El Supremo mantiene el ‘secreto’ y rechaza obligar al Gobierno a difundir el expediente de Bruselas por la AP-9

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Continúa el secreto sobre el expediente abierto por Bruselas a la prórroga de la AP-9. Un auto de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo desestima un recurso de la asociación de transportistas Apetamcor que pretendía tener acceso a dicho documento, en manos del Ministerio de Transportes. Esta no es la única entidad que ha tratado, de momento sin éxito, de conocer el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea en relación con la explotación de la Autopista del Atlántico. También lo ha solicitado en varias ocasiones la propia Xunta de Galicia, que a finales del pasado febrero indicó que acudiría a los juzgados ante la negativa del Gobierno central a facilitarle esa información.

El verano pasado, la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera presentó ante el Consejo de Ministros una solicitud de revisión de oficio para declarar la nulidad de las prórrogas de concesión de la AP-9 otorgadas en 1994 por el Gobierno de Felipe González y, posteriormente, en el año 2000, por el Ejecutivo de José María Aznar.

El recurso de Apetamcor se fundamentaba en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera nulas las ampliaciones de concesiones cuando se han realizado sin procesos de licitación abiertos ni publicaciones oficiales previas, tal y como ocurrió en el caso de la AP-9. Según defiende la asociación, estas actuaciones vulneraron los principios de competencia y transparencia de la UE.

No obstante, el Ejecutivo no admitió la revisión de oficio de solicitaba Apetamcor y en diciembre del año pasado, el Consejo de Ministros acordó no dar trámite a la petición. Ante la negativa, la asociación decidió acudir a la vía judicial e interponer un recurso contencioso-administrativo en la sala tercera del Tribunal Supremo.

El expediente de la Comisión Europea

Pues bien, para que el juicio pudiera comenzar formalmente, el Ministerio de Transportes debía enviar al Supremo todo el expediente administrativo relativo al caso de la prórroga, es decir, todos los documentos que justificaron su decisión. Pero Apetamcor advirtió que el Gobierno no había incluido el dictamen motivado de la Comisión Europea, el documento en el cual Bruselas cuestiona el procedimiento de prórroga seguido por España sin pasar por un concurso público.

Así, Apetamcor decidió utilizar un trámite denominado “solicitud de ampliación de expediente”, por el que pidió al Supremo formalmente que obligase a Transportes a facilitar el codiciado expediente europeo.

La letrada de la Administración de Justicia del tribunal denegó la petición mediante un decreto que, posteriormente fue recurrido, de nuevo, por Apetamcor, que buscaba forzar por vía judicial la entrega del documento europeo, al entender que es necesario para la redacción de su futura demanda.

Reclamación ante Bruselas

En el auto del pasado mayo consultado por Economía Digital Galicia, el Supremo sostiene que el expediente de la Comisión Europea pertenece a una investigación independiente y no forma parte los antecedentes que fundamental la decisión del Consejo de Ministros de no revisar las prórrogas del vial. Asegura el tribunal que la entidad ha escogido una vía que no es la correcta para reclamar el acceso a este expediente y que debería hacerlo directamente ante Bruselas acogiéndose a las normativas de derecho de acceso a la información.

Los abogados de Audasa se manifestaron en contra de la solicitud de Apetamcor, defendiendo que el Gobierno de España ya contestó en el plazo estipulado para hacerlo al dictamen de la Comisión Europea y que ahora las autoridades competentes analizan esas respuestas. La filial de Itínere argumenta que “mientras ese procedimiento permanezca abierto, la divulgación del dictamen no solo resultaría contraria al ordenamiento de la UE, sino que perjudicaría gravemente los intereses públicos encomendados al ministerio”. Tanto la compañía como el Abogado del Estado, que también se manifestó en contra del recurso, se remiten a la supuesta confidencialidad del proceso.

Demandas de la Xunta

Este auto será mirado con lupa por la Xunta de Galicia, que a finales del pasado febrero anunció su intención de recurrir ante la Audiencia Nacional la negativa del Gobierno central a facilitar información sobre el proceso abierto por Bruselas. En declaraciones a los medios, el presidente Alfonso Rueda recordó que la Comisión Europea advirtió a España que, en último caso y si no adoptaba las medidas adecuadas, podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En esta línea, el mandatario gallego preció que su Ejecutivo había pedido a Transportes de forma reiterada tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso, al entender que se trata de un asunto “de máximo interés para la comunidad”.