Salvador Illa y la aburrida decadencia

Ahora, con Salvador Illa como presidente de la Generalitat, la política catalana es más aburrida que nunca, pero las políticas que nos llevaron a la tensión insoportable del proceso separatista siguen, lamentablemente, vigentes. El cambio se ha producido solo en las formas, no en el fondo.

De hecho, algo va peor. La Generalitat del PSC mantiene y agrava las políticas procesistas heredadas de Esquerra Republicana y, además, suma las políticas intervencionistas impuestas por los Comunes. La fórmula es empobrecimiento cultural y económico. ¿Qué puede salir mal? Pues prácticamente todo.  

Las calles no están ardiendo como en 2017 o 2019, me dirán, pero lo cierto es que las empresas siguen yéndose y la economía no remonta. La fuga empresarial se ha acelerado con la Generalitat socialista.

Según los datos del Colegio de Registradores de España, entre agosto del año pasado y marzo del actual, la salida neta de empresas ha sido de 187. Es el peor dato de todas las comunidades autónomas. No se había visto algo así desde el “apreteu, apreteu” de Quim Torra.  

Las empresas catalanas encuentran destinos más seductores en las populares Andalucía, Comunidad Valenciana o Comunidad de Madrid. Lógico. La rebaja de la tensión discursiva no es suficiente si no hay una rebaja impositiva y regulatoria.

Cataluña lleva años siendo un infierno fiscal para empresarios y familias. Soporta tramos autonómicos del IRPF más elevados que en ninguna otra comunidad, mantiene unos impuestos de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones confiscatorios y, además, 11 impuestos propios en vigor.  

La telaraña normativa no es un problema menor. Como ha denunciado Foment del Treball recientemente, Cataluña sufre “populismo legislativo”. En los últimos 15 años se han producido 47 cambios normativos en materia de vivienda que están ahuyentando la inversión, paralizando proyectos de construcción y generando inseguridad jurídica.

Ni se construye, ni se deja construir. Las políticas de control de alquileres son ataques a la propiedad privada que destruyen la oferta de vivienda, provocando efectos contrarios a los declarados. Aquí no hay quien viva. 

Pagamos más que nunca, pero el aumento de los impuestos no se traduce en una mejora de la calidad de los servicios públicos, ya que las prioridades del gasto, lejos de cualquier sensibilidad social, son propias del nacionalismo más rancio. Nada nuevo bajo el Sol procesista. Illa ha dejado, desde el primer minuto, la política cultural y la política lingüística en manos del separatismo. Ha comprado el silencio de los patriotas amarillos con cargos y dinero.  

Convertir la lengua en un arma de poder y exclusión la ha convertido en algo antipático para gran parte de la población

Ni Carles Puigdemont se atrevió a llevar tan lejos la política lingüística. La Generalitat ha alcanzado un pacto sobre el catalán con Ómnium -sí, Ómnium, la asociación que promovió la ruptura de España-. A este pacto se le destinará 255 millones de euros públicos solo durante el primer año.

Y no bajará de los 200 millones en los siguientes. Más recursos, muchos más, pero las políticas seguirán en la misma dirección, aquella que nos ha conducido hasta un notable descenso del uso social del catalán.  

Convertir la lengua en un arma de poder y exclusión la ha convertido en algo antipático para gran parte de la población. Si realmente se quiere potenciar el catalán, no son necesarios más recursos, sino otras políticas más vinculadas a la libertad y a la tecnología.

Pero no nos engañemos: la cuestión fundamental para Illa y para otros líderes nacionalistas no es la promoción del catalán, sino hacer ver que lo defienden. Es todo un paripé para extraer recursos de los catalanes y meterlos en los bolsillos de los separatistas. Es el precio del silencio.  

Otro ejemplo son las falsas embajadas de la Generalitat de Cataluña, dirigidas por unos delegados que cobran más que el ministro español de Asuntos Exteriores. Si Illa ha ido más lejos que Puigdemont en materia lingüística, también ha superado a Pere Aragonès en creación de “estructuras de Estado”.

Esquerra Republicana diseñó un “cuerpo diplomático” para potenciar la internacionalización del procés, pero es el PSC el que lo ha convertido en una triste realidad. “Ara ja no diran que no soc catalanista”, podría susurrar Illa, repitiendo las patéticas palabras de Lluís Companys tras proclamar el Estado catalán. 

En definitiva, bajo el gobierno del PSC, la Generalitat se hace más y más grande, mientras la sociedad catalana se empequeñece sin parar. El separatismo aceleró la decadencia con estruendo, y ahora el PSC se limita a gestionar esa decadencia con aburrimiento… y sin rectificación. Cataluña no se pondrá en marca mientras la Generalitat actúe como un freno. El giro ideológico es más necesario que nunca tanto en la política confiscatoria de ingresos como en la política nacionalista de gastos.