Foment pide no detener el rescate de la SEPI a Celsa
La siderúrgica tiene menos de un mes para lograr una acuerdo con sus acreedores que permita recibir los 550 millones del rescate
El presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. EFE/Alejandro García
La patronal catalana Foment del Treball ha reclamado este miércoles que no se detenga el rescate de 550 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Celsa por el empleo que genera y por tratarse de una compañía con un modelo industrial «de gran valor» para la economía catalana, española y europea.
La organización se suma así a las voces que defienden el uso de fondos públicos para ayudar a la solvencia de Celsa, tras considerar «indispensable» la entrada de créditos públicos en empresas estratégicas que padecieron la pandemia por no poder cerrar sus plantas.
«El trabajo realizado por el Gobierno de España no se puede detener ahora, ya que las consecuencias son inasumibles desde el punto de vista social, empresarial y económico«, ha subrayado en un comunicado la patronal que dirige Josep Sánchez Llibre.
Foment ha destacado que la siderúrgica genera más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que «impulsa un modelo de producción circular esencial para la economía catalana, española y europea».
«Es un puntal indrustrial de Cataluña»
Roger Torrent, conseller de Empresa y Trabajo
En esta línea, ha pedido a las partes implicadas que «den prioridad absoluta a los criterios de gestión industrial a largo plazo, sociales y sostenibles sobre cualquier otro criterio cortoplacista» y que realicen «todas las acciones necesarias para aprovechar la financiación pública permitida por Europa a empresas estratégicas».
El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha instado también este miércoles a «evitar el bloqueo» de la entrada de capital público del Estado para rescatar a la siderúrgica, y ha mostrado su apoyo a la compañía, que ve como «un puntal industrial de Cataluña».
El rescate peligra
La siderúrgica catalana, propiedad de la familia Rubiralta, pidió acceder al fondo que creó el Estado para hacer frente a los problemas de las empresas derivados de la pandemia, y tras mucho negociar, el Estado accedió. Eso sí, con algunas condiciones, que deben aceptar también los fondos acreedores de la compañía y que, de momento, no está siendo posible cerrar.
Las negociaciones no están siendo fáciles ya que una de las peticiones de Celsa es que los fondos hagan una quita de más de la mitad de los 2.200 millones de la deuda de la compañía, es decir, unos 1.200 millones de euros. Además, van a contrarreloj al terminar el plazo el 30 de junio.
Los sindicatos pide aceptar las condiciones fijadas
Los sindicatos CCOO y UGT emplazaron este martes a los fondos acreedores de Celsa a aceptar las condiciones fijadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, para inyectar 550 millones de euros a la empresa y garantizar el mantenimiento de 4.500 empleos directos.
Concretamente, exigen «que se adhieran a los acuerdos que ya han sido suscritos por el resto de grupos de interés de la compañía y que no bloqueen la entrada de capital público con el mantenimiento de una posición basada en la búsqueda de un rédito financiero voraz e injustificable».
En caso de materializarse, la ayuda a Celsa será la más cuantiosa de las concedidas hasta ahora con cargo al fondo de la SEPI, relevando a Air Europa, que recibió 475 millones de euros.
