BNG, PSOE y Podemos agitan una posible intervención pública de Alcoa

La enésima crisis de Alcoa trae a colación una solución recurrente en los idearios de los partidos que pelean por la continuidad del complejo de San Cibrao, que se mantiene operativo con una fábrica de aluminio prácticamente paralizada durante dos años y una de alúmina funcionando a mitad de capacidad. BNG y Podemos apuestan abiertamente por la intervención pública de las instalaciones, una vez que la compañía con sede en Pittsburgh amenazó de nuevo con el cierre y pidió modificar el acuerdo en el que comprometió inversiones y un calendario de reactivación de la única fábrica de aluminio primario en España. El PSOE no está todavía en esa casilla, pero su candidato a la Xunta, el lucense José Ramón Gómez Besteiro, reconoció que es una de las opciones sobre la mesa para garantizar la viabilidad.

El socialista, pese a ello, prioriza otro tipo de solución. Considera que «lo primero» es que «hay un acuerdo que cumplir por parte de la empresa», en el que se incluye un «paquete de ayudas» propuestas desde el Ejecutivo estatal. «Lo que se firmó en su día, que se cumpla y que, por tanto, siga el funcionamiento ordinario normal de la central de Alcoa», señaló en un acto en Santaigo a preguntas de los medios, matizando que, en todo caso, «ante cualquier contingencia», los socialistas estarán respaldado a los trabajadores «con medidas desde las administraciones».

Más contundentes son BNG y Podemos, que han pedido directamente al Gobierno la intervención de la empresa. El diputado nacionalista Néstor Rego confirmó que este lunes se reunió con el comité de la empresa para explorar posibles soluciones, ya que el cierre de la planta de aluminio podría devenir en una «dependencia absoluta» del aluminio de otros países. «Nosotros vamos a defender, como hicimos en el pasado, una intervención pública de Alcoa. Vamos a defender que el Estado garantice la continuidad de esta actividad», ha apostillado. De este modo, Rego ha adelantado que trasladará esta posición la próxima semana al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Una carta a la SEPI

Por su parte, Noemí Santana, diputada de Podemos, ha remitido una carta a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, para estudiar la posible intervención publica de Alcoa. En la misiva, la diputada recuerda que el pasado 18 de enero el consejero delegado de Alcoa, Bill Oplinguer, anunció que la compañía barajaba el cierre de la planta.

Algo, dice Noemí Santana, que «contraviene el acuerdo cerrado con la representación de los trabajadores» de reiniciar las cubas de electrolisis, proceso que debía empezarse en enero de este año y avanzar progresivamente hasta 2025. Y es que, el plazo ha sido ampliado hasta octubre de ese año por una modificación del acuerdo original alcanzado en 2021, que incluía el mantenimiento de la plantilla y la renuncia a la realización de despidos colectivos hasta el 31 de diciembre de 2026.

En este marco, Podemos apela a la responsabilidad de los poderes públicos y considera que la SEPI «debe mostrar su compromiso con los trabajadores y explorar las vías para salvaguardar sus empleos».