Pensar el postsanchismo

El sanchismo consiste en poner el Estado al servicio de una persona. No de un proyecto nacional, ni siquiera de unas vagas ideas. De una persona. Y lamentablemente no están faltando lacayos al servicio de esta decadencia moral. Gente que, con tal de obtener o conservar un cargo, está dispuesta a degradar las instituciones, a laminar los contrapesos propios de una democracia liberal y a pudrir el mismo Estado que les paga el sueldo. Resulta escalofriante escuchar estos días algunas conversaciones conocidas en el seno de la Guardia Civil. Todo lo pervierte el sanchismo.

El PSOE se ha convertido en una organización desleal con la democracia. Ha asumido como normales prácticas que hace apenas unos años habrían provocado dimisiones inmediatas y un profundo rechazo social. La fidelidad al líder ha sustituido a la lealtad a los españoles. Los ministros se han convertido en simples ejecutores de una estrategia al servicio de la ambición y la avaricia del matrimonio presidencial. No quedan rastros de patriotismo ni de ese sentido de Estado.

España necesitará una gran regeneración democrática. No bastará con un cambio de gobierno. Hará falta reconstruir una cultura política que hoy se encuentra seriamente erosionada, aunque conviene recordar que incluso en los momentos más difíciles siguen existiendo servidores públicos que honran su uniforme y su responsabilidad. Muchos miembros de la Guardia Civil, jueces, fiscales, funcionarios y periodistas han decidido cumplir con su deber pese a las enormes presiones. Son ellos quienes mantienen viva la dignidad de las instituciones cuando otros intentan utilizarlas como herramientas al servicio del poder arbitrario.

El sistema nacido de la Transición ha proporcionado a España el mayor periodo de libertad, estabilidad y prosperidad de toda su historia contemporánea. Precisamente por eso conviene defenderlo. Nunca fue perfecto, claro, pero demostró una extraordinaria capacidad para garantizar la convivencia. Sin embargo, hoy ese edificio institucional muestra grietas preocupantes. Las observamos en la degradación del debate público, en las disfunciones del Estado ante determinadas crisis y catástrofes, en el deterioro de la separación de poderes y, sobre todo, en toda una Transición antidemocrática impulsada desde la propia Moncloa.

El postsanchismo exigirá derogaciones contundentes y reformas igualmente ambiciosas. No se tratará únicamente de revertir determinadas leyes, sino de reconstruir incentivos institucionales para impedir que una deriva semejante pueda repetirse en el futuro. Cada vez son más quienes reflexionan sobre ello. Entre las aportaciones recientes merece una atención especial El Reino de las Autonomías (editorial Deusto), del abogado del Estado Jesús Trillo-Figueroa.

El autor plantea diversas reformas, algunas de ellas de naturaleza constitucional. Pero lo más interesante de su planteamiento no reside únicamente en las propuestas concretas, sino en el espíritu que las inspira. Frente a quienes creen que el sanchismo debe combatirse mediante un radicalismo simétrico, Trillo-Figueroa propone una vía reformista que fortalezca las instituciones en lugar de debilitarlas todavía más. Es una diferencia fundamental. Porque responder a una deriva iliberal con otra de signo contrario solo conduce a una espiral de polarización permanente. Conduce a más decadencia.

También resulta especialmente acertado su rechazo al viejo centralismo como respuesta al proyecto confederal y plurinacional impulsado por el PSOE. Ese camino no solo sería anacrónico, sino profundamente contraproducente. Las comunidades autónomas han demostrado ser compatibles con la unidad nacional y, en no pocas ocasiones, han servido precisamente para limitar el creciente impulso autoritario del propio sanchismo. El problema nunca ha sido la descentralización en sí misma, sino su utilización como moneda de cambio para satisfacer a quienes desean debilitar el Estado desde dentro.

De lo que se trata, por tanto, es de perfeccionar el Estado autonómico para cerrar las grietas por las que avanzan las dinámicas secesionistas. No deja de resultar paradójico que el separatismo más radical encuentre hoy un terreno fértil precisamente cuando el Gobierno proclama haber alcanzado la reconciliación en Cataluña. La realidad es muy distinta. La impunidad nunca reconcilia. Simplemente alimenta nuevas exigencias y nuevas frustraciones. No por nada está creciendo Aliança Catalana, el separatismo más radical.

Una clave para el postsanchismo reside en recuperar con convicción el principio de subsidiariedad que tan bien defendió el canciller democristiano Konrad Adenauer: “Lo que pueda decidirse en el ámbito más próximo al ciudadano no debe trasladarse a una instancia superior”. Pero este principio funciona en ambas direcciones. Hay competencias que deben permanecer cerca de las personas y otras que solo pueden ejercerse eficazmente desde el Estado. Del mismo modo, muchas decisiones corresponden antes a los individuos, las familias, las empresas o la sociedad civil que a cualquier administración pública.

En el fondo, uno de los grandes retos será precisamente ese: devolver espacios de libertad a una sociedad cada vez más invadida por la política. Recuperar instituciones al servicio de los ciudadanos y no de los gobernantes. Reconstruir la confianza en la ley, en la separación de poderes y en el mérito. Regenerar las instituciones para que nunca más un presidente inmoral pueda podrirlo todo.