La mina de Doade cumple cuatro meses de judicialización tras ser declarada estratégica por Bruselas
El Tribunal de Justicia Europea (TJUE) tiene como único asunto pendiente de resolver el recurso presentado por Ecologistas en Acción en el cual reclama la anulación de la resolución con la que Bruselas considera estratégico este proyecto promovido por Samca
Proyecto para la mina de litio de Doade en Beariz (Ourense) / Samca
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La consideración de la mina de Doade como proyecto estratégico sigue en la mesa del Tribunal de Justicia Europea. El TJUE analiza desde hace cuatro meses esta causa iniciada por Ecologistas en Acción, que pide la anulación de este espaldarazo que la Comisión Europea dio en su día a este yacimiento y a otros cinco en España (Las Navas, Almoharín, Aguablanca, Las Cruces y El Moto).
Según la agencia Europa Press, el de la mina de Doade (promovida por Samca a través de Recursos Naturales de Galicia) es el único asunto que se encuentra pendiente de resolver por parte del TJUE. El tribunal ha resuelto recientemente otro recurso presentado por ClientEarth, que se inició debido a que la Comisión Europea «no respondió» a una solicitud de acceso de documentación, que en primer lugar se realizó por la vía administrativa. «Durante el procedimiento, la Comisión nos envió una respuesta, por lo que el objeto de la reclamación dejó de existir», ha señalado la ONG en declaraciones a Europa Press.
Dado que su queja versaba sobre «la falta de respuesta» de la Comisión y esta «finalmente se produjo», el asunto quedó archivado en el registro del TJUE, pero esta ONG no había recurrido como tal el estatus de proyecto estratégico concedido a la mina de Doade, como erróneamente informó Europa Press el pasado viernes.
«El caso retirado no trata sobre el contenido de la respuesta de la Comisión; se trató esencialmente de un paso formal que dimos para conseguir dicha respuesta», matiza esta ONG, que sí ha abierto otra causa basada en esta, pero que en esta ocasión solo involucra a la Mina do Barroso, en Portugal. Además, ClientEarth ha aclarado que, en estos momentos, no tiene ninguna otra abierta que implique a Mina Doade.
Ofensiva de Ecologistas en Acción
Por su parte, Ecologistas en Acción sí ha cuestionado la selección de este y otros como proyectos estratégicos, utilizando la vía administrativa en primer lugar. «El problema es que la Comisión Europea, incluso a los propios eurodiputados, no facilitó información», ha indicado el portavoz de la entidad en Galicia, Cristóbal López.
En este sentido, la organización recuerda que, aunque no es el caso de la de Beariz, otras minas han estado en funcionamiento y alguna cuenta con «graves antecedentes de ilegalidad ambiental». El procedimiento utilizado primeramente fue el de petición de revisión interna, usado también por otras entidades europeas en relación a los proyectos seleccionados en sus países. «Nos laminaron a nosotros y a todas las [entidades] que iban con nosotros», ha valorado López.
Una vez agotó todas las posibilidades por la vía administrativa, la organización presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TJUE en febrero de este año. Este pide anular la decisión de la Comisión que desestimó la solicitud de revisión interna de la selección de estos proyectos y, al mismo tiempo, directamente anular su catalogación como estratégicos.
En su exposición de motivos, la entidad ecologista invoca dos. Por una parte, critica que «condicione» el análisis de sostenibilidad de los proyectos a las evaluaciones de los Estados miembros donde se planean los mismos. Lo considera «un error manifiesto de derecho al reducir la ‘evaluación general’ exigida» a «una mera revisión superficial de las solicitudes».
A juicio de Ecologistas en Acción, esta situación «desvirtúa» el propósito del procedimiento de evaluación y «contradice» la jurisprudencia del propio TJUE, la cual obliga a la Comisión a considerar «todos los elementos pertinentes y disponibles» y a basar sus decisiones en pruebas «exactas, fiables, completas y suficientes».
En paralelo, desde la organización culpan a la Comisión de cometer otro error basado en «restringir el derecho a una decisión motivada únicamente a los destinatarios formales (los promotores de los proyectos), excluyendo al público interesado».
«Este planteamiento infringe el carácter universal del derecho a una buena administración, a la naturaleza pública de un acto publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y el interés legítimo amplio para el público, especialmente las ONG, en actos ambientales reconocidos en Convenio de Aarhus y en el Derecho ambiental de la Unión Europea«, defiende el texto del recurso interpuesto.
