Civis Global, constructora ‘salpicada’ por el caso Koldo, tumba a la Comisión Galega da Competencia en los juzgados
La sala de lo Contencioso del TSXG declara nula la resolución del ente fiscalizador, que en el año 2023 impuso una sanción a la compañía así como le prohibió realizar contrataciones durante seis meses con la administración pública en la provincia de Pontevedra por un proceso de licitación en la Plisan
Plataforma logística e industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan)
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Constructora gallega con sede en Vigo, el grupo Civis Global acaba de tumbar a la Comisión Galega da Competencia en los juzgados debido a una sanción impuesta por prácticas prohibidas en la concurrencia a una licitación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo de 2018. El pasado febrero, la Sala de lo Contencioso del TSXG resolvió en una sentencia declarar nula la resolución alcanzada por el ente fiscalizador en septiembre de 2023, por la cual le imponía una sanción a la compañía de más de 203.000 euros y la prohibición durante un periodo de seis meses para realizar “cualquier contrato de obras convocado por cualquier administración pública en el ámbito territorial de la provincia de Pontevedra”.
Frente a la sentencia, que deja sin efecto el veredicto de la Comisión Galega da Competencia cabe, era posible interponer un recurso de casación.
Licitación del Consorcio de la Zona Franca
Se trata de un procedimiento largo en el tiempo, ya que la licitación que desató la controversia se produjo en 2018, con epicentro en la plataforma logística de Salvaterra-As Neves, la Plisan. En julio de hace siete años, la Zona Franca de Vigo presentó una denuncia ante los organismos de defensa de la competencia por presuntas prácticas prohibidas por parte de varias de las empresas que se habían presentado a una licitación pública para urbanizar parte del polígono industrial, impulsado por el consorcio vigués, la Xunta y la Autoridad Portuaria de Vigo.
Según la denuncia, varias empresas se presentaron a una licitación convocada por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo mediante un procedimiento abierto con un presupuesto base de licitación de unos 10 millones de euros, sin IVA. Básicamente, lo que se determinó fue que “varias de las ofertas presentadas a esa licitación lo fueron por operadores formalmente distintos y que presentaban ofertas teóricamente independientes, pero que eran idénticas”.
Actuación coordinada
La demanda que inicialmente presentó la Zona Franca afectaba a tres de las 18 ofertas presentadas, las formuladas por Civis Global en solitario, además de OHL y Avan Integral en UTE, y de Indepo, Gévora Construcciones e Hidromiño también en unión temporal. La sanción puesta en marcha por el organismo gallego de Competencia también afectó a Unión Vantaxe, matriz de Civis Global, Avan, Indepo e Hidromiño.
La Comisión Galega da Competencia resolvió en 2023 que existió una actuación coordinada entre las empresas “de tal manera que no actuaron de forma autónoma e independiente en la referida licitación, lo que supuso una pérdida de la tensión competitiva que debe de presidir toda licitación pública”. Todas las empresas fueron sancionadas, pero las multas más abultadas fueron para Civis Global, con esos 203.000 euros, y para OHLA, con cerca de 923.000 euros. La cuantía de las penalizaciones fue dictada en consonancia con el volumen de ingresos de las compañías.
Errores en la resolución
Sin embargo, la sentencia del TSXG emitida recientemente entiende que la resolución de Competencia tiene fugas de agua, claves para atender el recurso presentado por Civis. “La resolución recurrida, si bien describe con profusión el mercado en el que mueven las empresas que concurren a la licitación, y también los indicios sobre la base de los cuales construye la imputación, insistiendo en la simultaneidad en la presentación de ofertas que son idénticas en lo técnico, sin embargo, no acierta al poner esas afirmaciones en las conclusiones en el contexto de interés, lo que hace que finalmente, a pesar del detalle, no llegue a describir, propiamente, y tampoco en los términos que exige la actual respuesta jurisprudencia para estos supuestos, una práctica colusoria de cártel”, expone.
La Sala indica en sus conclusiones que estima el recurso “vista la debilidad del razonamiento lógico final del órgano autor de la resolución recurrida a la hora de deducir que hubo una verdadera conducta antitrust”.
Rechaza vínculo con la ‘trama Koldo’
La constructora viguesa salva esta sanción en los juzgados unos meses después de que su nombre supuestamente apareciese en una declaración de Víctor Aldama vinculada al caso Koldo, extremo que la dirección del grupo empresarial siempre ha rechazado de plano. El pasado noviembre, El Confidencial apuntaba a que en esta declaración Aldama habló de una presunta comisión recibida por el socialista Santos Cerdán del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, como compensación a la adjudicación a Civis de una obra en Euskadi que, supuestamente debía llevarse otra empresa.
Fuentes de la compañía rechazaron en todo momento cualquier tipo de vinculación con la trama e indicaron, a su vez, que no habían realizado ninguna obra en el País Vasco. Según publicó Faro de Vigo, las mismas voces reconocieron que sí habían tenido reuniones con Koldo García, todas en la sede del antiguo Ministerio de Fomento, después de que el exasesor de Ábalos se hubiese puesto en contacto con ellos debido al éxito de una obra compleja en A Coruña.
La compañía rechazó taxativamente cualquier tipo de pago a la trama, indicando que en sus reuniones, el asesor nunca pidió dinero, sino simplemente información sobre obras, tras identificarse en todo momento como asesor del exministro.
