La UE obliga a la minera Iberpotash a devolver 6M de ayudas públicas

El Tribunal General de la Unión Europea desestima el recurso de la minera Iberpotash sobre las ayudas públicas que recibió de España

La empresa minera Iberpotash ha perdido el recurso que presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea por la sentencia que le obliga a devolver 5,9 millones de euros de ayudas públicas.

Iberpotash explota las minas de potasa de la comarca catalana del Bages. Es una filial de la multinacional israelí ICL, el primer productor mundial de fertilizantes.

La empresa minera perderá definitivamente los cerca de seis millones de euros en ayudas públicas que obtuvo de la Generalitat y del Gobierno de España a raíz de la resolución que el Tribunal General de la UE dio a conocer este jueves.

Fuentes de Iberpotash precisaron que abonaron en su momento el mencionado importe, de manera que la resolución no tendrá consecuencias en la marcha de la empresa.

La resolución judicial aborda el importe de las fianzas medioambientales que impuso la Generalitat, que considera insuficientes, así como los costes del recubrimiento de la escombrera de Vilafruns. Esta última obra costó cerca de 8 millones de euros, que fueron abonados por la Generalitat.

Los tribunales multiplicaron la fianza por 12

Respecto a los importes, el Tribunal General de la UE indica que las fianzas medioambientales que finalmente se impusieron a la empresa minera resultaban insuficientes. En su momento, los tribunales españoles (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Tribunal Supremo) elevaron en 2016  la fianza inicial de 500.000 euros hasta cerca de los seis millones tan solo por lo que se refiere a la mina de Sallent (Barcelona). Sobre la de Súria (Barcelona), no hay ningún pronunciamiento judicial porque no se presentó denuncia.

La resolución del Tribunal general da la razón a la Comisión Europea que, en 2018, exigió al Gobierno de España que recuperase las ayudas públicas concedidas a Iberpotash. En un comunicado, las entidades locales y ecologistas que en el pasado pleitearon contra la minera consideran que el Tribunal general avala sus planteamientos al considerar insuficientes las fianzas impuestas. Estas entidades reclamaron que se elevaran a 100 millones de euros.

Los denunciantes indican que la resolución no tiene en cuenta dos “agravios” que, en su opinión, han generado un coste para los ciudadanos: las inversiones públicas en las potabilizadoras de agua de Abrera y Sant Joan Despí, que costaron 123 millones de euros, y el colector de salmueras, en el que la Generalitat invirtió otros 100 millones. Entienden que estas instalaciones para eliminar los residuos salinos del agua deberían correr a cargo de la empresa minera.

Recuerdan que el concurso para construir un nuevo colector de salmueras está paralizado por la falta de acuerdo sobre su financiación. Las actuales instalaciones sufren vertidos.