El estatuto eléctrico para salvar Alcoa cumple dos años en la nevera
Este diciembre se cumplen dos años desde que el Gobierno puso la maquinaria en marcha para aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointentivo
Este diciembre se cumplen dos años desde que el Gobierno central puso en marcha la maquinaria para aprobar un Estatuto del Consumidor Electrointensivo que había de servir para garantizar un precio energético estable para la gran industria. Pasado ese tiempo, la normativa, impulsada por el Ministerio de Industria en colaboración con el de Transición Energética sigue siendo una promesa. Aunque la ministra Reyes Maroto aseguró que el texto estaría listo este otoño, lo cierto es que aún no ha sido presentado. Las últimas declaraciones al respecto han sido las del secretario general de Industria, Raül Blanco, quien, en una comparecencia en el Congreso indicó que los Presupuestos Generales del Estado contienen partidas de más de 500 millones de euros dedicadas a impulsar la industria electrointensiva. De ese montante, 91 millones irán a parar al deseado estatuto eléctrico. La intención del Ejecutivo es que la norma puede ver pronto la luz, «una vez que se cierren los flecos con Bruselas y pase al Consejo de Estado». Sin embargo, hasta el momento, los plazos no se han cumplido.
A finales de octubre de 2018, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comunicó al Congreso de los Diputados la intención del Gobierno de elaborar un estatuto que había de ayudar a empresas como Alcoa a superar el periodo de transición energética. El anuncio llegaba unas semanas después de que la multinacional americana anunciase su decisión de vender las factorías que tenía en A Coruña y que Avilés, y que, finalmente, traspasó al fondo suizo Parter que, a su vez, vendió a grupo Industrial Riesgo (este proceso ha derivado en una demanda de Alcoa a Parter por incumplimiento de contrato).
Listo en seis meses
Posteriormente, el 7 de diciembre de 2018, salió a la luz el Real decreto-ley 20/2018 de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio de España. La norma, en su artículo 4, contemplaba la neesidad de poner en marcha la figura del consumidor electrointensivo y emitía «un mandato al Gobierno» para que «en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, elabore y apruebe un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación con su participación en el sistema y los mercados de electricidad». «La creación y regulación de la figura del consumidor electrointensivo permitirá dotar a estos consumidores de escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales», rezaba.
Pero los meses pasaron y el estatuto eléctrico no llegaba. Su complejidad legal y la sucesión de procesos electorales lastraron la salida a la luz del texto. Antes de las primeras elecciones tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la propia Maroto aseguraba que la voluntad del Ejecutivo socialista era la de sacar adelante el decreto antes de que acabase la legislatura, el 29 de abril de 2019. No obstante, el varapalo que sufrió por parte de Competencia, que deslizó la posibilidad de que las ayudas contempladas fueran consideradas por Europa como ilegales, hizo que los socialistas decidiesen esperar a la celebración de los comicios. Sin embargo, tampoco hubo suerte en los meses posteriores: con un Ejecutivo en funciones, los de Pedro Sánchez, de nuevo, demoraron la aprobación del Real Decreto, ya que sostenían que era necesario un Gobierno estable.
Listo en el primer Consejo de Ministros
La promesa del texto reapareció en la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2019. Maroto dijo entonces que el estatuto sería aprobado en el primer Consejo de Ministros que se celebrase tras la conformación del nuevo Gobierno. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se constituyó, pero el documento continuó en el limbo. Hubo que esperar hasta el mes de febrero de 2020 para que el texto volviese a salir a exposición pública. Tras recibir alegaciones por parte de empresas, sindicatos y Gobiernos autonómicos como el de la Xunta, Asturias y Cantabria, la pretensión del Ejecutivo era el de aprobarlo por trámite urgente, de forma que estaría listo para el mes de marzo, antes de las elecciones autonómicas a la Xunta de Galicia, que estaban marcadas para abril.
Pero la pandemia del coronavirus entró en escena, frenando tanto los comicios electorales, que finalmente se celebraron en julio, como el estatuto que, por ahora, continúa siendo una promesa.
A expensas de los cambios que finalmente se introduzcan, el estatuto eléctrico se sostiene sobre tres patas. Primero, bonificaciones de hasta un 85% en los cargos de las facturas de consumo de hasta 600 industrias españolas por valor de más de 90 millones de euros. Segundo, compensaciones por costes de emisión de C02, que en 2019 llegaron a los 172 millones y que, se estima, se elevarán hasta el máximo que permita Europa. Y, tercero, un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés). El Ejecutivo dará garantía a estos acuerdos bilaterales a través de un fondo para tal fin gestionado la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). En este caso ya se han producido avances, ya que en junio, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei), dotado con 600 millones durante tres años.
Dos años después de que se comenzase a hablar del estatuto eléctrico, este sigue siendo una promesa. Aunque los sindicatos creen que pronto verá la luz, fuentes del Gobierno gallego indican que, de momento, no han recibido ningún avance al respecto del Ejecutivo central. Su puesta en marcha es esperada por la gran industria, que atraviesa un momento especialmente delicado. En la comunidad gallega, la dueña de Celsa Atlantic ha solicitado al fondo de rescate de la SEPI por 350 millones de euros, mientras que Ferroglobe, la matriz de Ferroatlántica, ya ha adelantado en una presentación de resultados, su intención de recurrir a los créditos ICO estatales. También Xeal, dueña de las factorías de Cee y Dumbría, ha activado un ERTE.
Curiosamente, si bien este Estatuto se creó en buena medida pensando en la situación de Alcoa, la compañía americana reiteró esta misma semana, en el juicio que acogió la Sala de lo Social del TSXG, que la producción de aluminio primario no era viable en España, con o sin norma en vigor. Algo, no obstante, que no creen ni sindicatos ni administración pública, que sostienen que la intención de los americanos nunca fue la de negociar una salida para la planta de A Mariña, sino paralizarla.
