Los patinetes eléctricos compartidos y la ciudad del futuro 

Barcelona, que se reclama capital de la movilidad urbana sostenible, debería tener una visión más proactiva con relación a la micromovilidad como servicio, integrándola en un enfoque global de transporte multimodal y aprovechando la generación de datos en abierto

Los patinetes eléctricos han ganado popularidad en los últimos años como forma de micromovilidad de uso compartido bajo demanda. Su protagonismo en las ciudades europeas ha crecido de manera exponencial. Estos vehículos suelen estar disponibles directamente en las calles de la ciudad y se pueden tomar prestados a través de una aplicación móvil, con un precio del alquiler que suele depender de la duración del viaje.  

Las ventajas de esta forma de transporte para el consumidor son numerosas: son eléctricos, tienen autonomía suficiente para los recorridos diarios, requieren escaso mantenimiento y no se enfrentan a problemas de aparcamiento, pago de seguros, etc. Tier, Dott, Bird, Bolt o Lime son algunas de las principales empresas de alquiler de patinetes eléctricos bajo demanda. Todas están presentes en España.  

Curiosamente, España es, según un estudio de 2022, el país donde más usuarios desearían utilizar patinetes (19% de los encuestados) y bicicletas eléctricas (16%) como alternativa a los vehículos de combustión, siendo, no obstante –y tan solo por detrás de los polacos– los que más coches poseen por habitante (76%). 

Desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, la micromovilidad permite avanzar hacia la descarbonización del transporte, y también supone beneficios relevantes para la mejora de la calidad del aire y la salud pública. En cuanto a su dimensión social, aportan beneficios en términos de equidad e inclusión, mejorando la accesibilidad a grupos de población hasta ahora excluidos del modelo de movilidad centrado en el coche y hacia un cambio en los hábitos de transporte. 

Una mujer conduce un patinete. Foto: freepik.
Una mujer conduce un patinete. Foto: freepik.

Por otro lado, y a raíz de la pandemia del Covid-19, parte de los usuarios del transporte público han reorientado su elección modal hacia otras opciones. Si bien parece haberse producido un aumento del transporte privado motorizado, también crece la apuesta por los medios activos (caminar y bicicleta) y los medios de transporte emergentes como las bicicletas, motos y patinetes compartidos.  

El aumento de la demanda de los servicios de micromovilidad, refleja, por tanto, la búsqueda por parte de la ciudadanía de alternativas de transporte y encontrar el encaje regulatorio óptimo para esta nueva realidad supone un elemento crucial para afrontar los retos de las ciudades del futuro. 

En este contexto, sin embargo, la ciudad de Barcelona – como ya nos tiene acostumbrados en los últimos años – ha optado por rechazar que se ponga a punto una plataforma de patinetes eléctricos compartidos. “No existe una normativa que nos permita asumir un incremento de los patinetes», argumentaba la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet. “Hemos analizado una posible regulación (…) y hemos decidido que no implantaremos los patinetes eléctricos en Barcelona», sentenciaba esta semana en una entrevista a El Periódico. 

Después de años deliberando sobre el uso de los patinetes compartidos y la gestión de sus licencias y concesiones, el gobierno de Barcelona ha decidido cerrar la puerta a las empresas de patinetes de sharing en la ciudad. En paralelo, se han aplicado una serie de medidas que reducen el uso del patinete en general, como por ejemplo la polémica prohibición de subirlos en el transporte público bajo sanción de 200 euros. 

El consistorio esgrime que la demanda de patinetes eléctricos colapsa el espacio público y ha optado por la opción fácil: su prohibición. Si bien es cierto que el uso y aparcamiento de estos vehículos puede generar problemas de congestión e inseguridad vial, las administraciones podrían optar por colaborar con las plataformas y aprovechar la tecnología que equipa a los patinetes y permite geolocalizados con facilidad, para identificar, sancionar y reducir las infracciones cometidas por sus usuarios. Se podría introducir una penalización en aquellos vehículos que no estén bien aparcados y dificulten el normal funcionamiento del espacio público. Una vez llegada a la plena capacidad de aparcamiento en las calles, un impuesto pigouviano (una tasa) sería un mecanismo útil para racionalizar su uso. 

Prohibir los patinetes eléctricos compartidos no es el camino hacia la movilidad sostenible e inteligente del futuro

Lo que sí se va a poder seguir utilizando en Barcelona son las bicicletas compartidas, de gestión pública municipal, es decir el Bicing y la nueva iniciativa de bicis eléctricas, AMBici, que se extiende por un total de quince localidades metropolitanas alrededor de Barcelona. Es curioso que las regulaciones implementadas dificultan el uso del transporte personal de uso compartido, mientras el consistorio promociona el uso de la bicicleta desde hace años, por ejemplo, financiando anualmente los doce millones de euros de déficit del Bicing.  Por tanto, en este sector, los efectos de las diferentes políticas municipales entran en contradicción: por un lado, se promociona activamente su uso y por otro se lo disuade con una fuerza desproporcionada. 

Ciudades pioneras en el ámbito de la innovación en movilidad urbana como South Bend, Seattle, Portland, Tel-Aviv, Helsinki o Copenhague, han promovido la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas de bicicletas y patinetes compartidos en lo que se refiere al uso de datos que recogen los operadores. Estos datos se encuentran disponibles públicamente, y se utilizan para mejorar la planificación urbana, reducir la congestión o establecer lugares de estacionamiento recomendado en los destinos más populares. 

Muchas ciudades ya están explorando lo que se denomina multimovilidad eléctrica: utilizar en una misma aplicación todos los medios de transporte y pagar un precio único. Las ciudades integrarán la micromovilidad compartida con el transporte público, el acceso a rutas ciclistas, la recarga de vehículos eléctricos e incluso puntos de recogida y entrega de coches compartidos o servicios de VTC. Con una buena planificación y el uso inteligente de los datos, la micromovilidad puede ayudar a reducir la congestión del tráfico, mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones y fomentar una mayor equidad social

Barcelona, que se reclama capital de la movilidad urbana sostenible y acoge foros tan relevantes como la Smart City Expo World Congress y Tomorrow Mobility, debería tener una visión más proactiva con relación a la micromovilidad como servicio, integrándola en un enfoque global de transporte multimodal y aprovechando la generación de datos en abierto. Menos palabras rimbombantes y más hechos. Prohibir los patinetes eléctricos compartidos no es el camino hacia la movilidad sostenible e inteligente del futuro. 

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