Revés para Sandra Ortega en la querella contra su exgestor por enriquecerse con la venta del hotel Bulgari de Londres
La Audiencia Provincial de A Coruña estima el recurso de apelación de José Leyte y declara nula una diligencia de investigación penal en el marco de la instrucción del proceso derivado de una denuncia de administración desleal interpuesta por Rosp Corunna
Montaje de José Leyte y Sandra Ortega detrás de la entrada de un hotel Bulgari
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Continúa en los juzgados la guerra entre la mujer más rica de España, Sandra Ortega, y el que durante dos décadas fue el principal ejecutivo de su grupo inversor, José Leyte, quien cesó de su cargo en noviembre de 2020, un movimiento que constituyó el arranque de una batalla de demandas cruzadas siendo el epicentro de muchas de ellas la fallida inversión de Rosp Corunna en Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola. En este marco, la heredera de Rosalía Mera acaba de sufrir un revés de sus intereses dentro del procedimiento que rodea una querella impuesta contra el economista por supuesta administración desleal y que, entre otras operaciones, habla de la histórica venta del hotel Bulgari de Londres en 2015, participado por la también hija de Amancio Ortega.
Según un auto al que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, el pasado abril, la Audiencia Provincial estimó un recurso de apelación interpuesto por Leyte y la empresa TG Interiors, de la que es administradora única su mujer, por el que declaró nula e inválida una diligencia de investigación penal que fue solicitada por la Fiscalía en el proceso de instrucción de una querella presentada en 2022 por distintas sociedades de Rosp Corunna contra su histórico ejecutivo por administración desleal e apropiación indebida.
La querella de Rosp Corunna
La querella fue presentada por distintas sociedades del grupo Rosp Corunna, anteriormente gestionadas por Leyte, contra el ejecutivo y la sociedad TG Interiors, una empresa constituida en 2014 por su mujer en A Coruña y cuyo objeto social va desde las actividades de gestión y administración, al interiorismo, la hostelería y la restauración. Los abogados de Sandra Ortega acusaban a Leyte, entre otros supuestos, de estar detrás de una facturación no autorizada de la firma de su esposa al grupo de la empresaria coruñesa.
También indicaban que el economista, que era consejero en Room Mate en representación de Ortega Mera, habría participado y votado a favor de acuerdos de la hotelera (de la que Rosp retenía un 31%) para conseguir supuestos beneficios personales y no de la corporación para la cual trabajaba.
En esa querella también se habla del lujoso Hotel Bulgari de Londres, una inversión de Rosp Corunna que se articuló ya en los tiempos de la fallecida Rosalía Mera. En concreto, en 2009, la inversora y el empresario Rafael Serrano impulsaron la sociedad PrimeKnightsbridge Investments para levantar el icónico edificio en la capital británica, que sería luego explotado por la conocida marca. Rosp retenía un 60% de aquel vehículo conjunto, en el que, posteriormente, optó por desinvertir. La sociedad cartera coruñesa habría realizado la preventa de uno de sus apartamentos por 90 millones de libras, para vender el inmueble completo tres años después de su apertura por 270 millones más, en 2015.
En su querella, adelantada en su momento por Eldiario, Sandra Ortega denunciaba la existencia de una comisión irregular que llegaría a las 600.000 libras relacionada con la operación de venta del edificio, en agosto de 2015, algo que, según su relato, habría articulado mediante la firma de contratos de consultoría y asesoramiento a TG Interiors valiéndose de dos autorizaciones “supuestamente firmadas” por Sandra Ortega, pero que la empresaria no aseveraba haber firmado.
La Audiencia Provincial decreta el fin de la instrucción
Según el auto de recurso de apelación consultado por Economía Digital Galicia y formulado el pasado abril, durante el proceso de instrucción de la querella, en octubre de 2024, el juzgado de instrucción dictó un auto prorrogando la investigación penal por un periodo de seis meses, expirando el límite temporal máximo a finales de abril del año pasado.
No obstante, a finales de febrero de 2025, la Fiscalía solicitó una nueva diligencia de investigación para recabar más información que pudiera dar o no veracidad a la querella. La solicitud fue realizada dentro del plazo de prórroga marcado, pero el juez instructor no dio el ok a esta petición, mediante una providencia, hasta el 11 de junio, cuando ya había expirado el plazo máximo de instrucción.
El recurso de Leyte, que invoca a la ley de enjuiciamiento criminal que establece que los límites temporales en estos procesos no pueden ser rebasados, fue atendido por la Audiencia Provincial, que entiende que el proceso para investigar la existencia o no de delito ya ha terminado. Y lo hizo el 26 de abril de 2025, por lo que ni la diligencia posterior ni los hallazgos que se pudieran derivar de la misma, tendrán valor alguno a la hora de justificar que se abra juicio contra Leyte.
Ahora, con el periodo de investigación ya oficialmente cerrado, el juez instructor tendrá que decidir si archiva la causa o si abre juicio oral. Distintas fuentes consultadas por este medio aseguran que, en teoría, el hecho de no contar con la información que se pretendía obtener con la diligencia anulada jugará en contra de los intereses tanto de la Fiscalía como de la acusación, es decir, de Sandra Ortega.
En todo caso, a la espera de la decisión del juez instructor, la particular guerra entre Ortega Mera y el que durante años fue su mano derecha, cumple un nuevo capítulo.
