La Xunta lleva al Gobierno a la Audiencia Nacional para conocer la investigación de Bruselas sobre la AP-9
El Gobierno gallego demanda conocer la respuesta del Ejecutivo al dictamen de la Comisión Europea por posibles irregularidades en la prórroga de la concesión
Fotomontaje en el que puede verse al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, con la AP-9 a su paso por Rande de fondo
Comentarios
La Xunta llega a la Audiencia Nacional para intentar conocer los documentos clave en la investigación abierta por Bruselas sobre la legalidad de la prórroga de la AP-9. Concretamente, el Gobierno gallego quiere disponer de la respuesta del Ejecutivo central al dictamen motivado de la Comisión Europea y cuyo contenido no le ha facilitado el Ministerio de Transportes, pese a pedirlo en reiteradas ocasiones. Ahora, Alfonso Rueda ha avanzado que la Xunta ha presentado un escrito de demanda ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que supone, en la práctica, un recurso contra la negativa del departamento que dirige Óscar Puente a facilitar el documento.
El proceso que ha desembocado en la Audiencia Nacional se inicia en enero –transcurridos más de tres meses desde que la Xunta solicitó la documentación sin obtener respuesta del Gobierno central– con un requerimiento de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Posteriormente, ante la denegación del Ministerio a este requerimiento, el 26 de marzo se presentó el recurso contencioso contra la resolución desestimatoria, que ya ha sido admitido a trámite.
Rueda destacó la importancia de la investigación realizada por Bruselas contra la prórroga concedida por el Gobierno de José María Aznar a la concesión de la AP-9, pues podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en un contexto en el que se está debatiendo el traspaso de la autopista. Precisamente, el riesgo de tener que asumir una eventual indemnización a Audasa si se anula la concesión es el aspecto que más desconfianza genera en San Caetano del acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG para transferir la vía. El dirigente autonómico recalcó este lunes que el traspaso «tiene que ir acompañado de los recursos económicos necesarios» y pidió que se respete el acuerdo «aprobado por unanimidad» en el Parlamento gallego.
Criticas del BNG
El BNG, por su parte, ha acusado al PP de «boicotear» el traspaso, tras sumarse a Vox y votar en contra del acuerdo, que, pese a ello, salió adelante gracias al apoyo de los tres grupos y de Bildu, Esquerra y Junts. «No es una cláusula trampa, el que es tramposo es el PP, que lleva boicoteando la transferencia más de una década. No tiene argumentos y usa la mentira», reprochó la portavoz nacionalista Olalla Rodil, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que el texto acordado recoge que «en el caso de que el debate judicial anule la prórroga de 25 años concedida en el año 2000 será el Gobierno español quien asuma los costes económicos derivados de esa decisión».
Rodil defiende que el texto «respeta la voluntad emanada del Parlamento y el autogobierno» de Galicia, y ha recordado que «debe concretarse en la negociación bilateral entre Xunta y Estado» donde «pueden darse más pasos adelante». «¿Quiere más el PP? Que haga su trabajo, que negocie más en la Comisión mixta de transferencias«, remarcó.
Iniciativa en el Parlamento
La diputada del Bloque ha avanzado que los nacionalistas han registrado una proposición no de ley para que la Cámara se posicione y apoye el acuerdo de la pasada semana en la ponencia del Congreso sobre esta infraestructura. En esta línea, ha manifestado que el texto recoge la transferencia a Galicia de la autopista y «la obligación del Gobierno español de asumir las cargas económicas que deriven de las decisiones adoptadas por la Administración General del Estado a lo largo de los años en que el Estado fue el titular».
Además, ha expuesto que la concesión fue «prorrogada ilegalmente por el Gobierno del PP presidido por Aznar» y que «fue declarada ilegal por la Unión Europea». «Si no fuese por esa ampliación, hoy los gallegos no estaríamos pagando los peajes abusivos en esta infraestructura», ha enfatizado. En este sentido, ha lamentado que «el único que parece que no se alegre» del acuerdo «histórico» es «el PP» que, a su juicio, «está muy enfurruñado desde el minuto 0» y «nunca quiso la transferencia de la AP-9».
«Lleva una década poniendo palos en las ruedas para impedir que la autovía sea transferida a nuestro país. Primero bloquearon la ley de transferencia y ahora la boicotean votando en contra de la ponencia y utilizando a la Xunta para impedir una AP-9 gallega y libre de peajes. Una traición a Galicia y a los intereses de los gallegos», censuró.
La sombra de Aznar
La portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, tampoco está contenta con la postura de la Xunta y sostiene que «la pelota está en el tejado del PP» que, en su opinión, «deberá explicar por qué está en contra de la transferencia». A preguntas de los medios sobre las declaraciones de la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en la que rechazaba el pacto y apuntaba a una «cláusula trampa», la parlamentaria del PSdeG ha pedido explicaciones a los populares de «por qué voto en contra y por qué votó con Vox».
Iglesias ha reivindicado que el Partido Socialista fue «quien puso en marcha las bonificaciones» e impulsó «la ponencia en el Congreso». «Hablamos de la AP-9 como si el PP fuese la víctima. Fue el gobierno de Aznar el que amplió esa concesión, regalando décadas de peajes a la concesionaria, una empresa privada. Todo lo que vino después es consecuencia de esa chapuza absoluta del Gobierno de Aznar», aseveró.
