El Gobierno responde ‘in extremis’ a Bruselas, pero no aclara sus pasos ante ultimátum por la AP-9
El Ejecutivo central ha movido ficha sobre la bocina ante el ultimatium de la Comisión Europea, pero sigue sin despejar la incógnita sobre la gratuidad o el rescate de la AP-9
Imagen de archivo del puente de Rande / Europa Press
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El Gobierno llega in extremis a a su cita con Bruselas a cuenta de la prórroga de la AP-9. El Ejecutivo central ha confirmado este miércoles que ha respondido sobre la bocina a la Comisión Europea, que considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública.
El Ejecutivo central ha movido ficha después de que la Comisión Europea le reclamase que enmendase las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no haberse resuelto en el plazo de dos meses (que expira este miércoles), los servicios comunitarios podrían elevar al TJUE.
El Ejecutivo central ha remitido esta mañana una respuesta «amplia» del último dictamen de Bruselas, «en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificada a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España». Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por no pronunciarse ni por rescatarla ni por abordar un nuevo plan de bonificaciones para convertirla en gratuita.
El Gobierno carga contra Aznar
«Esta fase no supone todavía el final del procedimiento. Analizaremos los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta», añaden desde el Ministerio en unas escuetas declaraciones enviadas a los medios de comunicación, donde no se recoge la respuesta enviada a Bruselas.
Además, el Gobierno ha aprovechado para volver a cargar contra el PP, insistiendo en que la prórroga de la concesión de la autopista hasta 20248 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar. «Le corresponde al PP explicar los motivos por los que tomó una decisión que este Gobierno no hubiera adoptado y que claramente es perjudicial para los derechos de los ciudadanos», apuntan.
«Aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria, desde el Ministerio se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común, como también hemos hecho en esta ocasión», han subrayado desde el Ejecutivo, destacando las bonificaciones de peajes puestas en marcha.
