Audasa tiene más miedo a la guerra de Irán que a perder la AP-9: “El precio del combustible puede moderar el tráfico”

• La dueña de Audasa alcanza los 100 millones al año en compensaciones públicas, el 32% de sus ingresos
• La Xunta considera “un impuesto revolucionario” los peajes de la AP-9

Audasa, la dueña de la AP-9, la autopista gallega del Atlántico, teme que el conflicto en Oriente Medio y la subida que está provocando en el precio del combustible afecte a su negocio. De hecho, según el folleto recientemente publicado de una emisión de obligaciones a diez años por valor de 66,8 millones, esta posibilidad parece antojársele más plausible que una hipotética finalización de la concesión del vial lo que, asegura, le reportaría en todo caso una multimillonaria indemnización.

En el folleto lanzado al mercado recientemente para esa emisión de bonos, Audasa explica que “en el presente ejercicio, la evolución del entorno internacional se ve afectada por la intensificación del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel desde finales de febrero de 2026”. “Esta situación está generando incrementos en el precio del petróleo, lo que podría moderar el crecimiento del tráfico en la autopista por el encarecimiento del combustible”, expone. “Si bien hasta la fecha no se ha observado que estas variaciones hayan afectado al uso de la autopista, en caso de prolongarse esta situación de incremento de precios, el tráfico de la autopista podría verse afectado”, concede.

Comparación con la crisis del ladrillo

La compañía en manos de Itínere ve pausible una caída de tráficos por el encarecimiento de los combustibles y pone como ejemplo los retrocesos experimentados durante la crisis del ladrillo. “A modo ilustrativo, la crisis financiera de los años 2007-2008 derivada de la asunción de riesgos excesivos por parte de las instituciones financieras estadounidenses y que desató el colapso de la burbuja inmobiliaria, se contagió al sistema financiero internacional y, como consecuencia de ello, desembocó en una crisis económica a escala internacional, la cual tuvo su efecto negativo en los tráficos de las autopistas, entre ellas en Audasa.

Así, apunta a que en el año 2007, la IMD (Intensidad Media de Tráfico) de la autopista creció un 7,5% para, posteriormente y hasta 2014, cuando comenzó a recuperarse, caer un 1%, un 2%, otro 1%, un 6,5%, un 12,48% y un 6,43%, respectivamente.

“En caso de que la actividad de Audasa pudiera verse afectada de forma directa por riesgos de esta naturaleza, se llevaría a cabo un análisis exhaustivo de sus implicaciones en todas las áreas”, expone la compañía.

Sin noticias de Europa

Por otro lado, en el folleto, la compañía que explota la AP-9 insiste en que no tiene conocimiento de las actuaciones que desarrolla Europa con respecto a la revisión de su concesión ni la Comisión Europea se ha puesto en contacto con ella.

Fue el pasado julio cuando la Comisión Europea dio un ultimátum al Gobierno central para enmendar las irregularidades que, a su juicio, se produjeron en los procesos de prórroga de las concesiones de explotación de la AP-9 y la asturiana A-66, también del grupo Itínere. Según Bruselas, vulneraron reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas y si el asunto no se resolvía en el plazo de dos meses, los servicios comunitarios podían elevar el asunto al TJUE, el Tribunal de Justicia Europeo. La compañía asegura estar completamente al margen de ese proceso.“Conforme a las informaciones publicadas, España habría contestado en los dos meses siguientes a dicho dictamen manteniendo la regularidad y legalidad de lo actuado”, apunta. “Audasa no ha recibido ninguna notificación al respecto de las dos cartas de emplazamiento, ni es parte en el procedimiento que se pudiera desarrollar”, añade.

Insiste Audasa además en minimizar el riesgo de un hipotético rescate de la autopista por parte del Gobierno, una posibilidad que, en todo caso, siempre ha rechazado el ministro Óscar Puente. “El rescate de la concesión requerirá además, conforme a la legislación vigente, la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará al concesionario, en todo caso, una compensación”, expone, para recordar, como ha hecho en otras ocasiones que, ante cualquier modificación o extinción del contrato de concesión, tendría derecho a ser “debidamente compensada e indemnizada”, por una cantidad que, a su juicio, “sería significativamente superior al importe actual de su deuda”, que a finales de año pasada sobrepasaba los 1.052 millones.