El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá (i), y el economista Carlos Cuerpo Caballero,

La Airef marca el ritmo de reducción de deuda al Gobierno

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Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia, las comunidades con más riesgo de deuda

Economía Digital

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá (i), y el economista Carlos Cuerpo Caballero,

Barcelona, 16 de abril de 2019 (17:38 CET)

La deuda pública bajará hasta el 91% del producto interior bruto (PIB) en 2022, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En el informe Observatorio de deuda, el árbitro fiscal contempla que la deuda pública vaya decreciendo poco a poco durante los próximos años.

Aun así, se trata solo de previsiones, y la Airef calcula que que la probabilidad de que durante los próximos cuatro años no se reduzca la deuda es de un 25%, aproximadamente. 

El año pasado se cerró con una deuda pública del 97,2% del PIB, lo que significa 37 puntos más que el nivel que marca la legislación como referencia: un 60%. El déficit público alcanzó su máximo en 2014, pero el crecimiento del PIB durante los últimos años ha contribuido a la reducción de 14,8 puntos del ratio de deuda desde 2014. 

El informe de la Airef apunta a las comunidades autónomas como la principal debilidad sobre los riesgos regionales y locales, debido al elevado nivel de deuda, que en ocasiones dobla el nivel máximo que establece la ley, es decir, un 13% del PIB. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades en las que el riesgo es más alto: se necesitan más de 100 días de trabajo para pagar la deuda del gobierno regional. 

El caso del "shock macroeconómico" de Japón, en España

La Airef ha relacionado los resultados de su informe con el efecto de "shock macroeconómico" que se observó en Japón en los 90. Simulando el efecto de este shock en las condiciones de España, la deuda crecería a partir de 2035, superando el 125% del PIB 25 años más tarde, en 2050.

Esto estaría provocado por un empeoramiento de la edad de trabajar de la población y la ralentización del mercado laboral, y se materializaría en menor crecimiento económica y la contención de las presiones inflacionarias. Los intereses subirían y se deterioraría el saldo de la Seguridad Social.

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