El Supremo inhabilita a Alfredo Sáenz, número dos del Santander, para ejercer de banquero

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El alto tribunal endurece una condena de la Audiencia de Barcelona que juzgaba unos hechos relativos al periodo en el que el ejecutivo era presidente de Banesto

Alfredo Sáenz

17 de enero de 2011 (09:58 CET)

Ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca. El Tribunal Supremo ha endurecido la condena contra Alfredo Sáenz, actual consejero delegado del Santander y ex presidente de Banesto, por delitos de estafa procesal y denuncia falsa, según publica El Mundo y cita Expansión.

El número 2 del Santander cometió estos delitos cuando era presidente de Banesto y fue condenado por la Audiencia de Barcelona hace un año. Se trata del llamado caso Olabarría. La condena se produjo por la presentación de una falsa denuncia contra los accionistas minoritarios de una sociedad que adeudaba 3,5 millones de euros al banco.

Condena más dura

Ahora, el Tribunal Supremo ha endurecido las penas tras la petición de la Fiscalía del Alto Tribunal y de la acusación particular de los cuatro empresarios afectados, contra los que Sáenz presentó, pese a conocer su inocencia, una querella por estafa y alzamiento de bienes.


De acuerdo con los datos del proceso, Sáenz habría iniciado en Banesto en 1994 una férrea política de recuperación de créditos con riesgo de impago. Entre estos créditos, uno correspondiente al grupo Harry Walker, valorado en 639,6 millones de pesetas. Desde el banco se convocó una reunión entre el director general de Banesto para Catalunya, el también condenado Miguel Ángel Calama y  accionistas minoritarios del grupo empresarial: Pedro Olabarría y los hermanos Luís e Ignacio Romero, en la que se les instó a que garantizaran los créditos, pero no accedieron. El banco puso una querella en la que afirmaba falsamente que los citados accionistas se habían comprometido a asumir los préstamos posibles insolvencias.

Después de presentar la querella y de que un juzgado de Barcelona ordenase la la detención de los acusados a los que se embarga por valor de 4,5 millones,  los empresarios fueron puestos en libertad y estos, a su vez denunciaron a Sáenz que es condenado a seis meses de prisión por la Audiencia de Barcelona y que ahora ha visto como se les condena a 8 meses de cárcel e inhabilitación.

En concreto, el Supremo ha añadido a la condena la pena de inhabilitación que la Audiencia de Barcelona no consideró en su primera sentencia.

(Seguirá ampliación)
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