La Xunta da el primer paso para recurrir la Ley de Vivienda, como hizo Ayuso

La Xunta ha pedido un informe al Consello Consultivo de Galicia como respaldo a un posible recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda, la normativa impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que prevé la limitación de precios del alquiler. El PP se mostró en contra de esta regulación, que ya fue recurrida ante el Constitucional por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La Conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, explicó que informarán sobre lo tratado en la comisión bilateral, que «después de muchos meses de espera tuvo lugar» y que «va a dar muy pocos frutos». «Volvemos a reiterar que desde Galicia no vamos a permitir que la okupación sea el título habilitante para tener una vivienda pública». Uno de los reproches que han proferido los populares contra la ley es que favorece a los okupas.

El Gobierno gallego, según la conselleira, expuso en la comisión bilateral «los malos datos» que está dando la «aprobación de la ley de vivienda», para la que, ha recordado, «no se tuvo en cuenta a las comunidades autónomas». En esta línea, ha censurado que debido a «la gran inseguridad que se está creando», a nivel estatal «un 30% de las viviendas se han retirado del mercado para el alquiler, buscando otras vías, vender o que pasen para vivienda turística«.

Las inmobiliarias respaldan la ofensiva

La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias ha respaldado la iniciativa de la Xunta, pues lleva tiempo pidiendo que se recurra la ley. Considera que la normativa incrementa el problema del alquiler por diversos factores, entre los que destaca la falta de medidas para aumentar la oferta de vivienda, la penalización al propietario y el impacto en los inquilinos vulnerables, pues entienden que reduce notablemente sus posibilidades de acceder a un arrendamiento.

Benito Iglesias

«Ahuyenta la inversión en alquiler tanto de personas físicas como jurídicas, en especial la de inversores foráneos, y no ha aliviado los precios, sino todo lo contrario», indica la entidad en un comunicado, en el que advierte que la demanda continuará creciendo en torno a un 7% anual. «Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad  y desigualdad. Por lo que espero una modificación sustancial de la nueva legislación al respecto que derive hacia una tendencia más flexible y más liberalizadora», dice el presidente de Fegein, Benito Iglesias.

El empresario señala además que la aplicación de la normativa sería compleja, ya que para darle encaje legal se tendría que modificar la Ley del Suelo estatal y autonómica para poder aplicar el recargo de hasta un 150% de IBI. «Nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva», insiste Iglesias.