El gobernador del Banco de España, Pablo Fernández de Cos, y el presidente de BBVA, Carlos Torres. Foto: EFE/EN

El silencio de BBVA agota la paciencia del BCE

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El BCE teme que si se alarga el proceso acabe afectando a la gestión diaria y a la cotización bursátil de BBVA, un año después de que estallara el asunto

Jesús Martín

El gobernador del Banco de España, Pablo Fernández de Cos, y el presidente de BBVA, Carlos Torres. Foto: EFE/EN

Madrid, 15 de julio de 2019 (04:55 CET)

El paso por la Audiencia Nacional de varios ex-directivos de BBVA para declarar ante el juez Manuel García-Castellón durante estas dos últimas semanas no sólo no ha aclarado nada sobre los trabajos que el comisario José Manuel Villarejo realizó para la entidad durante la presidencia de Francisco González sino que ha enredado aún más la madeja de las dudas razonables. El caso saltó en el verano de 2018 y un año después nada se sabe de cuál era la relación contractual con el banco y quién o quiénes autorizaron los presuntos trabajos.

Hace casi seis meses, Carlos Torres anunció durante la presentación de los resultados correspondientes a 2018 que se había puesto en marcha un informe forensic sobre este caso, que estaría finalizado en el menor plazo de tiempo, estudio capitaneado por PwC, en colaboración con los bufetes Garrigues y Uría Menéndez. Pero tampoco se sabe nada de él.

La reputación del sector bancario español está muy mermada desde la crisis, por las malas prácticas de la mayoría de las cajas de ahorros, las cláusulas suelo, la emisión de preferentes o las hipotecas referidas al IRPH... Si a esto se suma el “caso Villarejo” en el BBVA y la demanda interpuesta por Andrea Orcel al Banco Santander, a nadie puede extrañar que el BCE y en particular Luis de Guindos, que tanto tuvo que defender el brillante futuro de la banca española tras la reorganización llevada a cabo desde 2012, estén al borde de un ataque de nervios.

Y por si fuera poco, a las puertas de un cambio de presidente en el supervisor europeo a la vuelta del verano, que sentará en Fráncfort a Christine Lagarde, una persona siempre muy crítica con la situación de la banca española durante la crisis, y que, además, tendrá que declarar por el caso Bankia el mes que viene.

El BCE presiona a BBVA

Al BCE no le basta con la remisión de hechos relevantes a la CNMV o a la SEC advirtiendo de los posibles riesgos económicos de la interposición de “procedimientos o acciones judiciales o regulatorias contra el banco que pudieran tener un impacto negativo”. Porque son demasiados los frentes que están abiertos en BBVA.

La opinión más generalizada es que el controlado silencio del banco ayuda a pensar en que son muchos los directivos que pueden estar salpicados en el caso Villarejo. Y el BCE, no hay que olvidarlo, tiene potestad para tomar medidas sobre sobre cualquier directivo de una entidad supervisada.

Nadie se atreve a creer que un director informático, de redes o de seguridad tenga los galones suficientes para contratar un servicio de espionaje en toda la regla para contrarrestar una posible OPA de Sacyr orquestada desde el Gobierno de Zapatero. Hay quienes están convencidos de que el caso puede acabar afectando a buena parte de la cúpula directiva, incluido el presidente, que ha dado a entender que su futuro está ligado al de Francisco González.  

La entidad, en defensa de la lentitud con la que se está llevando a cabo la investigación, manifiesta que, por el camino, el asunto se ha judicializado, y que esa situación entorpece la marcha de los trabajos. Esta táctica de “patada hacia adelante” está colmando la paciencia del Banco Central Europeo y, por extensión del Banco de España. Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, sabe que los importante es lo que la Justicia dictamine finalmente sobre el caso, pero pide rapidez al banco para que presente su informe.

En las últimas semanas, la institución monetaria europea ha “urgido a depurar responsabilidades” y “a aclarar cuanto antes” lo sucedido. Es consciente de que los bancos están muy expuestos a una perdida de confianza por parte de los clientes y de los inversores con inciertas consecuencias para la entidad.

BBVA: todos guardan silencio ante el caso Villarejo

Los primeros imputados en el caso han pasado ya por la Audiencia Nacional. Han sido directivos con responsabilidades actuales y otros que las tuvieron en el pasado. Los intentos del juez García -Castellón, titular del Juzgado central de Instrucción 6 de la AN y de los fiscales han terminado en un rotundo fracaso.

Por consejo de sus abogados, Julio Corrochano, ex-jefe de Seguridad del banco, al que Villarejo señala como la persona que autorizaba sus servicios, Inés Díaz Ochagavía, actual responsable de Seguridad del Banco, y Nazario Campo, también del departamento de Seguridad, se han acogido a su derecho a no declarar. Sólo a Corrochano se le ha impuesto una fianza de 300.000 euros, que tendrá que abonar antes del jueves próximo si quiere evitar la cárcel.

Tampoco Ángel Cano, consejero delegado de BBVA entre los años 2009 y 2015, ha dicho nada. Ni Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial. Todos aseguran que no saben de qué se les acusa ni qué pruebas hay contra ellos y por eso prefieren guardar silencio.

A Antonio Béjar, ex director general de la División Inmobiliaria, sólo se le sacó (y lo consiguió su abogado), que contrató a Cenyt para que vigilara el patrimonio de empresas morosas con el banco. Javier Malagón, ex-director de Finanza e Interventor General, fue por la misma línea y acotó más el contrato: conseguir que Martinsa afrontara la millonaria deuda que tenia con el BBVA.

El día a día del banco no parece verse afectado por el caso. El próximo día 31 presentará los resultados de la primera mitad del año. En Bolsa, el valor no termina de despegar. El viernes cedió un 0,66%, aunque en el acumulado del año se ha revalorizado un 8,82%, como el Ibex.

Desde que “estallara” el caso, hace un año, las acciones han perdido un 31% de su valor y cotizan por debjo de los 5 euros. Por si fuera poco, las cosas no terminan de remontar en Turquía, de donde obtiene un 10% del beneficio, tras la destitución del presidente del banco central. Y en México (43% de las ganancias anuales) sigue la tensión con el presidente de la república.

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