Giro en la trama del jamón: el líder del ibérico se hace la víctima

El proveedor de jamones de Carrefour y líder en la venta de ibéricos de España se ha presentado ante la juez que investiga la trama del jamón por un presunto delito contra la seguridad alimentaria como una víctima más y no como la empresa en el centro de la trama del jamón, tal como apuntan las investigaciones judiciales. Los abogados de Comapa insinúan en sus recursos que tanto la Guardia Civil (Seprona) como la juez la han imputado sin fundamento alguno. 

Con una facturación de más de 420 millones de euros, Comapa está siendo investigada por la Guardia Civil por la venta de productos ibéricos fraudulentos y por delitos contra la salud pública al colocar en el mercado toneladas de jamones y productos ibéricos en mal estado y no aptos para el consumo humano.

Comapa, proveedor estrella de Carrefour, ha emergido como el rey de los jamones e ibéricos low cost de España y en pocos años se ha colocado como el mayor distribuidor de ibéricos.

La empresa, con más de 80 marcas comerciales como Sierra Alpujarra (afectada por gusanos) y Oro de la Ermita (cuya venta fue prohibida por Sanidad en una alerta sanitaria emitida en junio), comenzó a ser investigada hace más de un año por agentes de la Guardia Civil. Primero por la venta de productos fraudulentos y luego por la venta de productos cárnicos en mal estado.

Comapa carga contra la juez y la Guardia Civil 

Los juzgados de Fregenal de la Sierra (Badajoz) han incluido a la empresa en la lista de investigados por su participación en la red de venta de productos en mal estado. La juez ha llamado a declarar a Blai Parés, presidente de la empresa, como imputado (figura ahora conocida como investigado) para este viernes 21 de diciembre.

Parés deberá explicar el negocio millonario de Comapa, una empresa que se encuentra en el ojo del huracán, a pesar de la estrategia judicial de la empresa que intentó evitar a toda costa la comparecencia de Parés en los tribunales, lo que supondrá un duro golpe para la empresa.

Los abogados de Comapa acusan a la juez de utilizar justificaciones «lacónicas» y «sin fundamento» y niegan ser proveedores de jamones de las empresas en cuyas naves la Guardia Civil encontró jamones y carnes en mal estado, con moscas, gusanos y afectadas por bacterias anaerónicas, altamente peligrosas. 

«Nuestra representada nunca ha sido proveedor de ningún tipo de producto a favor de las mercantiles reseñadas. Decir lo contrario, sería falsear la realidad. ¿Existe en las actuaciones algún tipo de factura, documento, testimonio o prueba de cualquier tipo que acredite que nuestra representada ha vendido algún tipo de producto mercancía a cualquiera de las tres empresas antes reseñadas? La respuesta es clara y contundente, NO», explican los abogados de Comapa ante la juez.

«Si no se ha vendido producto alguno, resulta absurdo que por parte del Seprona se exija la trazabilidad de productos que nunca han sido comercializados por la misma a favor de tales mercantiles», justifican los abogados de Comapa que cargan, de forma airada, contra la juez y los agentes que destaparon la trama del jamón podrido. 

Los imputados

La juez de instrucción denegó el viernes pasado el recurso de Comapa mediante el cual la empresa se presentó como víctima por la trama. Comapa asegura que algunas de sus marcas han sido falsificadas y que los miles de kilos de jamones y productos ibéricos en mal estado en realidad no proceden de sus instalaciones.

Pero la juez ha denegado el recurso y el empresario Blai Parés deberá declarar como imputado este viernes. También lo hará el 23 de enero Jaime Álvarez Fra, consejero delegado de Comapa que está siendo investigado por el mismo caso.

Los recursos no han sido los únicos que han intentado frenar el juicio contra la trama del jamón, el mayor fraude alimentario detectado en España desde el caso del aceite de colza. La empresa Oro de Granada, relacionada con Comapa, Jamones Nicolau, investigados por la misma trama por los tribunales de Alzira (Valencia) y Fregenal de la Sierra (Badajoz) por el mismo caso también han intentado prorrogar o suspender las declaraciones como imputados.

La juez sólo ha aceptado posponer las declaraciones para hacerlas vía videoconferencia, pero ha rechazado eliminar de la lista de imputados a las empresas implicadas. Ahora, intentan poner trabas con apelaciones en la Audiencia Provincial.