Stellantis reserva 17 millones para pagar indemnizaciones a los clientes por el cártel de coches
El grupo abonó en 2023 una sanción de 53 millones que impuso Competencia a PSA y a Opel. Desde entonces, casi ha triplicado las provisiones para hacer frente a las demandas de los afectados por los intercambios de información entre fabricantes de vehículos
Cadena de montaje de la fábrica de Stellantis en Vigo / Stellantis
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Stellantis España ha cerrado el pasado ejercicio con 156 millones de beneficio, una caída del 80% respecto a 2024 derivada fundamentalmente de los deterioros por valor de 23,2 millones de su filial argentina; el impacto negativo del resultado financiero, que el ejercicio anterior sumó 274,4 millones al resultado; y la caída de producción por «el descenso de la demanda de los principales mercados en Europa», incluyendo la difícil absorción que arrastra el vehículo eléctrico. Son todos males conocidos para la filial española en un año singular para el grupo. La etapa de Antonio Filosa se inició con la puesta en marcha de una nueva estrategia que conllevó la asunción de 25.000 millones en cargos y, a consecuencia de estos, unas pérdidas históricas para la compañía.
La nueva melodía que toca Filosa cambiará el baile también en España, donde ya se están dando nuevos pasos, como la alianza estratégica con Leapmotor en Madrid y Figueruelas, mientras se intenta cerrar los asuntos pendientes. Uno de ellos es la cascada de demandas derivadas del cártel de coches, la concertación de precios entre fabricantes y distribuidoras de vehículos con efectos tanto en la comercialización como en la prestación de servicios postventa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en el año 2025 a 21 empresas que controlaban, según sus estimaciones, el 91% del mercado con 171 millones en multas. Junto a Stellantis, que heredó también la sanción a Opel (General Motors), fueron sancionadas grandes compañías como Nissan, Peugeot, Toyota, Honda, Ford, BMW, Mercedes o Hyundai.
La ratificación judicial del cártel abrió la puerta a las demandas de los clientes por el teórico sobreprecio que pagaron por la adquisición de vehículos. A causa de la reclamación de estas indemnizaciones Stellantis fue dotando provisiones a medida que avanzaban las causas judiciales. Empezó por algo menos de cuatro millones y a cierre del año pasado superaban ya los 17 millones.
La multa y las provisiones
Según explica Stellantis España en su memoria de ejercicio, consultada por este medio a través de la plataforma einforma, «desde mediados de 2022 la sociedad está recibiendo numerosas reclamaciones judiciales y extrajudiciales de clientes supuestamente afectados, reclamando indemnizaciones por daños y perjuicios en la compra de vehículos desde 2006 hasta 2013 —el periodo de actividad del cártel sancionado–, que en el caso de las primeras se están sustanciado en procedimientos judiciales, obteniéndose hasta la fecha sentencias en su mayor parte total o parcialmente favorables, aunque no permiten confirmar una tendencia futura».
Ante este escenario, la compañía ha dotado una provisión de 17,2 millones «para cubrir las condenas a las que la sociedad tuviera que hacer frente en relación con las reclamaciones judiciales presentadas». Esta dotación supera los 13,7 millones de cierre de 2024 e incorpora también los intereses de demora que habría de abonar en caso de resoluciones desfavorables.
La filial española ya pagó las multas que le impuso Competencia en el año 2023, cuando desembolsó 53,3 millones para responder a las sanciones. Estas se repartieron entre la desaparecida Automóviles Citroën España, con 14,7 millones; Peugeot España, con 15,7 millones; y General Motors España, con 22,8 millones.
Competencia consideró probado que habían participado en un «intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las empresas sancionadas mediante su red de distribución y postventa: venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales».
La batalla fiscal
Además de los fondos reservados por el cartel de coches, Stellantis España tiene una provisión de 110,8 millones por riesgos fiscales. En este caso, las controversias con la Agencia Tributaria están relacionadas con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2011 a 2018 (52,3 millones por el tributo y 15,1 millones por intereses de demora); y otros 42 millones de este mismo impuesto en los ejercicios 2016 a 2018, que deriva de la reversión del deterioro fiscalmente deducible de una participación en una empresa del grupo.
Aunque parecen cuantías elevadas, no son cifras especialmente llamativas en la trayectoria del fabricante. De hecho, en 2024 la dotación de provisiones por cuestiones fiscales era superior, de 132,6 millones. El año pasado Stellantis pagó parte de las liquidaciones mediante el procedimiento amistoso que abrió con Hacienda sobre la deducibilidad de los royalties intragrupo y del margen de distribución, lo que explica este descenso.
