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El expresidente de Cepsa, en busca y captura por blanqueo con el dinero de la venta de la Torre Foster a Amancio Ortega
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señala que la venta le reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros y que a través de sociedades instrumentales procedió al blanqueo de los capitales y a la evasión fiscal de dichas ganancias
Abdulla Khadem Buti Al Qubasi y la Torre Foster
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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado orden de busca y captura nacional de Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, ex presidente de Cepsa, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. En concreto, el auto judicial señala que Al Qubaisi llegó a blanquear 100 millones de euros y no pagó a la Agencia Tributaria con la venta de la llamada Torre Foster a Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.
El expresidente de la petrolera compró el edificio a Bankia cuando ya había sido nacionalizada y se lo vendió a Pontegadea por 490 millones. La operación reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones. Ni Bankinter y ni Pontegadea se han visto salpicadas por el caso ya que el juez considera que los fondos utilizados son “de origen lícito”
El juez Calama plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a las sociedades Muscari, vinculadas a Al Qubaisi, así como de una serie de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de cuadros incautados por el juzgado.
Igualmente, el instructor solicita informe al Ministerio Público sobre la posibilidad de emitir órdenes europeas e internacionales de detención para este investigado, informó la Audiencia Nacional.
El juez así acuerda la busca y captura nacional de Al Qubaisi y del presunto testaferro Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi, toda vez que la colaboración de las autoridades judiciales de Emiratos Árabes «ha brillado por su ausencia», pese a haber hecho, destaca, todo lo posible para recabar su colaboración. «Lo cierto es que nos hemos encontrado con un muro de silencio», advierte.
En cuanto a la emisión de órdenes europeas e internacionales de busca y captura, el magistrado señala que, con carácter previo, debe recabar informe de la Fiscalía.
En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda asimismo el sobreseimiento provisional de la causa para tres investigados y para las sociedades Muscari Properti BV y Muscari Development BV sucursal en España por cuanto ambas mercantiles carecen de la estructura interna necesaria compleja como para dotarlas de relevancia propia y porque fueron creadas de manera instrumental para la comisión de los delitos.
Delito de blanqueo de capitales
El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro describe el proceso de compraventa de la Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa, en 2016, que le reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros, y la operativa creada por este a través de sociedades instrumentales con objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como a la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con dichos ilícitos capitales.
Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima para la opción de compra, acompañada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.
Asimismo, el juez señala que también serían constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública puesto que como titular real aparece como beneficiario de las ganancias materializadas tres años después y que alcanzan, aproximadamente, la cantidad de 100.000.00 euros.
«Las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, procedentes de los fondos con origen lícito y objeto de blanqueo de capitales, no fueron sometidas a tributación efectiva en nuestro país. Por tanto, estos hechos podrían ser constitutivos, asimismo, de un delito contra la Hacienda Pública, (…) correspondiente al año 2016, e imputable a Khadem Al Qubaisi», añade.
El instructor señala así que Al Qubaisi creó y utilizó sociedades instrumentales ‘ad hoc’ para el blanqueo de capitales obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país, y eludió las obligaciones fiscales derivadas de la obtención de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos.
De esta manera, subraya que «mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. «De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirigía la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo único fin es colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito», añade.
