Los políticos imputados en la ‘Pokémon’ cargan contra Aduanas
El abogado del alcalde de Ferrol avanza que estudiará medidas por los perjuicios causados por un supuesto error de identificación
Los políticos imputados en la Operación Pokémon no parecen conformes ni con la actuación de la jueza instructora, Pilar de Lara, ni con el trabajo hecho por Aduanas. El alcalde de Ferrol y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey Varela, ha calificado este lunes de “grave error” la identificación que el Servicio de Vigilancia Aduanera ha hecho en un informe en el que le atribuye haber recibido un cobro de 3.000 euros de la empresa Vendex, el principal grupo empresarial que se investiga en la trama.
De esta manera, y a la salida de los juzgados de Lugo, a donde ha sido citado en calidad de imputado por la jueza Pilar de Lara, Rey Varela ha negado responder al mote de «Josman», nombre con el que se lo identifica en la conversación que aparece en el sumario y en la que habla la persona que se identifica con ese nombre y José María Tutor, el delegado de Vendex en Galicia.
Contrastar las voces
Rey Varela ha mostrado su «satisfacción» por haber podido dar estas explicaciones y, según ha dicho, explicar que «nunca» ha firmado un contrato con la empresa investigada como regidor ferrolano. Además, ha pedido que se «aclarase» la identificación y, como precisó su abogado, se ha solicitado una pericial para contrastar las voces.
En esta línea, el letrado que lo representa, Ricardo Pérez Lama, ha esperado que «se corrija este error desde ya porque sus derechos constitucionales han sido pisoteados» y ha dicho que se estudiarán medidas por los perjuicios causados una vez se avance en ese sentido.
Francisco Rodríguez, ex alcalde de Ourense
Por su parte, el ex alcalde de Ourense, el también imputado Francisco Rodríguez, asegura que los hechos por los que ha sido señalado por Pilar de Lara “son falsos” por lo que se ha acogido a su derecho de no declarar ante la jueza. En declaraciones a los medios este lunes ha asegurado que estima a la magistrada “manifiestamente incompetente” para instruir los hechos que se le imputan.
Sobre este político socialista pesaban en un primer momento imputaciones por cohecho y prevaricación, por las cuales fue puesto en libertad bajo fianza. No obstante, meses después, De Lara amplió a blanqueo de capitales las imputaciones sobre él, e involucró a su compañera, Mercedes Astorga.
