El Gobierno privatiza en Cataluña suelo para vivienda protegida en lugar de cederlo a Sepes
Una decisión de la Seguridad Social choca con el discurso del Ejecutivo al sacar a subasta un solar destinado casi en su totalidad a vivienda protegida
Montaje realizado por Economía Digital
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El Gobierno ha decidido poner a la venta un solar para vivienda protegida en Tarragona en lugar de traspasarlo a Sepes, la empresa pública de suelo adscrita al Ministerio de Vivienda, como sí ha hecho con las viviendas y suelos de Sareb, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL.
Un movimiento que choca frontalmente con el discurso político del Ejecutivo, que desde la Ley de Vivienda de 2023 se ha erigido en adalid contra la especulación y defensor de ampliar el parque asequible.
La decisión, ejecutada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), evidencia una grieta interna entre la retórica social y la gestión patrimonial.
El caso se centra en un terreno situado en el Plan Parcial Urbanístico PPU-10 ‘Autovía de Reus‘, propiedad de la TGSS.
La parcela salió recientemente a subasta pública con un precio mínimo de 357.672 euros. Hasta ahí, un procedimiento rutinario para obtener liquidez mediante la venta de activos no necesarios.
Pero el contenido del pliego de condiciones cambia por completo la naturaleza del caso.
El solar cuenta con una edificabilidad de 1.418,89 metros cuadrados, de los cuales 1.298,09 —casi el 92%— deben destinarse obligatoriamente a Vivienda de Precio Concertado (VPC), una modalidad de protección oficial con el precio máximo legal más elevado dentro del régimen catalán.
La VPC es un régimen que, pese a su protección, permite precios que en provincias como Tarragona superan con facilidad los 1.200 euros por metro cuadrado.
La paradoja emerge al realizar un cálculo elemental: solo el valor máximo de venta de la edificabilidad protegida roza los 1,6 millones de euros. Es decir, un activo público cuyo destino es mayoritariamente social puede generar una plusvalía notable.
Y esa rentabilidad potencial, que se origina en un suelo perteneciente al patrimonio conjunto de los contribuyentes, será capturada íntegramente por el promotor o fondo de inversión que gane la subasta.
El comprador que se adjudique el solar no podrá vender al libre mercado —estará sujeto a la normativa de vivienda protegida—, pero disfrutará de un margen cómodo, derivado directamente del valor que el sector público ha conferido al activo mediante la regulación.
La TGSS —entidad estatal— podría haber cedido el solar a Sepes, que desde este 2025 se ha visto reforzado como brazo operativo para desarrollar grandes bolsas de vivienda asequible.
También podía haberse traspasado al INCASOL, la agencia catalana responsable de incrementar el parque público autonómico.
Con cualquiera de estas dos opciones, el activo habría permanecido dentro del circuito público, asegurando que la plusvalía derivada de su edificabilidad social revirtiera en la ciudadanía.
Y lo que es más importante: habría permitido desarrollar vivienda protegida al menor coste posible, multiplicando el impacto de la inversión pública en un momento en el que Cataluña presenta uno de los mayores déficits de vivienda social de Europa.
La decisión de la TGSS pone de manifiesto la tensión estructural entre dos lógicas del propio Gobierno.
Por un lado, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana proclama la necesidad de blindar el suelo y coordinar políticas para generar vivienda asequible. Por otro, la Seguridad Social mantiene su mandato económico: maximizar ingresos para fortalecer su tesorería.
El Gobierno lo permitió con la Ley de Vivienda
La Ley de Vivienda trató de cerrar la puerta a futuras privatizaciones de parque público construido, pero dejó fuera —de forma deliberada o no— la venta de suelo.
«Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, arrendamiento o en otras formas de cesión o uso, de conformidad con lo establecido en la legislación en materia de vivienda», explica el texto legislativo.
El resultado es que el sector privado puede acceder a terrenos con vocación social que, en teoría, deberían haber sido la base del despliegue de vivienda protegida liderado por Sepes.
