Frente de Galicia, Asturias y Castilla y León por el fin de la concesión de Audasa con la AP-9
Representantes políticos y empresariales han firmado la Declaración de Compostela, con la que se insta a la Unión Europea una resolución definitiva del procedimiento abierto sobre las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66, que están en manos del grupo Itínere
Representantes de los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León, junto a las patronales empresariales de las tres comunidades, sellan un frente común para el fin de las concesiones de la AP-9 y AP-66 / Xunta
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Galicia, Asturias y Castilla y León unen sus fuerzas contra las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (ambas pertenecientes al grupo Itínere). La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, María Martínez Allegue; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez; han rubricado este miércoles la denominada Declaración de Compostela, a través de la cual reclaman a la Unión Europea (UE) una resolución definitiva del procedimiento abierto sobre las prórrogas de las concesiones que obligue al Gobierno central a ponerles fin.
La Declaración de Compostela subraya la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad de personas y mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste. Además, destaca que su régimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas.
El noroeste arma, de esta manera, un frente común en defensa de los intereses económicos, sociales y territoriales compartidos. En el acto que ha tenido lugar en Santiago de Compostela también han intervenido por la parte empresarial el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; así como el consejero de MundiNova y presidente de En Colectivo, Diego Maraña.
Un año de cerco en Bruselas
El acuerdo se produce cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea (CE) concluyese en su dictamen motivado que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 formalizadas en el año 2000 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones. La apertura del correspondiente procedimiento de infracción contra el Reino de España comenzó hace casi cinco años, a raíz de una denuncia presentada por En Colectivo.
En este contexto, el consejero asturiano de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha explicado que se necesita que el trabajo de este dictamen de la Unión Europea siga avanzando, para lo que las tres comunidades se dirigirán al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE), Stéphane Séjourné, con el objetivo de el asunto vaya al colegio de comisarios y se convierta en no solo un dictamen, sino en «una amenaza importante de incumplimiento y sanciones al Gobierno de España, que obligue a su cumplimento». «Es decir, redoblar la presión para que el Gobierno actúe», ha señalado.
Por su parte, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha explicado este mismo viernes las tres comunidades remitirán una carta al vicepresidente ejecutivo de la CE con la solicitud de reunión. Según ha revelado, los recursos judiciales presentados por cada comunidad siguen distintos cauces, ha recordado que la Xunta se enteró hace casi un año del dictamen por los medios y que a día de hoy desconoce el contenido de la respuesta emitida por el Gobierno, un hecho ante el que acudió a los tribunales.
«Queremos transparencia y toda la información», ha dicho para asegurar que esto es «más necesario que nunca» en un momento en el que, según ha sostenido, «se amenaza con una transferencia» de la AP-9 «impuesta» desde Madrid y que no respeta «el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego«. La conselleira ha incidido en que el Gobierno debe rescatar la AP-9 y traspasar su titularidad a Galicia, pero que esta debe ser «una transferencia financiada».
Peajes que «perjudican» la competitividad
Por su parte, la secretaria general de Movilidad de Castilla y León, Natalia Flórez, ha puesto en valor la posición común de las tres comunidades tanto a nivel institucional como empresarial para defender en Europa el fin de las prórrogas concesionales, cuyos peajes «perjudican la movilidad, la cohesión y la competitividad». «Pedimos que la Comisión Europea lleve el procedimiento hasta las últimas consecuencias y reclamamos al Gobierno transparencia en un asunto que afecta a Castilla y León«, ha afirmado.
La Declaración de Compostela formaliza, además, una alianza estable entre las administraciones públicas y el tejido productivo de Asturias, Galicia y Castilla y León para mantener una interlocución permanente con las instituciones europeas y subrayar, de forma coordinada, la importancia económica, social y territorial de esta cuestión para todo el noroeste.
El texto concluye con un llamamiento a que la resolución de este asunto contribuya a reforzar la confianza de la ciudadanía, las empresas y las instituciones en el Estado de derecho europeo y en los principios de transparencia, competencia, igualdad de trato y seguridad jurídica que sustentan el mercado único.
A vueltas con los plazos
Por su parte, en el acto en el que las patronales empresariales de las tres comunidades han incidido en los perjuicios económicos que la existencia de estos peajes provocan en los territorios, el presidente de En Colectivo, Diego Maraña, ha explicado que si el Gobierno no acata el dictamen de forma voluntaria, la Comisión Europea debe iniciar el procedimiento de ejecución del dictamen en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un hecho que, según ha advertido, «alargará los plazos».
Por ello, ha dicho que esta Alianza del Noroeste aspira a «no dilatar más el cumplimiento de la legalidad» y que el Gobierno del Estado ejecute el dictamen de julio de 2025 y sobre el que, conforme ha sostenido, aún no se sabe lo que va a hacer el Ejecutivo estatal.
En el acto y preguntada sobre si la Xunta tiene el compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para traspasar la AP-9 si hay cambio de Gobierno, ha incidido en que el Ejecutivo gallego exige el rescate y la transferencia pero no la «trampa» que, en su opinión, impulsa el PSOE y sus socios.
Allegue ha criticado la negativa del Gobierno a proceder al rescate cuando, según los trabajos encargados por la Xunta, su coste es igual al de las bonificaciones que aplica el Ejecutivo estatal hasta el final del periodo concesional en el año 48. Un dinero que, conforme ha advertido, se incrementa cada año por el «gran lucro cesante». Por ello, ha insistido en que la Xunta exige el rescate y la transferencia financiada como aprobó el Parlamento de Galicia.
«Los intereses que estamos defendiendo como Xunta serán defendidos de igual modo ante el Gobierno central, gobierne quien gobierne», ha incidido.
