La Xunta recurrirá la sentencia por la contaminación del embalse de As Conchas y niega competencias

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha avanzado que los servicios jurídicos estudian la reciente sentencia que condena a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) por la contaminación del embalse de As Conchas (Ourense) para proceder al recurso de casación que presentarán ante el Supremo.

Así lo ha detallado este sábado en un acto en O Carballiño, en el que ha indicado que la Xunta «acata y respeta» la sentencia, pero eso «no quiere decir que estén de acuerdo».

Competencia estatal

La conselleira ha querido dejar «claro» cuáles son las competencias de la Xunta y las del Gobierno central. En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo autonómico tiene competencias de «control, vigilancia y, por lo tanto, tiene la obligación de que el agua tenga buena salud y calidad en 182 ayuntamientos de Galicia».

«En los restantes ayuntamientos, ese control, vigilancia e inspección, compete al Gobierno central mediante las diferentes confederaciones hidrográficas», ha detallado, al tiempo que ha puntualizado que el embalse de As Conchas «compete a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil«.

A renglón seguido, ha añadido que, a parte de la competencia que tienen el Gobierno central a través de la CHMS, cuando la sentencia dice que hay que tomar medidas, dentro de las mismas «puede ser la declaración de zonas vulnerables de nitrato» y la ley «es clarísima».

Sin estudios de la administración central

En este contexto, ha hecho referencia a la reunión que se realizó este viernes entre Ministerio y comunidades autónomas y ha esgrimido que el Ejecutivo central, «como no puede ser de otra forma», realiza unos estudios y tiene que enviarlos a las comunidades autónomas «para saber la presión y de dónde proceden esos nitratos».

Sin embargo, ha asegurado que «es imposible» que la Xunta pudiese adoptar una declaración porque el Gobierno «no tiene concluidos esos estudios».

Asimismo, ha detallado que la Administración autonómica «hizo aportaciones», a ese estudio, porque recogía que en la zona de A Limia o en su entorno había «109 millones de gallinas, algo que no concuerda en absoluto con los datos que tienen la Xunta».

“Seguridad jurídica”

La conselleira ha pedido «ser serios» y para ello se necesitan unos estudios que «no están concluidos». Por lo tanto, ha añadido, cuando estén finalizados y el Gobierno central diga «cuál es el origen de esos nitratos» la Xunta, «sin dudarlo», tomará las medidas correspondientes.

Con todo, esas medidas, en palabras de la conselleira, tienen que estar reguladas y el Gobierno central «decidió no regular». «Por lo tanto, no hay seguridad jurídica», aseguró Ángeles Vázquez.

Ante esto, la Xunta «se va a adelantar» y va a elevar al Consello de la Xunta la norma por la cual se tomarán esas medidas y se tomará con la «seguridad jurídica que necesita el territorio».

Macrogranjas

En cuanto a las macrogranjas y al exceso de granjas en la zona, la conselleira aseguró que la Xunta «nunca autoriza una granja sin tener todos los informes sectoriales correspondientes».

«En el caso de A Limia, el informe sectorial relativo a las aguas quien lo realiza es la Confederación Hidrográfica y siempre, hasta el momento, cuando hizo los informes favorables, junto con los otros restantes informes sectoriales, la Xunta hace el informe favorable y, en las granjas que están autorizadas, la CHMS nunca hizo un informe desfavorable», ha esgrimido.

Por lo tanto, la conselleira ha subrayado que «hay que distinguir» las responsabilidades que tienen la Xunta y las del Gobierno central, en este caso la Confederación Hidrográfica.

Sentencia

La sección segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó a la Xunta y a la CHMS por su «inactividad» ante la «degradación ambiental» del embalse de As Conchas y por vulnerar derechos fundamentales de los vecinos.

«Se declara la vulneración de los derechos fundamentales derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad vinculados al disfrute del agua», recoge el fallo del TSXG.

La demanda fue presentada en marzo de este año por la asociación local de vecinos del pueblo de As Conchas, en el municipio de Lobeira (Ourense), y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a siete ciudadanos particulares.

Según los demandantes la grave contaminación existente en el embalse y en la cuenca del río Limia debido, principalmente a purines y a residuos ganaderos, provocó la contaminación del agua potable, malos oroles y proliferación de cianobacterias.

Ahora, el alto tribunal gallego, que estimó parte de la demanda, entiende que la vulneración está provocada por la «inactividad» de ambas Administraciones públicas que, «pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no fueron capaces de poner remedio alguno».

De esta forma, condena a la Xunta y a la CHMS a adoptar «inmediatamente» cuantas medidas sean necesarias para que «cesen los olores y la degradación ambiental» del embalse de As Conchas y su entorno y devolverles «el pleno disfrute de los derechos fundamentales» que reclaman los denunciantes.

Asimismo, deben «adoptar inmediatamente» las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de «agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas» que constituyan una «amenaza para la salud de las personas» con el objetivo de devolverles el «pleno disfrute» de su derecho humano al agua.

Los demandantes también atribuían responsabilidades a los ayuntamientos de Bande, Os Blancos, Trasmirás Lobeiras y Muiños, pero el TSXG desestimó la demanda frente a los mismos.

«Incremento excesivo de macrogranjas»

La sentencia apunta a que la Xunta incurrió en infracción al no salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas y la protección del medio ambiente al permitir «un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio».

Estos hechos, según el fallo, «se acrecienta con la ineficaz» gestión de los residuos que finalizaban en lugares «no controlados» y sin que se controlasen químicamente ante la posible presencia de antibióticos/químicos derivados de medicamentos, «provocando una saturación del medio que el terreno era incapaz de asumir y con ello el perjuicio al medioambiente y la existencia de bacterias resistentes».

En cuanto a la responsabilidad de la CHMS, los magistrados apuntan a su obligación derivada del control de la calidad de las aguas. Sin embargo, la «inacción» de la administración estatal derivó en el «empeoramiento de la calidad de las aguas» desde 2011.

Los magistrados entienden que el organismo estatal debería intervenir ante la «proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas».

«Era evidente un deterioro paulatino y crónico y un origen que, pese a no reconocerse expresamente, a la vista de los datos era palmario dado que la población es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos», recala la sala.