Turno para la crisis de As Pontes: el Gobierno se sentará con Endesa
Valentín González Formoso desvela que el Ministerio de Transición Ecológica se reunirá con miembros de Endesa para buscar soluciones de futuro a la central
Al Gobierno en funciones se le acumulan los frentes. Mes y medio después de sellar la venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés al fondo Parter y a la espera del estatuto para la industria electrointensiva, el Ejecutivo central volverá a sentarse en una mesa negociadora con otra empresa que cuenta con intereses en Galicia: Endesa.
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Así lo ha asegurado este mediodía el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, que ha desvelado que el Ministerio para la Transición Ecológica se ha comprometido a reunirse con Endesa para abordar el futuro de la central térmica de As Pontes.
Según González Formoso, la mesa tendrá lugar «antes de que termine el presente mes de septiembre» y en ella se sentarán representantes de la compañía, el Gobierno central, el comité de empresa y el Ayuntamiento de As Pontes, así como el grupo de trabajo que se ha creado para abordar el futuro de la planta.
«Conoceremos qué es lo que necesita la central térmica, de boca de su propietaria, para reactivar su actividad, y sabremos a dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para que esto sea posible«, ha apuntado el regidor, que ha estado acompañado en Madrid por sus homólogos en los municipios de A Capela, As Pontes, Narón, San Sadurniño, Vilalba y Xermade. Todos ellos han solicitado al Ministerio que lleve a cabo «gestiones con la propia Endesa» para que «no haya despidos de auxiliares, que tenga paciencia, hasta que esto se reactive, ya que se lo debe a este colectivo, a este pueblo y a las comarcas»
La Xunta pide “transparencia”
Las palabras de González Formoso llegan horas después de que el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reclamase «transparencia» al Gobierno central respecto al futuro de la central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña).
Conde ha acusado al Gobierno de Sánchez de haber “dado la espalda» a las 750 familias que dependen de la planta y de «penalizar» a las empresas que realizaron inversiones para adecuar sus instalaciones a la directiva de emisiones industriales, como la fábrica de la localidad coruñesa. Según el conselleiro, la crisis en la central obedece a razones “políticas” más allá del alza en los derechos de emisión de CO2 y recordó que otros países europeos han apostado por iniciativas como «la eliminación del céntimo verde o pagos por compensación de capacidad».
