• El BNG alienta la huelga general contra el Gobierno y carga contra su política de vivienda y laboral
• La Xunta ve un "fraude democrático" en la maniobra de Pedro Sánchez para aprobar los decretos de vivienda

En Lengua Española nos enseñaron que una sinécdoque consiste en tomar la parte por el todo. Tal vez lo recuerde usted, que lee estas primeras líneas de un artículo que presento en tres entregas.

El título, “La España de Pedro Sánchez”, es una sinécdoque porque ningún país se mimetiza en su gobierno y porque, en democracia, ningún presidente determina todo lo que ocurre en él. España es, además, un país ampliamente descentralizado, en el que comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos ejercen competencias decisivas sobre numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana. Hablar de la España de Pedro Sánchez resulta cómodo y comprensible, pero implica identificar a una parte —el poder central— con un todo mucho más complejo.

Responsabilidad compartida

En España, el éxito y el fracaso suelen atribuirse con facilidad a quien interese en cada caso, sin considerar que la evolución de una variable es normalmente consecuencia de un entorno diverso, así como de las políticas y decisiones de las distintas administraciones y los propios agentes sociales. Si se desea evaluar con seriedad la marcha del país, habrá que distinguir en primer lugar qué corresponde a cada nivel de gobierno y, después, reconocer tanto los méritos como las responsabilidades allí donde realmente se producen.

Son las autonomías las que ordenan el territorio y promueven la construcción de viviendas o la rehabilitación y movilización de los edificios desocupados; y son los municipios los que determinan la disponibilidad del suelo

España se organiza en tres grandes niveles de administración: Estado, comunidades autónomas y entidades locales. El reparto de competencias no siempre es exclusivo, pero sí permite identificar dónde recae el peso principal de muchas políticas públicas. Al Estado le corresponden la política económica general, la fiscalidad estatal, las pensiones, la legislación laboral, la defensa, las relaciones exteriores o la inmigración. Por su parte, las autonomías gestionan el grueso de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda o infraestructuras territoriales. Los ayuntamientos juegan un papel más acotado aunque trascendente en áreas como el urbanismo, la movilidad y la gestión del espacio público.

La vivienda supone un ejemplo elocuente de esta distribución de competencias. El debate público tiende a presentar su evolución como responsabilidad del Gobierno central, cuando buena parte de las facultades decisivas corresponden a las comunidades autónomas y, en materia urbanística, también a los ayuntamientos. Son las autonomías las que ordenan el territorio y promueven la construcción de viviendas o la rehabilitación y movilización de los edificios desocupados; y son los municipios los que determinan la disponibilidad del suelo. El Estado conserva, por su parte, resortes regulatorios, fiscales y financieros de indudable impacto. El resultado final, por tanto, depende de un engranaje multinivel y no debería explicarse señalando a un solo actor.

La actuación del Gobierno central

Aclarado lo anterior, sí existe un conjunto amplio de decisiones que corresponde atribuir directamente a los gobiernos presididos por Pedro Sánchez. Desde 2018, el Ejecutivo central ha desarrollado una política económica y social inclinada a reforzar las rentas del trabajo, ampliar la protección pública y reducir algunas de las desigualdades existentes. Uno de sus ejemplos más nítidos es el salario mínimo interprofesional. Cuando Sánchez llegó a la presidencia, en 2018, se situaba en 735,90 euros mensuales en catorce pagas; en 2026 alcanza los 1.221 euros, un incremento cercano al 66%. A ello se sumó la reforma laboral aprobada a finales de 2021 que modificó la contratación temporal, reforzó el contrato indefinido y recuperó determinados instrumentos de negociación colectiva. Son dos decisiones de calado sobre uno de los terrenos que corresponden inequívocamente al Estado: la legislación laboral.

Durante la pandemia, los ERTE permitieron suspender temporalmente millones de contratos y evitar así los despidos masivos

También pertenece al ámbito estatal la política de protección de rentas. Durante la pandemia, los ERTE permitieron suspender temporalmente millones de contratos y evitar así los despidos masivos. Además, se consolidó el Ingreso Mínimo Vital como prestación permanente para hogares con ingresos insuficientes. En materia de pensiones, se recuperó además su revalorización vinculada al IPC y se estableció una senda de mejora de las pensiones mínimas. En fiscalidad, los gobiernos de Sánchez han introducido algunos incrementos de tributación sobre patrimonios elevados y gravámenes específicos sobre determinados sectores.

La misma orientación puede apreciarse en otras políticas sociales. Se recuperó en 2018 el acceso al Sistema Nacional de Salud de personas extranjeras que habían quedado excluidas de la cobertura ordinaria; se amplió la exención del copago farmacéutico para colectivos vulnerables; se igualaron y ampliaron los permisos por nacimiento y cuidado de hijos; se aprobó la Ley de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia y se impulsó la creación de plazas públicas de educación infantil de cero a tres años. También se aprobaron la ley de eutanasia y la ley sobre derechos de personas trans y LGTBI.

En vivienda, aun siendo una competencia en buena medida autonómica como acabamos de señalar, el Gobierno central aprobó la Ley de Vivienda de 2023 y la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. Y en otros ámbitos adoptó medidas de impacto directo sobre la economía familiar, desde las sucesivas ampliaciones del bono social eléctrico, las subvenciones al transporte público y la eliminación de determinados peajes tras vencer la concesión de autopistas.

En política exterior debe reseñarse el reconocimiento del Estado palestino y la posición particularmente crítica mantenida frente a los continuos ataques de Israel en Gaza durante los últimos años. Ante las presiones de la Administración Trump, el Gobierno ha defendido su autonomía, tanto en política internacional como en materia de defensa. En términos más generales, España ha tratado de mantener una voz propia frente al giro político y económico que se ha extendido en buena parte del planeta y que cuestiona los pilares de la cooperación internacional de las décadas anteriores.

Esta enumeración de medidas no demuestra por sí sola que España esté mejor o peor que antes de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Para realizar una valoración justa, haremos lo que debe hacerse si queremos hablar sin partidismos ni prejuicios: acudir a datos contrastados. En la siguiente entrega veremos las principales cifras macroeconómicas, que nos clarificarán la evolución del país en su conjunto, y en la tercera y última, analizaremos los indicadores más significativos sobre el efecto de las políticas de estos años en los ciudadanos.
Dentro de unos días, veremos lo que nos dicen esos datos.

Que el mundo, en general, se nos volvió complejo lo vemos cada mañana cuando asaltamos el móvil con la inquietud de saber qué habrá pasado en la noche, con que nueva catástrofe, natural o provocada por el político de turno, se va a ver condicionada algo nuestra vida; y la de todos.

Pero, en el mundo empresarial, hay esperanzas que se sustancian en empresas que se mantienen, firmes y sólidas, ante los avatares del mercado. En concreto, en Galicia, tenemos una empresa que es capaz de innovar con setas y hongos; otra que con 150 profesionales está presente en más de 70 países; aquella capaz, a pesar de su condición de limitada, de invertir en I+D+i el 1% de su facturación o una que, siendo fundada hace más de 60 años, consigue pervivir dedicándose a las múltiples facetas de un único producto, el huevo. Todas ellas y algunas más, de carácter mediano, tienen un rasgo común: son empresas emergentes.

Pero, ¿qué consideramos como una empresa emergente?

Tomado prestado el concepto desde las denominadas como Ciencias de la Complejidad, la emergencia empresarial es una nueva propuesta definitoria (diferente de la europea que sólo se aplica a las startups altamente escalables) de una situación específica atribuible a empresas de mediano tamaño, con capacidades propias que les permitirían dar un salto tanto cuantitativo como también cualitativo y convertirse así en referentes a un nivel superior en su sector adquiriendo una mayor dimensión. Como condición interna, la Emergencia supone el sumatorio entre la (su)pervivencia y el crecimiento sano, la confluencia clásica entre el acto, hoy, y la potencia, mañana, aunque, eso sí, en una sintonía sinérgica con el entorno.

Caracterizamos a las empresa emergentes, entendidas dichas empresas como sistemas adaptativos de carácter complejo, como aquellas que, habiendo nacido con un propósito concreto, habitualmente fuera de los lugares donde el apoyo empresarial es más explícito, incluso en ámbitos como el rural, presentan unos rasgos de crecimiento y desarrollo, con inversiones reiteradas en innovación, y qué, sin perder su esencia durante el proceso de maduración, emergen, surgen y resurgen día a día tanto dentro como fuera del territorio con resultados muy superiores a lo que se podrían esperar por su dimensión y capacidades. De manera gráfica, cuando se las conoce, sugieren la expresión “¿Y esta empresa, como es posible? ¡Y aquí!”. Pues sí, lo es, y su enraizamiento en su propio entorno las hace organizativamente hablando todavía más resilientes.

Son flexibles a la vez que resistentes, gozando de un aumento controlado, rozando de manera continuada eso que la física de la Complejidad denomina como el punto de equilibrio dinámico, una fructífera y asumida inestabilidad productiva que las convierte en especialmente atractivas. Hábiles en la conducción, saben bien como utilizar el freno y el acelerador a la vez; soplar y sorber en paralelo son habilidades que llevan ejercitando desde aquel comienzo que, habiendo marcando indeleblemente su andadura, todavía las impregna. Pero serán estas características muy propias de las empresas consideradas por facturación y empleo como medianas, aquellas que albergan un alto potencial de incremento en una posible transición de fase lo que también las puede hacer vulnerables y de interés para los grandes grupos empresariales ávidos siempre de adquirir compañías estables y con cierta facilidad para la integración en sistemas corporativos que pueden anular su innata idiosincrasia. Funcionan, como la emergencia propia de los sistemas complejos, mejor de abajo hacia arriba que en sentido contrario, carentes de una recia y contundente jerarquía, incentivando el contacto más directo generador de lealtad.

La emergencia en Galicia

A estas empresas medianas, emergentes por derecho, nacidas para permanecer y continuar, pero, en ocasiones, poco reconocidas son a las que Economía Digital Galicia quiere significar, valorando su quehacer y favoreciendo su visibilidad, dada la importancia que tienen para el desarrollo económico y social de Galicia. Y es por ello que se concibe la iniciativa Empresas Emergentes GALICIA 2026, que señaló distinguiendo con esta denominación a nueve empresas propias de la autonomía: Centum Research & Technology, Cristalería Ramos y Ramos S. L., Granja Campomayor S. L., Hifas da Terra, S. L., Incoga Norte S. L. U., Marine Instruments, S. A., Tarlogic Security, S. L., Tecglass S. L., y Torre de Núñez de Conturíz, S. L. U. Nueve ejemplos de que se puede hacer empresa exitosa en cualquier lugar desde el que poder hacer patria, haciendo Galicia. Como bien puso de manifiesto Antonio Couceiro presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña en la presentación oficial de la iniciativa el martes 6 de octubre de 2026, empresas que saben hacer y de las que hay que hacer saber. Es una cuestión de justicia este reconocimiento como bien apuntó Juan García, CEO de Economía Digital e impulsor del proyecto.

Las dos caras de las Empresas Emergentes

Como tales, las empresas emergentes son esas pequeñas joyas, trabajadas con delicada orfebrería, que resulta obligado, como en las familias, no solo conservar sino también favorecer su transmisión como un atesorado legado que perdure, que perviva en el tiempo. Ante esta cara amable de incentivo en su cuidado y mantenimiento, se erige una cruz, como toda moneda que se precie, que es la de su visibilidad e interés para otras empresas con mayores recursos para sostener su evolución positiva a partir de una saneada situación. Y a ello deberá estar atenta Galicia, como demarcación geográfica con intereses propios, y, por qué no, actuando como valedora y defensa de su tejido industrial, fruto de una política inteligentemente diseñada al efecto. No podemos olvidar que en los cinco años posteriores al 2020, la inversión exterior en Galicia se multiplicó prácticamente por cuatro, y que, debido a la pujanza del modelo empresarial gallego y a su dinamismo, cada vez está siendo más visible el interés en adquirir empresas propias por parte de grupos empresariales ajenos. Esta pretensión es legítima, por supuesto, pero la complacencia no puede dejarnos caer en la miopía; hay que mirar más a lo lejos, al mañana, para mejor afrontar la incertidumbre que el futuro siempre conlleva.

Por todo ello, el saber hacer, pero también el hacer saber se convierten en aquellos mecanismos que sustentan dar relevancia a las empresas emergentes gallegas, siempre y cuando sepamos cuidarlas, darles apoyo cuando lo precisen y, en la medida de lo posible, que su conocimiento y puesta en valor favorezcan su mantenimiento sin perder su esencia, aquello que las acabó llevando a ser lo que hoy son: Baluarte de la pervivencia y la continuidad de un orgulloso modelo propio de hacer empresa, de saber hacer Galicia. Alertados estamos.