Las propuestas de 29 economistas para salir de la crisis

27 de marzo de 2010 (11:25 CET)

Un total de 29 economistas han decidido presentar una serie de propuestas sobre las reformas estructurales que deberían figurar en la ley de Economía Sostenible presentada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Economistas de reconocido prestigio y sin filiación política conocida, como José García Montalvo, profesor de la UPF y colaborador de La Plaça; Luis Garicano, profesor de la London School of Economics; Germà Bel, profesor de la UB, o Ángel de la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económico del CSIC, entre otros, presentaron el viernes en la sede de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) el documento titulado La ley de Economía Sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas.

Estas propuestas se complementan, además, con el apoyo de estos expertos a la subida del IVA prevista para el próximo mes de julio. “Renunciar ahora a este compromiso supondría un desastre en términos de credibiluidad porque es uno de los pilares para cumplir el Plan de Estabilidad”, afirmó Jesús Fernández Villaverdse, profesor de la Universidad de Pensilvania y también autor del documento.

Las medidas contempladas en el documento de FEDEA persiguen la reducción de los gastos y la consolidación fiscal. Brevemente, estas son las propuestas de los 29 economistas han puesto sobre el papel:

Reformas del entorno económico
:

-Establecer una agencia de evaluación de políticas públicas independiente, que sea capaz de influir en el diseño de estas políticas públicas en su fase piloto .

- Aumentar el control parlamentario y reforzar la independencia de los organismos regulatorios respecto del gobierno.

-Dotar de independencia, tanto de los poderes políticos como de los supervisados, del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para garantizar la transparencia en los mercados financieros.

- Introducción de un programa de consolidación fiscal en el medio y largo plazo que asegure la solvencia de las administraciones públicas.

- Reducir la incidencia de sobrecostes en contratación pública, para lo que se propone la generalización de reglas de adjudicación de activos y licencias por mecanismos menos discrecionales, como la subasta. Creación de una agencia de contratación temporal.

- Agilizar la creación de nuevas empresas eliminando efectivamente la licencia previa de apertura y haciendo opcional la intervención notarial en la constitución de sociedades.

- Prestar más atención a la aportación de los proyectos a la productividad de la economía a la hora de seleccionar prioridades en los proyectos de infraestructuras.

- Mejora de la eficacia de la justicia conteniendo la demanda de trabajo dirigida al juez con los mismos criterios que deberán ser aplicados para contener y reducir el gasto público.

- Modernización de la administración pública modernizando sus sistemas de selección y de evaluación del rendimiento. Entre otras medidas, propone un incremento de los recursos que se dedican a la evaluación de los opositores.

- Copago, cambios organizativos y sistemas de medición y de gestión de la sanidad pública para garantizar su sostenibilidad.

- Conseguir una mayor adecuación entre la formación profesional ofrecida y las necesidades del sector privado y las empresas apostando por un modelo de formación profesional dual que combine de forma simultánea la enseñanza en la escuela con la experiencia laboral.

- Reorientar el gasto en educación hacia intervenciones tempranas de calidad para niños de familias desfavorecidas.

- Instaurar una política de inmigración activa que defina el número y el tipo de inmigrantes que necesita España por razones económicas.

- Aplicación de profundas reformas estructurales de carácter interno que mejoren la productividad de las empresas exportadoras.

Aumentar la transparencia de las empresas cotizadas, mejorando el nivel de información que estas proveen.

Reformas para la mejora del funcionamiento de los mercados:

- Introducción de un contrato único y la descentralización de la negociación colectiva.

- Reforma del mercado eléctrico español para alcanzar los objetivos que persigue el modelo energético sostenible de la LES.

- Flexibilizar el mercado de la vivienda e incrementar el peso del alquiler para así conseguir un ajuste más rápido entre oferta y demanda.

- Orientar la política del cambio climático más hacia la utilización de instrumentos de mercado que aporten una señal de precios para así fomentar una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.

- Centrar la acción pública en promover la competencia para que la cobertura geográfica de las nuevas tecnologías se traduzca en un mayor uso de internet a todos los niveles.

Reformas para el aumento de la capacidad innovadora de la economía:


- Introducción de evaluaciones independientes similares al Research Assessment Exercise que se realiza en el Reino Unido para que las universidades puedan convertirse en centros de investigación de excelencia y fomentando fusiones de universidades públicas e introduciendo mayor flexibilidad en las políticas de financiación.

- Permitir que los investigadores puedan crear empresas innovadoras.

- Apoyo decidido a aquellos centros de investigación que ya son competitivos, no sólo para que puedan seguir avanzando, sino también como mejor procedimiento para estimular al resto.

- Addquirir patentes en los mercados hacerlas de dominio público. Se debería transformar el ministerio de industria en el financiador de la transferencia tecnológica.

- Reconsiderar los costes y beneficios sociales de la lucha contra la “piratería”. Los costes son enormes y los beneficio minúsculos o negativo. Abandonar el apoyo estatal al monopolio intelectual y facilitar la reducción del copyright y la difusión en red de los productos.
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