Feijóo fía su reelección a Lugo y al estatuto de Alcoa

Este jueves finalizó el plazo para presentar alegaciones al proyecto del Estatuto para el Consumidor Electrointensivo del Ministerio de Industria. A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez llevaba casi un año trabajándolo (el primer borrador salió en marzo de 2019), el documento final ha recibido un aluvión de críticas. Empresas, sindicatos y gobiernos autonómicos (en concreto, Galicia, Asturias y Cantabria) han presentado alegaciones. No obstante, al margen de los intereses empresariales y del deseo de evitar que el precio de la energía derive en la marcha de empresas fuera de España, para muchos, el estatuto eléctrico también se lee en clave electoral. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que el futuro decreto ley se apruebe en marzo, justo antes de las autonómicas gallegas. El PP de Alberto Núñez Feijóo sabe que los errores del Ejecutivo socialista con la normativa llamada a salvar a Alcoa solo le allanan el camino a la Xunta de Galicia.

Las cuentas son claras. En principio (y descartada, de momento, una hipotética alianza postelectoral con Vox) a Núñez Feijóo no le queda otro remedio que revalidar su mayoría absoluta en el Parlamento gallego. No obstante, con un PSOE y un BNG al alza, y con Unidas Podemos en retroceso según las encuestas, pero con presencia en Madrid y una ministra gallega (Yolanda Díaz), los números se ponen cuesta arriba. Es en esa ecuación en la que la provincia de Lugo cobra especial relevancia.

Alcoa, 1.500 empleos directos

Fuentes no oficiales del PP explican a este medio que la estrategia de la formación conservadora pasa, necesariamente, por asegurar los escaños con los que cuenta en la provincia de Lugo ante la perspectiva de poder perder sendos diputados en A Coruña y Pontevedra por el empuje del PSOE en territorio urbano. “Es muy importante que Feijóo sea capaz de retener el voto en el rural, por eso Lugo emerge como una provincia importante”. Una provincia donde está Alcoa, empresa radicada en Cervo que da trabajo a casi 1.500 personas de forma directa y a 5.000 de manera indirecta. De ella dependen otras de las principales infraestructuras del territorio, como el puerto de San Cibrao.

Núñez Feijóo lleva ya muchos meses tratando de capitalizar la crisis industrial que atraviesa Galicia. Se ha erigido en el principal defensor de la industria electrointensiva y, en especial, de Alcoa. La alegaciones presentadas por el Ejecutivo gallego al estatuto electrointensivo este jueves se han redactado pensando directamente en la fábrica de San Cibrao. El Ejecutivo gallego quiere que se reconozca y diferencie la figura de las grandes empresas consumidoras, que se recuperen las subastas de interrumpibilidad, que las compensaciones por emisiones de CO2 se eleven al máximo y que se elimine la obligación de las empresas beneficiarias del estatuto de contratar a largo plazo al menos un 10% de energía de origen renovable. No es una enmienda a la totalidad, pero casi. En esencia, lo que busca la Xunta es que la nueva normativa reserve mayores compensaciones a aquellas empresas que más consumen, como es el caso de Alcoa, que, en su opinión, debería ser reconocida con la categoría de compañía hiperelectrointensiva.

Más compensaciones para quien más consume

“El ámbito de aplicación del estatuto no debe quedar desnaturalizado por la inclusión, con la misma categoría, de industrias de menor consumo junto con otras verdaderamente electrointensivas que por su tamaño, nivel de empleo, capacidad tractora y vinculación al territorio son empresas cuya hipotética deslocalización provocaría grandes impactos directos e indirectos en nuestras Comunidades Autónomas”, apunta el Gobierno gallego, en contra de la decisión del Ministerio de Industria de elevar hasta la cifra de 612 las empresas que, ahora, podrán optar a ayudas para rebajar su factura.

Este jueves, el mandatario gallego advirtió de que, si el estatuto electrointensivo no se modifica tal y como propone la Xunta, Alcoa abandonará Galicia, al no ser competitiva la producción de aluminio primario. Feijóo se reivindica así como el gran ‘salvador’ de la industria gallega ante un Gobierno de Madrid cuyas políticas «favorecen a Cataluña y País Vasco» y menosprecian a una Galicia que, además de la situación de Alcoa, debe lidiar con el previsible cierre de la térmica de Endesa en As Pontes.

El PP gana peso en los municipios en crisis

La radiografía de voto de las elecciones del pasado 20N dan la razón a la estrategia de Feijóo. Si bien el voto en clave general y autonómica no es comparable, lo cierto es que, con respecto a la anterior contienda electoral de abril de 2019, el PP ganó peso en todos los ayuntamientos azotados por la crisis industrial.

En esas elecciones, el PP adelantó al PSOE y se impuso como fuerza más votada en Cervo, municipio sobre el que se asienta la aluminera de Alcoa San Cibrao. El Partido Socialista dejó de ser la fuerza más votada en el municipio, perdiendo algo más de un punto porcentual, mientras que los populares escalaron tres, convirtiéndose en primera fuera y aglutinando el 33,22% de los apoyos.

En la capital lucense, gobernada por el PSOE, el PP se quedó a tan solo 21 votos de igualar a los socialistas, mientras que, a la vez, recuperaron la posición de fuerza más votada en importantes municipios de A Mariña de cara al reparto electoral como es el caso de Ribadeo y Burela, además de Sarria, donde también consiguieron sorpasar a la formación de Pedro Sánchez. En la contienda de noviembre destacó también el caso de Vilalba donde, históricamente, muchos vecinos están ligados empresarialmente a la planta de Endesa en As Pontes. Ahí no hubo cambios: el PP domina el escenario con más del 40% de los votos emitidos en el municipio. En general, la provincia lucense optó por castigar el PSOE, que perdió casi 10.000 votos en un intervalo de ocho meses.

El PSOE, BNG y Podemos, ante el estatuto

Mientras tanto, la oposición se ha comportado de manera desigual con respecto al estatuto electrointensivo. El secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, asegura que el documento elaborado por el Ministerio de Industria dará respuesta a las necesidades de la industria gallega («llega hasta donde legalmente se puede») y acusa a Feijóo de estar haciendo campaña electoral a costa de los trabajadores de la factoría de aluminio primario (lo mismo le dijo la ministra Maroto esta semana desde el Congreso). Por su parte, y a pesar de que en el pasado Unidas Podemos fue especialmente beligerante en la defensa de los trabajadores de Alcoa, desde la formación gallega apenas se han hecho manifestaciones al respecto del documento.

De las formaciones de izquierda, el BNG es la que se ha mostrado más crítica. El diputado del Bloque en Madrid, Néstor Rego, aseguró la pasada semana que el texto no servía para asegurar la pervivencia en el territorio de las grandes empresas consumidoras, como Alcoa.

Las empresas amenazan

Si bien desde Madrid aseguran que las críticas del PP gallego al estatuto están marcadas por la contienda electoral y no son realistas, lo cierto es que las amenazas de las empresas electrointensivas tampoco ayudan a mejorar la imagen del proyecto. Alcoa asegura que, tal y como está en este momento, el futuro decreto ley hace inviable su continuidad ya que no sirve para que la planta de San Cibrao, inmersa en números rojos, gane en competitividad.

«La producción de aluminio primario en Lugo no será viable sin un marco regulatorio competitivo que garantice un precio de electricidad final inferior a los 35 euros/MWh a largo plazo y, aun en esas circunstancias, dicha viabilidad está condicionada a la evolución de los mercados globales», asegura la multinacional americana (el estatuto garantiza una rebaja fija de 2,25 euros/MWh).

Por si fuera poco, Alu Ibérica, la compañía del fondo Parter que compró las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, también advierte de que, si el estatuto no garantiza mayores compensaciones, llegarán los despidos. Entre las dos factorías, 330 personas a la calle: 168 solo en la capital herculina.

Los sindicatos también alegan

En Galicia, tanto CCOO, como UGT y CIG han presentado también alegaciones al estatuto. También ellos piden que se incrementen al máximo las compensaciones por emisiones en indirectas por C02 (podrían llegar a los 300 millones), así como reclaman que se active la figura del consumidor hiperelectrointensivo y se apliquen más tarifas de rebaja (por ejemplo los peajes de transporte). Por ahora, y al margen de las ayudas de C02, el estatuto garantiza a la gran industria una nueva partida para compensar los cargos en su factura eléctrica destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de territorios no peninsulares. Esta cantidad se estima en 92 millones de euros.

Las centrales sindicales también piden que el estatuto obligue a las empresas a mantener empleo para poder beneficiarse de las ayudas. «Tal y como está ahora mismo, una empresa puede seguir percibiendo ayudas, siempre y cuando no despida a más de 85% de su plantilla», advierten.

No obstante, y al margen de todas las críticas y la lucha política soterrada tras el estatuto, una cosa está clara. Si no se modifica, tal y como ya avisó la ministra Reyes Montoro, para que sea efectivo, el texto necesita que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Y, para eso, el Gobierno Sánchez tendrá que buscar necesariamente apoyos.