El Santander limita a 145 millones las indemnizaciones a los accionistas del Popular
Este verano acaba el plazo de reclamación para aquellos accionistas que acudieron a la ampliación de capital del Popular de 2012 y 2016
Botín testifica en la Audiencia Nacional sobre la compra del Popular
En próximo mes de junio se cumplirán cuatro años desde que Banco Santander se quedara con Banco Popular después de que la Junta Única de Resolución (JUR) decidiese la resolución de la entidad.
Precisamente por esto, este verano acaba el plazo de reclamación de aquellos accionistas que acudieron a la ampliación de capital del Popular de 2012 y 2016.
Para los que adquirieron acciones fuera de las mismas, esto es, en el mercado secundario, el plazo acabó en agosto de 2020.
En teoría tendría que haberse cerrado en julio, pero como consecuencia del coronavirus se suspendieron todos los plazos de prescripción y caducidad. Así que la fecha límite se amplió hasta el 28 de agosto.
Esto también ha modificado los tiempos para los que acudieron a la ampliación de capital. Según la ley del Mercado de Valores, el plazo es de cuatro años, pero sumando los 82 días de la suspensión por el estado de alarma, el plazo se alarga hasta agosto de 2021.
El banco de Ana Botín describe en su informe anual que en este momento “no es posible prever el total de las reclamaciones que podrían presentarse por los antiguos titulares de acciones e instrumentos de capital, ni sus implicaciones económicas”, ya que el plazo legal sigue abierto.
Santander limita a 145 millones las indemnizaciones
Aunque no avanzan cuántas demandas han recibido hasta ahora, si detallan que el coste estimado de una “eventual compensación” a accionistas y obligacionistas de Banco Popular ascendía a 680 millones de euros en 2017.
Y de estos, 535 millones de euros se aplicaron a la acción comercial de fidelización. Esto son los bonos que el Santander ofreció a los accionistas minoritarios del Popular ese año para compensar la pérdida.
Es decir, que los 145 millones de euros restantes son los que el Santander guarda para las indemnizaciones de aquellos que no aceptaron la acción de fidelización.
Pero los accionistas y bonistas del Popular no son el único problema que arrastra el banco cántabro desde que se quedó con el Popular. El Santander cuenta aún con una importante litigiosidad como consecuencia de esta operación, como ocurre con las cláusulas suelo.
Según explican, el Santander “está expuesto a un número importante de operaciones” relacionadas con esta cláusula hipotecaria. Pero también aquí, las provisiones se han reducido considerablemente.
El Grupo cálculo que el riesgo máximo en el escenario más severo ascendería aproximadamente a 900 millones de euros. A cierre de 2020 y tras atender la mayor parte de las solicitudes de clientes, la potencial pérdida residual se estima en 51 millones de euros, importe cubierto íntegramente con provisiones.
También se reclama la decisión de la JUR
Asimismo, varios inversores han presentado recursos contra la decisión de la JUR y del FROB por la resolución del Popular. “Se han presentado y pueden presentarse en el futuro reclamaciones frente a Banco Santander y otras entidades del Grupo derivadas o vinculadas con la adquisición”, detallan.
Por esta razón, la entidad no puede prever el total de las reclamaciones que podrían presentarse. Sobre todo porque actualmente se estudia en Europa la viabilidad de las demandas que se han presentado contra el Santander por la intervención del Popular.
El pasado 2 de septiembre de 2020, la Audiencia Provincial de La Coruña elevó una cuestión prejudicial al TJUE en la que pregunta por la correcta interpretación del artículo 60, apartado 2 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
También se investiga el folleto de la ampliación de capital y la supuesta manipulación de la acción
En la misma se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y establece que, “en los casos de amortización de los instrumentos de capital en una resolución bancaria, no subsistirá responsabilidad alguna en relación con el importe del instrumento que haya sido amortizado”.
De momento toca esperar, pues la sentencia del TJUE no se espera hasta el 2022, ya que Luxemburgo suele tardar dos años en responder.
Asimismo, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 está tramitando actualmente las diligencias previas 42/2017, en las que se investigan, principalmente, entre otros hechos, la veracidad del folleto de la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente llevada a cabo por Banco Popular en 2016.
Y la supuesta manipulación en la cotización de la acción de Banco Popular hasta la resolución de la entidad, en junio de 2017. Pese a todo, el banco cántabro cree que las provisiones registradas “se estiman suficientes” para cubrir los riesgos asociados a las reclamaciones judiciales que están sustanciándose a día de hoy.
El Santander no negocia con los afectados
Desde Rua Abogados, despacho que acumula más de 6.000 reclamaciones de accionistas y bonistas del Popular contra el Santander, explican a Economía Digital que el banco no está llegando a acuerdos con los afectados.
Más bien al contrario y es que “recurren todo, las sentencias e instancias”. Así que los clientes siguen esperando y además saben que la espera será larga pues actualmente hay “cuello de botella” en los juzgados y muchos procedimientos “van a cuenta gotas”.
Sobretodo porque “en casi todos los despachos de España se lleva a cabo alguna reclamación contra el Popular”. Solo el suyo, presentó más de 3.000 demandas entre mayo y agosto de 2020, coincidiendo con el fin de plazo de los accionistas que acudieron al mercado secundario.
El despacho calcula que hasta 2026 no se resolverán todos los litigios del Popular
En el buffete destacan que solo “una minoría” de los más de 300.000 afectados aceptó “los famosos bonos fidelización” pues con ellos se perdía la posibilidad de denunciar.
Pero el Santander dice que el 15 de diciembre de 2017, que es cuando acababa el periodo de aceptación, las aceptación de la oferta ascendió a 7,6 millones de bonos por un importe de 764 millones de euros, lo que supone un 77,88% sobre el importe total de la oferta.
Teniendo en cuenta que ahora mismo el banco que preside Ana botín recurre todo, el despacho calcula que hasta 2026 no se resolverán todos los temas judiciales del Popular. Pese a ello llaman a la calma, “los bonistas y obligacionistas recuperarán el 100% de su inversión y los intereses”.
También si se declara la nulidad del contrato, pues así ha ocurrido con todas las sentencias que fallan a favor de la nulidad.
