Una gestora andorrana fulmina las inversiones opacas de 400 españoles
Valora deja un 'pufo' de 25 millones de euros que prácticamente nadie se atreve a reclamar; la mayoría usó dinero negro para comprar los "arriesgados" productos que ofrecía la patrimonial
Entre 2000 y 2007, más de 400 inversores, cuyos nombres encriptados aparecen en la documentación que obra en poder del Tribunal de Corts andorrano (el equivalente a la Audiencia Nacional española), aportaron su capital para la adquisición de unos productos de riesgo denominados reserve-laverage que les ofrecía la patrimonial andorrana Valora.
El interés anunciado triplicaba la media del mercado y aunque era cierto que esas referencias presentaban un evidente riesgo financiero (fluctuaban al alza o a la baja respecto a la evolución de determinados e imprevisibles índices bursátiles), los inversores pusieron allí su capital seducidos por dos elementos fundamentales.
El primero, la opacidad de la operación ligada a la altísima rentabilidad prometida. Era el escenario idóneo, a principios de los 2000, para blanquear a través de canales financieros oficiales, dinero de inclasificable procedencia. Así consta en la querella que presentó en los juzgados de instrucción de Andorra (Batllia d’Andorrana) el propietario de la cuenta número 1289 de la sociedad Valora SA.
La clave de la trama
El segundo elemento de garantía para los inversores era el sello de calidad que ofrecía el banco español Fibanc. La entidad se hizo con el control total del accionariado de Valora a finales de 2004, según consta en los registros mercantiles.
Tal y como reitera la querella, durante aquellos años, Fibanc actuaba de brazo comercial en Cataluña de la gestora de patrimonios andorrana. Se encargaba de captar clientes (inversores) en reuniones que se celebraban de forma recurrente en las oficinas centrales del banco situadas en la avenida Diagonal de Barcelona. Fuentes de la entidad niegan esta práctica comercial y añaden que, en su momento, se querellaron contra el administrador de Valora.
El dinero aportado era recogido por el embudo del Fibanc y trasladado, a través de transacciones bancarias, a cuentas cifradas en Andorra. A mediados de 2007, la gestora de patrimonios saltó por los aires no pudiendo hacer frente al pago de los intereses acordados con los clientes. Dejó un agujero de 25 millones de euros.
Ese dinero correspondía a las inversiones de casi 400 ciudadanos de identidad, ahora, encriptada.
Los afectados: miedo a la verdad
Han transcurrido ocho años y el 95% de los estafados no se atreve a denunciar, a pesar de haber perdido una buena tajada (algunas aportaciones individuales superaron el millón de euros, según la documentación a la que ha accedido este diario).
Una de los clientes que invirtió sus ahorros en estos productos, prescritos por Fibanc –que presidía Carlos Tusquets–, ha decidido presentar una querella en los juzgados de instrucción de Andorra.
Reclama el dinero y los intereses que los directivos de Valora «le arrebataron», tal y como explica en la denuncia, con «torticeras excusas y promesas». La querella recoge, al detalle, las múltiples irregularidades que el Institut Nacional Andorrà de Finances detectó en 2007, cuando quebró Valora.
El juez del caso Palau, tiene la última palabra
Ahora la investigación ha recaído en la sala que preside el magistrado catalán José María Pijuan, quien, en su última etapa profesional en España, fue el segundo instructor del caso Palau.
Fuentes próximas a la investigación destacan que integrantes de los gobiernos de Jordi Pujol entre 1994 y 2000 aparecen en la lista de clientes. Paradójicamente, son estos «afectados» por la presunta estafa quienes esperan que el habitual escaso músculo de la justicia andorrana sea, esta vez, la regla y no la excepción.
