La Xunta considera “un impuesto revolucionario” los peajes de la AP-9
BNG y PSdG critican en el Parlamento que el Gobierno gallego lamente que no se materialice la transferencia cuando los populares la "vetaron" en el Congreso y la prórroga más amplia de la concesión fue autorizada con José María Aznar de presidente del Ejecutivo central
Tramo de la AP-9 a su paso por el Puente de Rande / EFE
Comentarios
La directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, ha urgido mayor celeridad al Gobierno en el traspaso de competencias para “mejorar los servicios” que se prestan a los gallegos y ha puesto el foco en la negociación de dos que están sobre la mesa: aeródromos y helipuertos no considerados de interés general, y autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros. Pero ha ido más allá, al calificar de “impuesto revolucionario” los peajes de la Autopista del Atlántico.
En una comparecencia en la Comisión Institucional del Parlamento, que ha estado muy marcada por el debate sobre el decreto de regularización extraordinaria de migrantes estatal, Sandra Vázquez ha explicado que la Xunta quiere avanzar en los trabajos, que han dado pasos técnicos en las últimas semanas, para cerrar cuanto antes, este mismo año, estas transferencias y avanzar en competencias que ya tienen otras comunidades.
Debate sobre la inmigración
El diputado del BNG Iago Tabarés ha reprobado el enfoque de la Xunta sobre los migrantes y ha advertido de que «son más que mano de obra». «Son seres humanos, y en muchos casos tienen que venir aquí por culpa de sus guerras«, ha advertido el parlamentario nacionalista, quien ha recordado que Galicia «también fue un pueblo emigrante».
Por su parte, la diputada Patricia Iglesias ha afeado «tintes racistas y xenófobos» en las declaraciones del presidente gallego, Alfonso Rueda, sobre el decreto de regularización de migrantes, y desde una perspectiva más amplia le ha instado a abandonar «luchas estériles para bailar el agua a (Alberto Núñez) Feijóo» y se centre en negociar las transferencias de competencias a Galicia.
Sandra Vázquez ha replicado que la Xunta defiende «una emigración controlada, segura y eficaz, vinculada a la demanda de las empresas y con una integración sociolaboral en beneficio de la comunidad». Por ello, ha pedido «rigor” y ha insistido en que se busca priorizar los permisos de trabajo después de «meses de retraso».
El caso de la AP-9
También ha replicado a la oposición que «no se trata de solicitar transferencias sin límite, al kilo, sino de asumir lo que honestamente se puede hacer desde Galicia mejor que el Gobierno central». Como ejemplo, se ha referido al traspaso de la AP-9 y se ha quejado de un peaje que ha comparado con «un impuesto revolucionario» por una vía estratégica para la comunidad.
Tanto la representante del PSdeG como el nacionalista Iago Tabarés han sugerido que hay que tener «poca vergüenza» siendo una dirigente popular para aludir a «un impuesto revolucionario» de la AP-9 o lamentar que no se materialice la transferencia, cuando los populares la «vetaron» en el Congreso y la prórroga más amplia a la concesión fue autorizada con José María Aznar de presidente estatal.
«Se les acabó el comodín de la prórroga de Aznar, estamos con la prórroga de Sánchez«, ha replicado Vázquez, quien ha advertido que el proceso abierto por la Comisión Europea, que la ve ilegal, da ahora pie a que el actual Gobierno estatal actúe y rescate la concesión, pero no lo hace.
