La Generalitat reconoce que intermedió en las preferentes sin tener las competencias

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La Agència Catalana de Consum admite que emitió laudos sobre contratos de CatalunyaCaixa aunque la CNMV le advirtió de que no podía ejercer ese control financiero

Alfons Conesa, director de Consum | GENCAT

10 de febrero de 2014 (12:40 CET)

La Generalitat ha reconocido que actuó sin las competencias necesarias para mediar en los distintos casos de preferentes y otros productos híbridos distribuidos en Catalunya.

La Agència Catalana del Consum (ACC) emitió más de 11.000 laudos a favor de clientes de CatalunyaCaixa, aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) avisó por carta de que no tenía transferidas las competencias para ejercer ese control financiero. El gobierno autonómico respondió que sí diponía de competencias para investigar si se había vulnerado la ley de consumo.

Campaña de control y arbitraje

Con esa tesis, la ACC impulsó en 2012 una campaña de control de los servicios generales de las entidades financieras, que no se hacía desde 2004, y reivindicó el arbitraje. En el Parlament de Catalunya, el director de la agencia de consumo, Alfons Conesa, ha asegurado que “quien tenía las competencias [CNMV] no actuó con suficiente diligencia para evitar el problema” anteriormente.

Conesa también ha señalado que a finales de 2011 había sólo una reclamación por preferentes en manos de la ACC, que con los años sumaron más de 28.000. En opinión del responsable catalán de consumo, si se hubiera optado por recurrir al fiscal, el procedimiento a seguir ante la ausencia de competencias, “los afectados no habrían recuperado su dinero con celeridad porque no habría habido arbitraje”.

Inversiones por valor de 200 millones

La ACC ha emitido 11.415 laudos sobre híbridos de CatalunyaCaixa, todos a favor del cliente y por importe de casi 200 millones de euros. Tiene aceptados 11.600 procedimientos de arbitraje más, que siguen aumentado, ha repasado Conesa, que ha defendido el arbitraje como el instrumento “más fácil, más práctico y menos oneroso para que los clientes recuperen su dinero, porque la justicia es más cara, complicada y larga”.
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