Alcoa ve 60 millones en jaque por el cerco judicial a Alu Ibérica

La multinacional calcula pérdidas adicionales de hasta 70 millones de dólares ante la "incertidumbre" por la causa judicial abierta contra las ventas de las plantas de A Coruña y Avilés a Parter y Grupo Industrial Riesgo

ARCHIVO- Concentración de trabajadores de Alu Ibérica A Coruña ante la planta de aluminio a para exigir «acciones concretas». EFE/ Cabalar

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Alcoa pone números a la factura millonaria a la que se enfrenta por el jaque judicial a Alu Ibérica. Tras sofocar la crisis en su factoría de aluminio de San Cibrao con un parón hasta 2024, la multinacional estadounidense tiene ahora en sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés sus principales quebraderos de cabeza en España.

Y es que según apunta la firma que preside Roy Harvey en la memoria anual que ha depositado ante la SEC estadounidense (el regulador bursátil) la guerra judicial por la venta de sus antiguas factorías en Galicia y Asturias podría dejarle una factura extra de 70 millones de dólares (unos 63 millones de euros al cambio actual).

«El rango estimado de las posibles pérdidas razonables va de 0 a 70 millones de dólares», subraya la compañía. Alcoa deja en el aire esta posible factura tanto por la incertidumbre que rodea a esta causa judicial como a las negociaciones que mantiene con otros actores implicados.

«En el mes de febrero de 2022, Alcoa y stakeholders (grupos de interés) relevantes iniciaron conversaciones para buscar una potencial resolución global de todas las materias pendientes que involucran a Alcoa por la venta anterior de las dos instalaciones, incluida una renuncia a todas las reclamaciones e investigaciones iniciadas previamente por solicitud de los empleados de las instalaciones. A la fecha de esta presentación, estas discusiones iniciales se encuentran en curso», detalla la compañía.

Alcoa defiende que actuó «de buena fe» con la venta a Parter

En paralelo, la compañía advierte que, llegado el caso, apelará ante el Tribunal Supremo por esta cuestión al entender que ha actuado «de buena fe, en completo cumplimiento de la ley y de todos los términos a los que se comprometió en el contrato de venta de las instalaciones de Avilés y A Coruña«, así como en los acuerdos que suscribió «con los representantes de los trabajadores de ambas instalaciones».

Alcoa trata, de esta manera, evitar que la factura por el cierre de estas dos plantas siga al alza. Tal y como recuerda la propia compañía en su última memoria anual, ya en 2019 cifró en 235 millones de dólares el coste de la reducción de la producción y posterior venta de las plantas de aluminio de Alu Ibérica.

Entre estas cantidades se encuentran las contribuciones por valor de 95 millones de dólares (unos 86 millones de euros) que Alcoa pactó en su momento con Parter para brindarle apoyo financiero tanto para cubrir gastos operativos como para el reinicio de las las series de electrólisis o la reindustrialización de la factoría.

Al cierre del mes de diciembre, Alcoa revela que había abonado un total de 78 millones por este concepto mientras que los 17 millones restantes se han revertido al entender que «había vencido el plazo» en el cual ambas plantas podían incurrir en «gastos de capital calificados».

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