Valiente, número dos de la oficina antifraude
Fue presidenta de la CNMV, cargo del que dimitió tras verse salpicada por el 'caso Gescartera'
El Gobierno ha destituido a la cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que puso en marcha entre otras la investigación del del caso Gürtel o el caso Urdangarín. Los nuevos responsables son Santiago Menéndez, nuevo director, y Pilar Valiente, adjunta a la dirección.
La ONIF, órgano dependiente de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, se encarga de la investigación del fraude fiscal más especializado y del análisis del comportamiento en esta materia.
La carrera de Valiente, inspectora de Hacienda, vuelve a tomar impulso tras permanecer varios años trabajando en un discreto segundo plano dentro de la propia ONIF.
La nueva directora adjunta de este organismo fue presidenta de la CNMV y dimitió del cargo por el caso Gescartera, que provocó también la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, cuando Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda, ostentaba este mismo cargo en el Gobierno de Aznar.
En el Ministerio de Hacienda se considera a Valiente una persona de confianza del ministro bien conectada con varias de las familias del partido conservador.
Polémica previa a su llegada a la CNMV
Valiente alcanzó la presidencia de la Comisión de Valores, en el año 2000, en medio de la polémica. Valiente había dejado algunos meses antes la dirección de la Oficina Nacional de Inspección tras el escándalo derivado de la acusación que realizó el entrante Gobierno del PP de que el PSOE había concedido una amnistía fiscal por valor de 200.000 millones de pesetas (1.200 millones de euros) a «sus amiguetes» durante su Gobierno.
La acusación nunca prosperó y Valiente se vio involucrada junto a Jesús Bermejo, director de la Agencia Tributaria y Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, en un gran alboroto político. Tras el episodio, Valiente y Bermejo fueron en la Agencia Tributaria.
Poco después llegó a la cúpula de la CNMV, donde el caso Gescartera le estalló entre las manos. En septiembre de 2001 se vio obligada a dimitir tras un rosario de informaciones periodísticas desde que se descubrió el caso apuntaban a que funcionarios de la CNMV, entre ellos la propia Valiente, podrían haber ayudado a Antonio Camacho, el dueño de Gescartera, a sortear los mecanismos de control del organismo para evitar un fraude como el que se había producido.
Bajo su mandato, se inscribió a Gescartera como agencia de valores en el registro oficial, pese a incumplir los requisitos inicialmente exigidos.
La revelación que forzó su dimisión fue otra: en la agenda personal de Pilar Giménez-Reyna (presidenta de Gescartera y hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, aparecía una anotación que decía que Valiente había informado a los responsables de la agencia de la marcha de la inspección a la que estaban siendo sometidos.
