, sobre todo en sectores clave como la Sanidad o los servicios sociales, que tendrán mayor protagonismo (y menos efectivos) con el paso de los años.

La proporción de empleados públicos mayores de 55 años ha subido de manera espectacular en los últimos años. Así, si hoy son el 31,2%, son casi diez puntos más que hace una década. A principios de 2015, suponían el 22,5% (666.700) del total de 2.956.700 trabajadores al servicio de la Administración. Pero es que hace veinte años eran apenas el 13,1%, de los 2.893.900 trabajadores con los que contaba el Estado, unos 382.600.

Y al revés. Los funcionarios menores de 40 años representaban el 28,4% del empleo público en 2015 (836.000) y alcanzaban el 41,9% en 2005, cuando sumaban 1.215.600.

El estallido de la burbuja, la crisis financiera y la parálisis en la creación de empleo público durante la pasada década han provocado que los trabajadores estatales sean ahora mismo una fuerza muy envejecida y con una tasa de temporalidad (27,8%) muy superior a la del sector privado.

Los funcionarios interinos se manifiestan

De esos 3,5 millones de empleados públicos que contabiliza el INE en el segundo trimestre de este año, casi un millón (980.800) tienen una relación temporal con la Administración. Y prácticamente la mitad son con contratos para cubrir bajas o ausencias de otros empleados, es decir, posiciones de interinos: 469.100.

Este jueves la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) convocó una concentración para el próximo 7 de octubre frente el Congreso de los Diputados con el objetivo de exigir fijeza inmediata «ante el abuso de la temporalidad en la Administración Pública Española».

El Gobierno se comprometió con Bruselas a través del Plan de Recuperación a adoptar medidas para reducir la tasa de contratos de duración determinada en el sector público. De hecho, aprobó un Real Decreto-Ley en 2021 con medidas urgentes, que incluían multas a las administraciones, que deberían compensar con 20 días por año trabajado, hasta un total de 12 mensualidades, a «aquellos empleados en la Administración pública cuya relación de tiempo determinado ha sido extendida contraviniendo los periodos de retención máximos» fijados en la ley.

Sin embargo, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (de 22 de febrero de 2024 y de 13 de junio del mismo año) dictaron que eran insuficientes estas indemnizaciones tasadas, ya que no las consideraban suficientes para evitar estas contrataciones irregulares.

Bruselas, tras este revolcón de la justicia, decidió revocar 626 millones de los fondos Next Generation EU que ya había desembolsado a España como parte del primer pago del programa. «En base a la información provista, la Comisión concluye que España ha fallado en adoptar medidas rápidas de nueva legislación con medidas efectivas para penalizar el uso abusivo de los contratos de duración determinada en el sector público, en línea con la interpretación dada por el Tribunal de Justicia», adujo la Comisión a principios de julio.

Entonces el Gobierno dijo estar trabajando para adaptar el nuevo marco a la sentencia y poder recuperar esa transferencia europea, pero aún no se han dado más pasos.