Las inmobiliarias se hartan y piden al fiscal que frene a los okupas

La patronal gallega Fegein traslada una petición a la Fiscalía para que imite a Valencia o Baleares y permita el desalojo inmediato de los okupas

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Casi coincidiendo en el tiempo con el anuncio de la Fiscalía General del Estado de una nueva instrucción para actuar contra los okupas, la patronal inmobiliaria Fegein trasladaba a la Fiscalía gallega una petición en este mismo sentido. Las inmobiliarias piden en su escrito a la Fiscalía Superior de Galicia que actúa a la mayor brevedad “como han hecho las fiscalías de Baleares y Valencia” e impulse la “unificación de criterios de actuación” respecto al delito de ocupación de inmuebles sin violencia.

“Ante un delito menos grave y de carácter permanente, se debería proceder al desalojo inmediato de la vivienda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la restitución de la posesión con carácter cautelar al morador por cuanto al tratarse de un delito menos grave y afectar de forma clara y directa a un derecho fundamental (inviolabilidad del domicilio), concurrirán en todo caso los presupuestos de urgencia, necesidad y proporcionalidad de la medida”, dice el escrito de Fegein.

Actuar directamente y de forma inmediata

La patronal se hace eco de la “preocupación” de la sociedad gallega “para hacer frente a una sensación de impunidad de las ocupaciones ilegales de inmuebles” y pide celeridad a la hora de realizar el desalojo, “aplicando las medidas cautelares que vienen reguladas en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Se refiere Fegein, concretamente, a consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer; a recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo.

“En definitiva, desde Fegein solicitamos al Ministerio Fiscal qu elos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad puedan actuar directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista características de delito desalojando de sus ocupantes ilegales y su detención, si procede, instruyendo el correspondiente atestado en el que se incluirán aquellas otras conductas que pudieran ser hechos delictivos”.

Y concluye la patronal: “No hay mayor protección, que restituir el inmueble ocupado a su legítimo titular”.

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