Así es el traspaso de la AP-9 a Galicia que la Xunta considera una «transferencia outlet»

• Frente de Galicia, Asturias y Castilla y León por el fin de la concesión de Audasa con la AP-9
• La Xunta lleva al Gobierno a la Audiencia Nacional para conocer la investigación de Bruselas sobre la AP-9

El acuerdo entre BNG, PSOE y Sumar para transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a la Xunta avanza, mientras el propio Gobierno gallego muestra su oposición a recibir en esos términos la autopista que vertebra la fachada atlántica de Galicia. Alfonso Rueda y la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, alegan que el texto de la transferencia comportaría cargas y riesgos financieros para las arcas autonómicas, vulnerando ampliamente la resolución adoptada por unanimidad en el Parlamento gallego. Allí, el PP se mostró a favor de la transferencia, que lleva tiempo demandando. Con el nuevo acuerdo, la rechaza frontalmente. De hecho, PP y Vox son los únicos que se están oponiendo al avance de la ley, que superó este martes el trámite de la Comisión de Transportes del Congreso. Ahora, el texto continuará su periplo en las Cortes y se eleva al Pleno de la Cámara baja.

El proceso se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar, que llegó el día anterior a que se reuniera la ponencia para validarlo, paso que dio también con el voto en contra de los populares y de la formación de extrema derecha. Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba el cambio de titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley «la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia».

Para ello se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Desarrollo del traspaso

La transferencia deberá abordar una serie de condiciones, como la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. También concretará cómo se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, «singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria»; y para la redacción y aprobación de convenios, o adendas a los actuales.

¿Quién paga?

Según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a Audasa, la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer «la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados».

La Xunta, por su parte, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, «todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso». Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y «cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga».

Transferencia ‘outlet’ de la AP-9

La conselleira Martínez Allegue ha vuelto a expresar este martes su rechazo a los términos en los que se acordó la transferencia de la autopista. Por un lado, reprocha a BNG y PSOE que decidieran «romper la unanimidad» que existía en el Parlamento gallego sobre las condiciones del traspaso. Por otro, asegura que el acuerdo pretende que Galicia asuma costes que no le corresponden.

«Que asumamos un incremento tarifario que no nos corresponde. Pretenden que asumamos bonificaciones que no nos corresponden. Y también que asumamos las posibles consecuencias de esa posible nulidad de las prórrogas que se está dictaminando en la Comisión Europea y de la que Galicia no sabe nada toda vez que el Gobierno nos niega esa información», dijo la también responsable de vivienda del Gobierno gallego.

Allegue consideró que «esta transferencia que se debate hoy –por este martes– en nada se parece a la que aprobamos aquí, en este Parlamento» e instó a los populares a decir «no a esta transferencia no rebajada, esta transferencia ‘outlet’ que nada tiene que ver con lo que se aprobó» en la Cámara autonómica. Es, en su opinión, «una transferencia que pone en una situación cómoda a Pedro Sánchez y supone una hipoteca para los gallegos» que la Xunta «no puede asumir».

Frente por la AP-9

Curiosamente, la Xunta participó la pasada semana en un acto conjunto con Asturias y Castilla y León para escenificar una alianza contra los peajes de la AP-9 y la AP-66, cuyas concesiones están en manos de Itínere. Rueda, Barbón y Mañueco, junto a representantes de las asociaciones de empresarios, firmaron una declaración enfocada a perseguir la gratuidad de las autopistas en el marco del procedimiento abierto por la Comisión Europea, que considera ilegales las prórrogas aprobadas para las concesionarias.