Moody’s destripa las cuentas de Mas: la independencia dispararía «los costes de financiación»

Una independencia unilateral de Cataluña supondría «probable­mente, unos costos de financiación mucho más altos que los actuales». Quien así se expresa, en conversación con Economía Digital, es Collin Ellis, director de crédito de riesgo de la agencia de calificación Moody’s, y co-autor del estudio publicado esta semana Potencial impacto del regionalismo europeo en la solvencia, en que se analizan las consecuencias del posible surgimiento de nuevos estados en el viejo continente. Además del caso catalán, también se abordan el escocés, el vasco, el flamenco y el de la región italiana del Véneto.

Aunque, de momento, Cataluña, con una deuda pública que supera los 64.700 millones de euros, tiene cerrado el acceso a los mercados internacionales, y recibe para el gasto corriente asistencia financiera del Estado a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), un mecanismo muy criticado por el gobierno de Artur Mas en tanto que mantiene asfixiada a la Generalitat, Moody’s «no excluye la posibilidad de que [una Catalunya independiente gracias a la unilateralidad] pudiera tener accesos a los mercados de capitales».

Mayor control sobre las finanzas, pero más riesgos

En cualquier caso, ésta no sería la mejor opción, apunta Ellis, por las múltiples consecuencias que pudieran derivarse: «Es muy poco probable que una Cataluña independiente —aun con el acuerdo del gobierno central español para independizarse— heredase automáticamente la filiación a los tratados del Estado español soberano, incluyendo a los de la Unión Europea y la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria (UEM). En caso de ruptura unilateral, la probabilidad sería incluso menor».

No todo sería potencialmente negativo en caso de independencia a pesar de la existencia de un grado de incertidumbre difícil de calibrar en cualquier escenario, tanto el de acuerdo como el de no acuerdo: «La independencia daría a Cataluña un mayor control sobre sus propias políticas estructurales y económicas —dice Ellis—. Pero habría claramente costes y riesgos, derivados del hecho que Cataluña es una economía pequeña y menos diversificada que la del Estado soberano español. Pero en última instancia, la independencia no es sólo una cuestión económica.»

La rapidez de la desconexión

Sin entrar en los actuales problemas de parálisis que sufre la política catalana, lo que sí cuestiona el nuevo estudio de Moody’s —y lo hace en términos generales— es la rapidez de la desconexión, los famosos dieciocho meses de horizonte limitado para culminar el proceso que planean Junts pel Sí y la CUP: «La velocidad y la na­tu­ra­leza de la separación —en particular, la relación con el [Estado] so­berano anterior—, así como el grado de acceso a los mercados financieros también serían importantes consideraciones [a hacer]. El proceso práctico de la separación sería gradual y complejo, y es muy poco probable que las regiones pudieran obtener la in­de­pen­dencia sin asegurar un acuerdo formal con el gobierno central».

Implícitamente, los evaluadores, Collin Ellis y Benedicte Andries, destacan que uno de los grandes problemas de la desconexión unilateral sería la imposibilidad de recaudar taxas. Así, el hipotético nuevo Estado «probablemente no sería capaz de acceder a los impuestos recaudados actualmente por el gobierno central hasta que no se alcanzara un acuerdo de este tipo».

Las consecuencias del enfrentamiento para satisfacer las necesidades de financiación inmediatas son evidentes: «De no llegarse a un pacto con el [Estado] soberano, ello tendría implicaciones negativas para el crédito». De ahí la afirmación inicial de Ellis relativa al aumento exponencial de los costes financieros.

Hacienda pública propia

Una de las cuestiones que se deben recordan es que el Parlament aprobó el pasado 9 de noviembre una declaración de inicio del proceso de independencia que, de acuerdo a su artículo quinto, «considera pertinente iniciar en el plazo máximo de treinta días la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública». Ésta última, pues, es clave para el nuevo estado. 

Por encima de las actuales consideraciones políticas, incertidumbre es la palabra clave. Incertidumbre política, aunque tanto para España como para Cataluña; incertidumbre que tiene su reflejo en la economía.

El impacto para España de una posible independencia de Cataluña depende del «tamaño y la composición de la economía de la región que se independiza», se lee en el estudio. Así, mucho menor sería en el caso del Reino Unido si Escocia, que representa el 8% del PIB, se independizara; o en el de Italia en relación con el Véneto, que sólo es el 9% de la economía de la república.

Cataluña, por el contrario, supone el 19% de la economía española, y una potencial independencia, y más sin acuerdo de ningún tipo, podría provocar un terremoto a ambos lados de las nuevas fronteras.

Una carga insoportable

En este sentido, «un elemento clave de cualquier evaluación del crédito y su evolución sería la división en la responsabilidad de la deuda existente». Mientras que los gobiernos existentes, y así hizo el Reino Unido antes del referéndum de independencia de Escocia de septiembre del año pasado, «puede garantizar todas las obligaciones de la deuda pública soberana para eliminar la incertidumbre de los mercados, de cualquier región que se independizase  se espera que asuma una parte proporcional de dichas obligaciones». De no hacerlo, «la carga de la deuda de los Estados soberanos [originales] aumentaría», lo que sería necesariamente negativo para el crédito y la futura solvencia.

¿Y cuál sería el impacto en Cataluña? En la conversación con Economía Digital, Collin Ellis se mantiene prudente: «Para poder evaluar correctamente la solvencia de una eventual Cataluña independiente, el resultado dependería de los acuerdos de transición y de financiación que se establecieran con el Estado español». Pero dadas las inexistentes relaciones actuales entre los gobiernos de Madrid y Barcelona, la posibilidad de que se establecieran estos pactos son, de momento, «poco claras».

Tan poco —siempre a juicio de Moody’s— como que Catalunya alcance la independencia, al menos a corto plazo. Ellis sostiene que «el gobierno central español ha expresado rotundamente su posición de que a Cataluña no se le permitiría ser independiente. Por otra parte, esta posición ha sido apoyada por las sentencias del Tribunal Constitucional. Sin cambios en estas posiciones, la pro­babilidad de la independencia es baja».

Todo pendiente de las elecciones del 20D

¿Cuál es el escenario más probable, pues? «Una mayor devolución de poderes al gobierno catalán. Sin embargo, no habrá negociaciones antes de las elecciones nacionales, que se llevan a cabo el 20 de diciembre», afirma. Que la alternativa más viable es ésta lo demuestra el hecho que para negociar las futuras condiciones del encaje —o incluso de un hipotético aunque ahora muy difícil referéndum—, Convergència Democràtica de Catalunya, para el 20D bajo la marca Democràcia i Llibertat, sitúa en las listas al Congreso a un ejército de bregados negociadores.

Y tras el posible pacto, tanto Moody’s como  los agentes financieros internacionales apuestan por una mejora del encaje económico entre Catalunya y España y la transferencia de más poderes de Madrid a Barcelona: «Esto no sería inusual. De hecho, es una de las consecuencias del referéndum escocés. Y, precisamente, qué nuevos poderes pudieran ser transferidos es cuestión para la negociación entre los dos poderes».

Bono basura y sin nuevo Govern

De momento, sin embargo, Cataluña permanece en punto muerto. Porque a pesar de la existencia de un parlamento en apariencia inequívo­camente independentista (72 diputados), paradójicamente carece de la fuerza suficiente para romper amarras con España; tampoco sin capacidad de maniobra para que los ganadores de las elecciones, Junts pel Sí, den un paso atrás y no asfixien o oxigenen el proceso.

El resultado es que casi dos meses de las elecciones, y aun a pesar de las últimas declaraciones de unos y otros, confiadas en que se alcanzará el acuerdo, el presidente en funciones, Artur Mas, aún no tiene la garantía de conseguir la investidura antes del 9 de enero, fecha límite antes de la convocatoria automática de unos nuevos comicios.

Moody’s continúa manteniendo la calificación de la deuda de la Generalitat en el estado basura (Ba2) al tiempo que recientemente rebajó la perspectiva de positiva a estable. A su vez, Fitch hundió a Cataluña en la calificación de basura —de BBB- a BB— a raíz de la declaración aprobada por el Parlament antes mencionada.