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En Lengua Española nos enseñaron que una sinécdoque consiste en tomar la parte por el todo. Tal vez lo recuerde usted, que lee estas primeras líneas de un artículo que presento en tres entregas.

El título, “La España de Pedro Sánchez”, es una sinécdoque porque ningún país se mimetiza en su gobierno y porque, en democracia, ningún presidente determina todo lo que ocurre en él. España es, además, un país ampliamente descentralizado, en el que comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos ejercen competencias decisivas sobre numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana. Hablar de la España de Pedro Sánchez resulta cómodo y comprensible, pero implica identificar a una parte —el poder central— con un todo mucho más complejo.

Responsabilidad compartida

En España, el éxito y el fracaso suelen atribuirse con facilidad a quien interese en cada caso, sin considerar que la evolución de una variable es normalmente consecuencia de un entorno diverso, así como de las políticas y decisiones de las distintas administraciones y los propios agentes sociales. Si se desea evaluar con seriedad la marcha del país, habrá que distinguir en primer lugar qué corresponde a cada nivel de gobierno y, después, reconocer tanto los méritos como las responsabilidades allí donde realmente se producen.

Son las autonomías las que ordenan el territorio y promueven la construcción de viviendas o la rehabilitación y movilización de los edificios desocupados; y son los municipios los que determinan la disponibilidad del suelo

España se organiza en tres grandes niveles de administración: Estado, comunidades autónomas y entidades locales. El reparto de competencias no siempre es exclusivo, pero sí permite identificar dónde recae el peso principal de muchas políticas públicas. Al Estado le corresponden la política económica general, la fiscalidad estatal, las pensiones, la legislación laboral, la defensa, las relaciones exteriores o la inmigración. Por su parte, las autonomías gestionan el grueso de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda o infraestructuras territoriales. Los ayuntamientos juegan un papel más acotado aunque trascendente en áreas como el urbanismo, la movilidad y la gestión del espacio público.

La vivienda supone un ejemplo elocuente de esta distribución de competencias. El debate público tiende a presentar su evolución como responsabilidad del Gobierno central, cuando buena parte de las facultades decisivas corresponden a las comunidades autónomas y, en materia urbanística, también a los ayuntamientos. Son las autonomías las que ordenan el territorio y promueven la construcción de viviendas o la rehabilitación y movilización de los edificios desocupados; y son los municipios los que determinan la disponibilidad del suelo. El Estado conserva, por su parte, resortes regulatorios, fiscales y financieros de indudable impacto. El resultado final, por tanto, depende de un engranaje multinivel y no debería explicarse señalando a un solo actor.

La actuación del Gobierno central

Aclarado lo anterior, sí existe un conjunto amplio de decisiones que corresponde atribuir directamente a los gobiernos presididos por Pedro Sánchez. Desde 2018, el Ejecutivo central ha desarrollado una política económica y social inclinada a reforzar las rentas del trabajo, ampliar la protección pública y reducir algunas de las desigualdades existentes. Uno de sus ejemplos más nítidos es el salario mínimo interprofesional. Cuando Sánchez llegó a la presidencia, en 2018, se situaba en 735,90 euros mensuales en catorce pagas; en 2026 alcanza los 1.221 euros, un incremento cercano al 66%. A ello se sumó la reforma laboral aprobada a finales de 2021 que modificó la contratación temporal, reforzó el contrato indefinido y recuperó determinados instrumentos de negociación colectiva. Son dos decisiones de calado sobre uno de los terrenos que corresponden inequívocamente al Estado: la legislación laboral.

Durante la pandemia, los ERTE permitieron suspender temporalmente millones de contratos y evitar así los despidos masivos

También pertenece al ámbito estatal la política de protección de rentas. Durante la pandemia, los ERTE permitieron suspender temporalmente millones de contratos y evitar así los despidos masivos. Además, se consolidó el Ingreso Mínimo Vital como prestación permanente para hogares con ingresos insuficientes. En materia de pensiones, se recuperó además su revalorización vinculada al IPC y se estableció una senda de mejora de las pensiones mínimas. En fiscalidad, los gobiernos de Sánchez han introducido algunos incrementos de tributación sobre patrimonios elevados y gravámenes específicos sobre determinados sectores.

La misma orientación puede apreciarse en otras políticas sociales. Se recuperó en 2018 el acceso al Sistema Nacional de Salud de personas extranjeras que habían quedado excluidas de la cobertura ordinaria; se amplió la exención del copago farmacéutico para colectivos vulnerables; se igualaron y ampliaron los permisos por nacimiento y cuidado de hijos; se aprobó la Ley de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia y se impulsó la creación de plazas públicas de educación infantil de cero a tres años. También se aprobaron la ley de eutanasia y la ley sobre derechos de personas trans y LGTBI.

En vivienda, aun siendo una competencia en buena medida autonómica como acabamos de señalar, el Gobierno central aprobó la Ley de Vivienda de 2023 y la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. Y en otros ámbitos adoptó medidas de impacto directo sobre la economía familiar, desde las sucesivas ampliaciones del bono social eléctrico, las subvenciones al transporte público y la eliminación de determinados peajes tras vencer la concesión de autopistas.

En política exterior debe reseñarse el reconocimiento del Estado palestino y la posición particularmente crítica mantenida frente a los continuos ataques de Israel en Gaza durante los últimos años. Ante las presiones de la Administración Trump, el Gobierno ha defendido su autonomía, tanto en política internacional como en materia de defensa. En términos más generales, España ha tratado de mantener una voz propia frente al giro político y económico que se ha extendido en buena parte del planeta y que cuestiona los pilares de la cooperación internacional de las décadas anteriores.

Esta enumeración de medidas no demuestra por sí sola que España esté mejor o peor que antes de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Para realizar una valoración justa, haremos lo que debe hacerse si queremos hablar sin partidismos ni prejuicios: acudir a datos contrastados. En la siguiente entrega veremos las principales cifras macroeconómicas, que nos clarificarán la evolución del país en su conjunto, y en la tercera y última, analizaremos los indicadores más significativos sobre el efecto de las políticas de estos años en los ciudadanos.
Dentro de unos días, veremos lo que nos dicen esos datos.

La economía gallega avanza, pero no al ritmo que necesita para converger con las regiones europeas más dinámicas, y continúa enfrentándose a desafíos que requieren reformas y una estrategia compartida entre administraciones y agentes económicos.

En este sentido, los datos que ofrece la Memoria socioeconómica de Galicia 2025 del Consello Económico e Social (CES), confirman que Galicia mantiene una economía resiliente, capaz de crecer en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, la desaceleración europea y las tensiones comerciales. Sin embargo, el verdadero valor del informe está en recordar que los buenos indicadores coyunturales no deben ocultar los problemas estructurales que condicionan el futuro de nuestra competitividad.

Desde el empresariado gallego venimos reclamando un gran pacto por la productividad, un acuerdo estable y con vocación de largo plazo en el que participen la Xunta de Galicia, todos los grupos con representación en el Parlamento y los agentes económicos y sociales. Galicia necesita una estrategia compartida que permita acompañar las iniciativas empresariales, facilitar la inversión y elevar nuestra capacidad para generar valor añadido. No se trata de poner en marcha más medidas de forma aislada, sino de conseguir que las políticas públicas sean más eficaces, más coordinadas y avancen al mismo ritmo que lo está haciendo nuestro tejido productivo.

La competitividad también depende de las infraestructuras, de la energía y de la seguridad jurídica. Galicia necesita acelerar inversiones en corredores ferroviarios de mercancías, plataformas logísticas, redes digitales e infraestructuras energéticas que permitan consolidar nuevos proyectos industriales. La transición energética representa una gran oportunidad, pero solo será viable si garantiza un suministro suficiente, estable y competitivo para la industria.

Junto a ello, sigue siendo imprescindible avanzar hacia una auténtica simplificación administrativa. La excesiva duración de muchos procedimientos continúa retrasando inversiones estratégicas y reduciendo la capacidad de competir en un entorno cada vez más exigente. Reducir burocracia significa ganar eficiencia, atraer inversión y ofrecer mayor seguridad jurídica, sin renunciar a las garantías ambientales y sociales.

Porque las empresas están haciendo su parte. La industria está invirtiendo, por ello pedimos que cada euro público destinado a impulsar la actividad económica se traduzca en más inversión, más productividad, más empleo y más capacidad competitiva.

Dice la Memoria del CES que el PIB gallego creció un 2,6 % en 2025, por encima de las previsiones iniciales, mientras que la demanda interna aportó 2,4 puntos porcentuales al crecimiento y la formación bruta de capital aumentó un 4,2 %, reflejando una recuperación de la inversión empresarial. El PIB a precios corrientes alcanzó además los 86.000 millones de euros, el mayor volumen de actividad económica registrado hasta la fecha en Galicia.

Galicia cerró el ejercicio con una tasa de paro del 8,35 %, una de las más reducidas de las últimas décadas, y con cerca de 18.000 nuevos ocupados, consolidando un mercado de trabajo más estable que en ejercicios anteriores. Sin embargo, estos datos conviven con un problema creciente: numerosas empresas encuentran serias dificultades para cubrir vacantes en sectores como la industria, la construcción, el transporte, la hostelería, el sector primario o las actividades tecnológicas.

Galicia mantiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa y pierde población en edad de trabajar, una circunstancia que limita el crecimiento potencial de la economía y compromete la disponibilidad futura de talento. El propio CES subraya el papel de la inmigración para compensar parcialmente este desequilibrio y atender las necesidades laborales de numerosos sectores productivos. Para el empresariado gallego resulta imprescindible avanzar hacia políticas que faciliten la incorporación de personas trabajadoras cualificadas, agilicen los procedimientos administrativos y favorezcan la integración laboral.

Galicia necesita acelerar inversiones en corredores ferroviarios de mercancías, plataformas logísticas, redes digitales e infraestructuras energéticas que permitan consolidar nuevos proyectos industriales

Y para ello necesitamos, ante todo, más agilidad. Las empresas deben tomar decisiones en muy poco tiempo debido al entorno altamente competitivo en el que desarrollan su actividad; las administraciones, en demasiadas ocasiones, siguen resolviendo en meses o incluso en años. Ese desfase no es una cuestión menor: tiene consecuencias económicas concretas. Una inversión que se retrasa pierde oportunidades; un proyecto que no dispone a tiempo de suelo, permisos o conexión energética puede acabar buscando otro emplazamiento; y una empresa que espera demasiado para poner en marcha una iniciativa pierde capacidad para competir. En un escenario internacional en el que territorios y países compiten por atraer capital, talento e industria, la rapidez administrativa también es competitividad.

Por eso, la política económica debe concentrar una parte importante de sus esfuerzos en eliminar obstáculos. Persisten tramitaciones largas y la necesidad de mejorar la  coordinación entre departamentos así como desarrollar suelo empresarial de calidad y bien conectado con las infraestructuras de transporte. La incertidumbre en torno a determinados proyectos y la carga burocrática que consume tiempo y recursos deberían reducirse para volcar los esfuerzos en la actividad productiva. Llevamos tiempo advirtiendo de que las inversiones encuentran demasiadas barreras y de que nuestra política industrial necesita capacidad ejecutiva para convertir las oportunidades en proyectos reales.

Esta reflexión debe hacerse extensiva a todo el tejido empresarial y, especialmente, a las pymes y a las personas autónomas, que constituyen la inmensa mayoría de nuestro tejido productivo y que, sin embargo, disponen de muchos menos recursos para absorber los costes de la regulación y de la burocracia. La productividad no se juega únicamente en los grandes proyectos industriales. También se decide cada día en una pequeña empresa, en un comercio, en un taller, en una explotación, en un despacho profesional o en el negocio de un autónomo.

Por eso, hablar de productividad también significa hacer más sencillo emprender, invertir y mantener una actividad empresarial en Galicia. Cada trámite que puede eliminarse, cada procedimiento que puede simplificarse, cada administración que puede coordinarse mejor y cada plazo que puede reducirse, supone tiempo y recursos que vuelven a la economía real.

Los grandes proyectos industriales son fundamentales y Galicia debe seguir trabajando para atraerlos y hacer posible su desarrollo. Pero no podemos construir nuestra estrategia económica únicamente sobre ellos. El verdadero músculo de nuestra economía está también en miles de pymes y personas autónomas que sostienen el empleo, dinamizan nuestras ciudades y comarcas, prestan servicios, generan actividad y forman parte de las cadenas de valor de las grandes industrias.

Un pacto por la productividad debe, por tanto, mirar en las dos direcciones: facilitar los grandes proyectos que pueden transformar nuestra estructura productiva y, al mismo tiempo, crear las condiciones para que las pequeñas empresas puedan crecer, invertir y ganar tamaño. Porque una Galicia más productiva no será aquella que simplemente atraiga más inversión, sino aquella que consiga que sus empresas —grandes, medianas, pequeñas y autónomos— puedan dedicar menos tiempo a superar obstáculos y más a hacer lo que saben hacer: invertir, innovar, competir y crear empleo.

La productividad no es una cifra abstracta. Es el tiempo que una empresa puede dedicar a producir en lugar de tramitar, el capital que puede invertir en lugar de esperar y la capacidad que tiene para crecer en lugar de dedicar recursos a sortear obstáculos. Hacer de Galicia un territorio más productivo significa, en definitiva, hacer de Galicia un territorio más competitivo y con más oportunidades para todos.

Por otra parte, la innovación constituye otro de los grandes retos pendientes. Galicia cuenta con universidades, centros tecnológicos y empresas líderes en numerosos sectores, pero aún mantiene un esfuerzo en I+D inferior al de las regiones europeas más competitivas. Incrementar la inversión en conocimiento, facilitar la transferencia tecnológica y acelerar la transformación digital de las pymes será determinante para mejorar la productividad y generar mayor valor añadido.

La Memoria del CES lanza, en definitiva, un mensaje que el empresariado comparte plenamente: el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente. Una economía puede crecer y, al mismo tiempo, seguir enfrentándose a problemas de falta de talento, baja productividad o dificultades para desarrollar proyectos empresariales.

Galicia dispone de activos extraordinarios: más de 229.000 empresas, una potente base industrial, sectores exportadores consolidados, capacidad innovadora y una reconocida cultura emprendedora. Pero convertir esas fortalezas en crecimiento sostenible exige estabilidad regulatoria, colaboración institucional y políticas que sitúen a la empresa en el centro de la estrategia económica. Solo así el crecimiento del presente podrá traducirse en mayor competitividad, mejores empleos y prosperidad para las próximas generaciones.