La sentencia de las revolving abre el primer frente judicial a la nueva Caixabank

El banco guarda hasta 468 millones para los procedimientos judiciales derivados de estas tarjetas de pago aplazado

Dos oficinas de Caixabank y Bankia cercanas. EFE

Una oficina de Caixabank al lado de una de Bankia. EFE

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El primer revés judicial para la nueva Caixabank llegará con las tarjetas revolving. La Sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2020 contra WiZink dejó una cosa clara: el interés de estas tarjetas es de media, del 20%.

Esta es la pauta marcada por el Banco de España y la que tienen que tener de referencia las entidades que comercializan estas tarjetas de crédito aplazado. Si se supera «notablemente», el contrato debe ser anulado por usura.

Grosso modo esto es lo que entendieron todas las entidades, pero cada una ha hecho su propia interpretación ya que no se especificó cuánto es un “interés notablemente superior» a este 20% para que se tenga que anular un contrato.

La avalancha de reclamaciones ya tenía colapsados los juzgados antes de conocerse la sentencia, y aunque esta no terminó de despejar las dudas, las denuncias no han parado crecer en los últimos doce meses.

Los afectados acumulan deudas imposibles de pagar desde hace más de 20 años por los famosos “cómodos plazos”, algo que según los expertos solo provocan un efecto “bola de nieve”, que hace que las deudas por los intereses sean mucho mayor de lo que realmente se ha gastado con la tarjeta.

Caixabank provisiona casi 500 millones

Caixabank considera que la sentencia no proporciona “criterios específicos”, para poder determinar con seguridad jurídica qué distancia debe haber con el tipo de interés de referencia y poder poner fin a un contrato de un producto revolving.

Una circunstancia que hace “probable” que siga propiciando una significativa litigiosidad y un conjunto de criterios judiciales muy dispares cuya concreta afectación no es determinable en la actualidad. Por ello “será objeto de seguimiento y gestión específica”.

Así lo explica el banco en su informe anual, donde también incluye una provisión de 468 millones de euros por las obligaciones que pudieran derivarse de procedimientos judiciales, incluidos los relativos a tarjetas revolving o con pagos aplazados, pero no todos.

Además de esta sentencia, que afecta a todo el sector, CaixaBank y su filial de tarjetas, CaixaBank Payment s and Consumer, recibieron una acción colectiva por parte de la asociación de consumidores ASUFIN.

Esta fue desestimada parcialmente por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia el 30 de diciembre de 2020. Más adelante, la sentencia desestimaba íntegramente la demanda contra CaixaBank y únicamente solicitaba a CaixaBank Payments and Consumer la cesación de la cláusula de vencimiento anticipado.

Dejando fuera el resto de peticiones sobre falta de transparencia en el funcionamiento de las tarjetas, los métodos de cálculo de los intereses, el derecho de compensación de deudas o el cambio de condiciones en contratos de duración indefinida. La sentencia no es firme actualmente.

Europa da la razón a los consumidores

Hace solo unos días, un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba la razón al Supremo y confirmaba que España puede aplicar la ley contra la usura a las tarjetas revolving.

En concreto, detallaba que la normativa europea no se opone a la normativa española. De este modo, los países miembros seguirán teniendo competencia para regular el interés de las tarjetas revolving y los jueces españoles seguirán anulando los contratos por ser declarados como «usura» cuando superen un tipo de interés del 20%.

“Hasta ahora el criterio de los jueces en su amplia mayoría ha sido favorable a los afectados que reclamaban los abusivos intereses de este tipo de producto financiero. Algo que ahora también reafirma el Tribunal de Justicia Europeo” explican desde Reclama por Mí.

Este despacho de abogados recuerda que miles de afectados han adquirido a lo largo de su vida una tarjeta de pago a plazos sin saberlo, y en consecuencia han pagado durante años intereses abusivos.

En su caso, la mayoría de demandas son contra WiZink, pero le siguen de cerca Bankinter, Caixabank, BBVA, Santander Consumer y Cofidis.

La directora legal de reclamador.es, Almudena Velázquez, también comenta que WiZink es en su despacho la que más demandas acumula como consecuencia de la compra de las tarjetas de crédito de las desaparecidas Barclays, Banco Popular y Citibank.

Le siguen Cetelem y Cofidis, si bien en estos casos el revolving no se esconde tanto en las tarjetas, como en lo que todo el mundo identifica como «préstamos rápidos» mediante los cuales los afectados se encadenan a una financiación eterna, añade.

La banca no devuelve dinero

Velázquez destaca que, tras la Sentencia de 4 de marzo del pasado año, se esperaba que estas entidades bajaran sus intereses para evitar demandas – y así ha sido- pero también que devolvieran las cantidades que les corresponde. Y esto les cuesta más.

De la misma forma, lamenta ahora que tras el auto del TJUE hagan los mismo. Según explica, la banca tiene antecedentes como las cláusula suelo, gastos hipotecarios, hipoteca multidivisa, etc, en los que pese a existir doctrina consolidada en su contra siguen negándose a la reparación voluntaria del daño, obligando a los afectados a acudir a juicio.

“No cabe pensar que en esta ocasión se comporten de modo distinto, pues lo cierto es que les sale muy rentable esa conducta: desincentivan al afectado con un procedimiento largo y costoso y también reducen el dinero que tienen que restituir: a menos reclamaciones, menores devoluciones”.

La directora legal de reclamador.es explica que sólo cuando se presenta la reclamación previa a la demanda, algunas (que no todas) ofrecen una anulación parcial de la deuda.

Un caso curioso es el de WiZink, que se niega sistemáticamente a la solución extrajudicial, obligando al afectado a acudir a juicio, y cuando le es notificada la demanda, reconoce que ya con esa primera reclamación se tenía que haber dado la razón a su cliente.

¿Cuánto ha provisionado la banca?

A día de hoy es imposible saber cuántas demandas acumulan estas entidades por las tarjetas revolving y cuántas provisiones tienen. Todas se muestran bastante opacas con el tema.

Caixabank destaca que los desembolsos que finalmente pudieran ser necesarios dependerán de los términos concretos de las sentencias a las tenga que hacer frente el Grupo y el número de demandas que sean atendidas, sin especificar cuántas tiene hasta ahora.

Bankia simplemente hace mención al asunto señalando que de momento no se ha fijado una doctrina “uniforme, clara y precisa”. Y que el número total de demandas recibidas por tarjetas revolving es de 107 “con un riesgo económico no significativo”.

WiZink, la más afectada, guardó más de 200 millones

Bankinter, por ejemplo, apunta a que ha evaluado los potenciales impactos de la sentencia y ha registrado las provisiones necesarias “para hacer frente a las potenciales pérdidas por demandas que puedan presentarse”.

BBVA considera que el fallo del Tribunal Supremo no debería tener efectos significativos en los resultados del Grupo. Mientras que el Banco Santander, refleja que el riesgo de crédito de las revolving es de 321 millones en Europa, 121 millones en España.

Wizink es a toda la luz la más afectada, antes de la sentencia tuvo que provisionar más de 200 millones de euros y a cierre de 2020 había consumido más de 60 millones de euros.

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