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El Ayuntamiento de Madrid se hace eco de la exclusiva de ECONOMÍA DIGITAL para contrarrestar al PSOE
Inma Sanz acusa al Gobierno de contradicciones en su política de vivienda y defiende el modelo de colaboración público-privada del Ayuntamiento de Madrid frente a la venta de suelos públicos en Tarragona
Inma Sanz, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid.
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La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de demagogia e hipocresía en sus políticas sobre la vivienda social.
Esta crítica se produjo en respuesta a las declaraciones de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, quien había señalado que la capital española podría perder hasta 700 viviendas públicas para 2026 debido a la venta de 50 parcelas públicas por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Sanz, al comparecer en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, no dudó en devolver el golpe, ironizando sobre la actitud del PSOE y haciendose eco de una noticia exclusiva publicada por ECONOMÍA DIGITAL.
Según la noticia, el Gobierno español ha decidido vender una parcela destinada a vivienda protegida en Tarragona, en lugar de cederla a Sepes, la empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda, que debería ser la encargada de construir viviendas sociales.
«Cuando escuché a Maroto hablar de las 700 viviendas, pensé que se refería a la venta de una parcela en Tarragona a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), una más de las muchas que el Gobierno de España ha venido vendiendo en los últimos años», ha expresado la vicealcaldesa, con una sonrisa irónica en su rostro.
«Una vez más, la izquierda aplica la ley del embudo: lo que es bueno para ellos, no lo es para los demás«, ha añadido, cargando contra lo que percibe como una doble moral en el discurso del PSOE sobre la vivienda pública.
El caso que Inma Sanz mencionaba con tanto énfasis está relacionado con una parcela de 1.418,89 metros cuadrados ubicada en Tarragona, cuya venta fue recientemente anunciada por la Tesorería General de la Seguridad Social.
De acuerdo con los detalles revelados por este medio, esta parcela se ofrece con una edificabilidad del 92% destinada a Vivienda de Precio Concertado (VPC), una modalidad de protección oficial que, aunque más barata que la vivienda libre, no es realmente asequible para muchos ciudadanos.
En Tarragona, los precios por metro cuadrado de VPC superan fácilmente los 1.200 euros, lo que convierte el suelo público en una fuente de rentabilidad para los promotores que se hagan con la parcela, sin que esa plusvalía revierta en la creación de más vivienda social.
El hecho de que esta parcela no haya sido transferida a Sepes, el organismo encargado de promover vivienda pública, genera una enorme contradicción dentro del propio Gobierno.
Mientras el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aboga por una expansión del parque público de vivienda, la Tesorería General de la Seguridad Social opta por maximizar los ingresos de la institución, a costa de vender terrenos con un alto potencial social.
Esta decisión contrasta con el discurso oficial del Ejecutivo, que desde la Ley de Vivienda de 2023 ha afirmado estar comprometido con la lucha contra la especulación inmobiliaria y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
El Ayuntamiento de Madrid saca pecho de su política de vivienda
Ante esta contradicción, Inma Sanz ha destacado la labor del Ayuntamiento de Madrid, subrayando que, lejos de seguir el ejemplo del Gobierno, el consistorio madrileño ha invertido más de 900 millones de euros en los últimos años para aumentar la oferta de vivienda pública.
«Somos la Administración que más está invirtiendo en vivienda pública en toda España, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los propios datos del Ministerio de Vivienda», ha apuntado la vicealcaldesa.
En su intervención, Sanz ha defendido la colaboración público-privada como una estrategia clave para acelerar la construcción de viviendas, destacando que esta fórmula permite una mayor agilidad en la ejecución de proyectos.
Además, ha subrayado que la construcción de viviendas libres es igualmente importante, ya que contribuye a un aumento rápido de la oferta general de viviendas en la ciudad.
La vicealcaldesa no pasó por alto la crítica al reciente escándalo de la venta de un edificio en el centro de Madrid a un «fondo buitre malo, malísimo», que según Sanz, lo destinará a viviendas de lujo «no asequibles».
La venta de este inmueble, por un valor de 200 millones de euros, fue utilizada por la dirigente del PP como ejemplo de la falta de compromiso del PSOE con la verdadera vivienda asequible.
«Lo recaudado no se destina a vivienda pública en Madrid«, ha lamentado Sanz, acusando al Gobierno de llevar a cabo una política incoherente y basada en la hipocresía.
Uno de los puntos clave de la crítica de la vicealcaldesa madrileña fue la gestión del suelo público y la necesidad de reforzar el papel de Sepes en el desarrollo de viviendas protegidas.
Sanz señaló que, en lugar de vender suelos a fondos de inversión o promotores privados, el Gobierno debería haber traspasado estos terrenos a Sepes, una entidad que, según ella, tiene los medios para garantizar que las plusvalías generadas por el suelo público reviertan en la sociedad en forma de viviendas asequibles.
El Gobierno, contra su propia Ley de Vivienda
El Gobierno, que ha impulsado la Ley de Vivienda para blindar el suelo público y evitar su privatización, se enfrenta a un dilema: por un lado, proclama el fin de la especulación, pero por otro, gestiona de manera contradictoria sus propios activos, permitiendo que parcelas con vocación social terminen en manos del sector privado.
Este tipo de decisiones podrían socavar la credibilidad del Ejecutivo en su lucha por la vivienda asequible y añadir combustible a la polémica con gobiernos autonómicos y locales, como el de Madrid.
Mientras tanto, en Madrid, Inma Sanz y el PP defienden su modelo de colaboración público-privada como una solución para hacer frente a la creciente demanda de vivienda en la capital, al mismo tiempo que denuncian lo que consideran una incoherencia en las políticas del Gobierno de Sánchez.
