Fainé consintió la opa de IFM sobre Naturgy para ganar tiempo

Isidro Fainé consintió la oferta del fondo australiano IFM Global Infrastructure sobre Naturgy sin pronunciarse para ganar tiempo. La Caixa quiere meditar con calma la decisión a tomar durante los próximos meses, en los que la CNMV y el Gobierno tienen que estudiar y aprobar la opa, algo que puede durar medio año.

Fuentes del sector explicaron a Economía Digital que IFM informó a los tres grandes accionistas de Naturgy de su intención de lanzar una opa sobre el 22,69% de la energética. Según lo que comunicó, GIP y Rioja Acquisition (CVC y los March), propietarios de algo más del 20% cada uno, manifestaron su intención de continuar en el accionariado de la compañía, pero la posición de La Caixa no se dio a conocer.

Las fuentes consultadas precisaron que IFM también contactó con Criteria, por lo que no se trataría de una operación orquestada por los tres fondos para echar a La Caixa, aunque si se queda, estará en clara minoría ante tres grandes inversores internacionales que controlarán dos tercios del capital de Naturgy.

A diferencia de GIP y Rioja, el grupo catalán que preside Fainé decidió mantenerse al margen. Es decir, dejar hacer a los australianos mientras, con calma, analizando los pros y los contras de vender o quedarse, tomar una decisión.

Como en 2017 con Abertis, la opa sobre Naturgy no es esperada ni deseada por La Caixa, pero Fainé la analizará y no descarta vender

Como en 2017 con Abertis, la opa no es ni deseada ni esperada, pero también será analizada en las torres negras de forma minuciosa para decidir teniendo en cuenta que La Fundación Bancaria La Caixa necesita más de 500 millones de euros al año para nutrir su obra social, una de las mayores de Europa.

En la balanza, Fainé tendrá que poner aspectos económicos y también políticos. Sobre los primeros, la decisión no es nada fácil: la oferta a 23 euros por acción supone una prima del 20% y La Caixa captaría más de 5.000 millones de euros, con unas plusvalías de 1.500 millones. Pero perdería su primera fuente de ingresos por dividendos.

Respecto a los políticos, vender Naturgy haría perder influencia al grupo catalán ante el Gobierno y las instituciones españolas. El gran grupo industrial que fue La Caixa ha ido perdiendo fuelle, en parte por las presiones del BCE sobre Caixabank y en parte por una decisión voluntaria de Fainé de rebajar el perfil político de la institución, según aseguran fuentes cercanas al directivo,

La salida de Caixabank de Repsol y la venta de Abertis son dos ejemplos claros. La venta de Naturgy sería perder el penúltimo acceso a la Moncloa y las reuniones con las máximas instancias empresariales y del Estado. Si con algo se pisa la Moncloa es con un banco, una energética y una concesionaria; en caso de vender, solo le quedaría lo primero. Eso sí, será el mayor banco de España cuando culmine la fusión por absorción de Bankia, que es cuestión de semanas.

Entre las opciones que tiene La Caixa está la de no vender, vender todo o solo una parte. Si no vende pero la opa triunfa, se encontraría en una situación aparentemente incómoda: como primer accionista pero en minoría ante tres fondos que buscan lo mismo, la buena mano de Francisco Reynés para generar retorno a sus accionistas a partir de la rentabilidad.

Las fuentes consultadas apuntan que eso no sería un problema. Restaría influencia al grupo catalán pero, aseguran, eso es secundario ahora mismo, pues la prioridad es embolsarse los dividendos, que en 2019 superaron los 321 millones y que son la gasolina que hace funcionar la obra social de la fundación.

El Gobierno no se pronuncia sobre la opa a Naturgy

Al margen de la posición de Fainé, la opa de IFM por Naturgy se enfrenta ahora a un periplo administrativo que promete ser largo. Tras el anuncio de este martes, tiene un mes para presentar el folleto de la opa. Entonces, la CNMV y el Gobierno empezarán a analizarla. Por ahora, nadie en Moncloa se ha pronunciado.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá trabajo. No solo debe estudiar la operación desde el punto de vista de competencia y de un cambio accionarial importante en una empresa estratégica como una energética, sino que además está el decreto anti-opas, que permite al Gobierno vetar la compra de más del 10% de una empresa española por parte de una extranjera.

Fuentes del Ministerio de Industria explicaron este martes a Economía Digital que todavía no tenían conocimiento de la oferta pero que IFM deberá presentarla a la dirección general de Comercio Internacional e Inversiones, que tendrá seis meses para analizarla y pedir, si lo necesita, más información y documentación.

A su vez, al menos dos ministerios más tendrán que hacer sus informes: Economía y Transición Ecológica, que se ocupa de los asuntos energéticos. Con toda la documentación y los informes de estos ministerios, el Consejo de Ministros será quien aprobará la operación o no.