García Martín, imputado por estafa, da la cara: “Nos deben dinero ellos a nosotros”

“Hace 20 años que estuve en la cárcel pero en este país sigues con el estigma”, dice el empresario que intentó comprar Sanbrandán, El Correo Gallego e Isidro de la Cal

El empresario Carlos García Martín y su socio, Carlos Orozco / EDG

El empresario Carlos García Martín y su socio, Carlos Orozco / EDG

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El empresario Carlos García Martín y su socio, Carlos Orozco, han decidido dar la cara tras su detención e imputación por un presunto delito de estafa a dos empresarios lucenses. La investigación, que trascendió hace dos semanas avanzada, tenía como origen la comercialización de un nebulizador para desinfectar espacios del Covid-19. Este último episodio fue el detonante para que García Martín decidiera dar su versión de los hechos, no solo respecto a su proyecto vinculado a la pandemia por coronavirus, sino también de los intentos de compra de emblemáticas empresas gallegas como Ipasa (hornos Sanbrandán), El Correo Gallego o Isidro de la Cal, sin que ninguna de ellas llegara a buen puerto.

Hemos hecho operaciones que no han trascendido, comprado y vendido empresas en un día sin que nadie más que Hacienda se enterara, pero en estas sí que os habéis enterado porque ha habido problemas”, ha defendido García Martín, que justificó su aparición para dar explicaciones, en algunos casos, años después de que trascendieran las operaciones, para defender su imagen y honorabilidad como empresarios y porque las informaciones publicadas estaban afectando a su vida personal y profesional.

Al empresario no le duelen prendas en decir que firmó una opción de compra con Ipasa porque conocía el interés de Europastry por hacerse con la empresa y tenía el objetivo de vendérsela a la empresa catalana, dueña de Ingapán, para obtener una plusvalía. “Son negocios, algunos le llaman especular, en cualquier caso negocios legítimos”, apuntó.

Carlos García Martín y Carlos Orozco dieron explicaciones sobre las operaciones de compra de Sanbrandán, Isidro de la Cal y El Correo Gallego

El empresario estuvo inhabilitado y pasó por prisión “hace 20 años”, según recordó, lamentando que algunos decidan juzgarlo por su pasado. “He saldado mi deuda con la sociedad hace casi 20 años, pero en este país todavía continúa el estigma. Incluso empresas que me iban a contratar lo descartaron por temor a que pudiera ser perjudicial para su imagen”, añadió.

«Estoy esperando el sobreseimiento para denunciar yo»

Respecto a su última imputación, García Martín explicó con detalle el proyecto para desinfectar del Covid oficinas y tiendas. Adquirió a un laboratorio italiano el nebulizador para su comercialización en España y mantenía negociaciones «avanzadas» con Carrefour para instalarlo en su red europea de supermercados. Aunque la cadena francesa acabó frenando la operación por dudas respecto a la imagen que daría un arco pulverizador en sus centros, por el camino se cruzaron dos empresarios lucenses, Santiago Mesías y Diego Rois, a la postre, los denunciantes que provocaron la detención de García Martín y su socio.

Estos empresarios ofrecían, siempre según la versión de los denunciados, acceso a grandes clientes como Mercadona, El Corte Inglés, Merlin Properties, Realia o Thyssen, entre otros. Firmaron un contrato de declaración de intenciones en el que se comprometían a conformar una sociedad conjunta para la comercialización del desinfectante a cambio de 100.000 euros, la mitad para García Martín y Carlos Orozco y la otra mitad para el capital social de la nueva empresa.

Según los empresarios, solo pusieron 60.000, que utilizaron para comprar una empresa en Portugal y contratar a una asesoría lusa y poner en marcha el negocio. “Gastamos 20.000 euros de nuestra parte. Son ellos los que nos deben dinero”, zanjó el empresario coruñés.

Sin embargo, sus potenciales socios dijeron que el nebulizador no se podía comercializar y los llevaron a los tribunales, lo que provocó su detención e imputación por un presunto delito de estafa. García Martín y Carlos Orozco mostraron ante los medios documentos que, según afirman, prueban que el producto sí que está en regla y apto para su comercialización: una declaración jurada del laboratorio fabricante, un certificado de la UE de que se puede comercializar y la solicitud de autorización ante el Ministerio de Sanidad español.

Al ver esta documentación y los correos electrónicos la jueza decretó nuestra libertad”, señaló. “Estoy deseando el sobreseimiento del caso para denunciar yo”, remachó García Martín.

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