DIA: KPMG pone en duda su código de conducta corporativo

El auditor, ahora bajo la lupa de la justicia en el caso DIA, mantiene socios sancionados en 2014 y 2017

DIA: KPMG pone en duda su código de conducta corporativo

El papel de KPMG en DIA vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad de las auditoras en las grandes empresas. Tras escándalos como el de Deloitte en Bankia o el de Gowex con EY, el juez de la Audiencia Nacional que investiga las irregularidades de la compañía, Alejandro Abascal, quiere que saber si la auditora fue diligente en su trabajo durante la época de Ricardo Currás, imputado por supuestamente manipular las cuentas para poder cobrar su retribución variable, como consejero delegado.

De momento, la auditora no ha sido imputada, pero sí su socio Carlos García Peregrina, el directivo que supervisó a la cadena de supermercados. Se trata de un ejecutivo de peso de la firma en España, donde presta servicio desde 1990 y trabaja como responsable del sector de consumo e industria.

KPMG, no obstante, ha evitado de momento tomar cartas en el asunto pese a que su código de conducta pone en aprietos la continuidad de los implicados en este tipo de situaciones. En la documentación consultada se indica textualmente que está prohibido «tolerar comportamientos ilegales» por parte de clientes, proveedores o funcionarios públicos, al igual que tampoco «comportamientos que suelan considerarse faltos de ética».

Fuentes cercanas a KPMG inciden en que todavía es muy pronto para tomar una decisión al respecto sobre su polémico socio. Pero hay varios precedentes que invitan a pensar que no se depurarán responsabilidades sea cual sea el resultado tras el juicio.

KPMG mantiene a socios sancionados por el Ministerio de Economía

La compañía, de acuerdo a la información del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, mantiene hasta a tres socios distintos en su plantilla pese a haber sido sancionados durante los últimos seis años.

Se trata de sanciones por la vía administrativa que se confirmaron durante el 2017 y 2014 y no han tenido consecuencias  — los sancionados siguen en la firma con el mismo cargo — .

El caso más reciente fue el escándalo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 2017. El Ministerio de Economía, entonces dirigido por Luis de Guindos, multó a KPMG con 2,4 millones de euros por incumplir el principio de independencia en la auditoría de la ya desaparecida caja valenciana en el año 2010. 

Fuentes oficiales de KPMG señalaron en su momento que se trataba «de una sanción administrativa por aspectos formales de procedimiento». 

Investigación en DIA

El papel de KPMG en DIA es la última polémica sobre la relación de las auditoras con las grandes compañías. La justicia investiga al socio de la consultora por supervisar y firmar la auditoría de las cuentas de 2017 y 2018. La investigación trata de averiguar qué relación tenían exactamente el ex consejero delegado de DIA y KPMG durante los años previos al derrumbe de la cadena de supermercados, que llegó a perder el 80% de su valor en bolsa.

A su favor tiene el informe forensic de EY. El auditor actuó como independiente y, tras analizar al detalle qué ocurrió durante los últimos años en la compañía, solo culpó a Currás, a quien señaló de ocultar información de manera deliberada.

En contra, las sospechas de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y los querellados en la causa. El supervisor bursátil, comandado por Sebastián Albella, vio «indicios de disconformidad» en la actuación de KPMG porque no detectó ninguna práctica irregular.  

La otra voz que señala a KPMG es la plataforma de afectados de DIA. La asociación, dirigida por el despacho de abogados Gesico, ha convencido al juez para que solicite todos los correos entre Currás y la auditora. «La manipulación de las cuentas de DIA era bastante burda, KPMG podría haberla detectado», declaró hace unos días el abogado que representa a la plataforma.

La compañía sólo se ha pronunciado al respecto públicamente en una ocasión. Fue en enero cuando emitió un comunicado en el que se mostró dispuesto a «cooperar» con las autoridades judiciales. La compañía también afirmó estar convencido de haber actuado «apropiadamente» en el examen de las cuentas de la cadena de supermercados.