Colau admite que el coste de acceso al alquiler en Barcelona no ha dejado de empeorar desde que es alcaldesa

La ciudad que Colau debió imaginar en su época de activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) poco debe parecerse a la actual. Medidas económicas draconianas de la alcaldesa –como las moratorias hoteleras o el cerco a los pisos turísticos– poco han hecho para mejorar un municipio cuyos indicadores dibujan una irremediable decadencia. Una de las cuentas pendientes es la vivienda, cuyo coste de acceso al alquiler no ha dejado de empeorar casi desde que los Comunes llegaron al poder.

Y es que el ayuntamiento admite que el coste de acceso de arrendamiento para los ciudadanos de la capital catalana no ha dejado de crecer desde el año 2014 ininterrumpidamente. Según el Informe de l’Estat de la Ciutat 2021 al que ha tenido acceso Economía Digital, la creciente precariedad de los barceloneses les ha dificultado todavía más poder asumir un alquiler digno.

El citado documento relata que entre los años 2014 y 2019 –prácticamente desde que Colau llegó al poder, en 2015– la renta media de las hogares registró un incremento estimado del orden del 15% nominal, muy inferior al incremento recogido por los precios de los alquileres, que superaron el 40%.

«Es decir, los arrendamientos crecieron 2,8 veces más que los ingresos medios de la población de Barcelona. Y el grado de esfuerzo siguió aumentando en 2020. Las estimaciones indican que la renta media de los alquileres fue a la baja en el año de la pandemia a un ritmo que triplica el leve descenso iniciado por los alquileres mensuales», recoge el documento.

Esto significa, en la práctica, que tanto en el período analizado como en los sucesivos 2020 y 2021, el coste de acceso al alquiler, es decir, el esfuerzo que hace una familia o un individuo para pagar el arrendamiento, ha ido a peor en todo el período: primero por el mayor incremento de los alquileres y, en el último ejercicio, por el empobrecimiento de los barceloneses. En resumidas cuentas: la ratio entre ingresos y alquiler, por uno u otro motivo, no ha dejado de empeorar desde que Ada Colau llegó a Sant Jaume.

El texto interno del consistorio también reconoce que una gran parte de la población de la ciudad tiene problemas para pagar el alquiler, pese a que la renta media en Barcelona no supere el límite de esfuerzo del 30% de sus ingresos –el máximo considerado justo para dedicar al pago del arrendamiento–: «Esto hace que el esfuerzo económico para estos colectivos sea muy superior».

«Así, para las viviendas de ingresos equivalentes a 2,5 veces el salario mínimo, el esfuerzo de acceso al alquiler medio de la ciudad en 2020 representaba el 34,8% de su renta disponible, superando en casi cinco puntos porcentuales el linde de esfuerzo máximo recomendable», explica el documento del ayuntamiento consultado por este medio.

Colau fracasa así en una de sus grandes banderas: la vivienda. De poco le ha servido a la alcaldesa apoyar la regulación de los precios del alquiler del Gobierno, o la ley catalana de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas, que le sirvió para declarar a Barcelona como «ciudad de mercado de vivienda tenso» en julio.

La alcaldesa de Barcelona decidió a mediados de 2021 que, durante al menos cinco años, el precio del alquiler de los nuevos contratos tenían que estar como máximo un 5% por debajo de lo que marque el índice de precios de referencia de la Generalitat, pese a las protestas entonces de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y parte de la oposición municipal.

Inseguridad y pérdida de poder adquisitivo

No ha sido el único dato desalentador del informe. La Ciudad Condal ha cerrado 2021 con un aumento del 10% de la delincuencia, una cifra que conecta con la preocupación ciudadana sobre la inseguridad, que fue calificada como el principal problema de Barcelona por el 21% de encuestados del último barómetro municipal del mes de diciembre.

 El documento municipal refleja que se cerró 2021 con un total de 146.667 hechos ilícitos conocidos, una cifra que es un 10% superior al del año 2020 “pero todavía más de un tercio por debajo del nivel de antes de la pandemia”, cuando se llegó a los cerca de 230.000 hechos ilícitos.

Además, hay otras cuestiones que también afectan al bolsillo de los ciudadanos de Barcelona. El paro económico de 2020 supuso una disminución de la Renta Disponible de los Hogares (RDH) de Barcelona, con una caída del -6,5% en comparación con el año 2019, el último antes de la pandemia.

Un declive que fue moderado en la reducción de la Renta Primaria (-8,8%) gracias al efecto compensatorio de las Prestaciones Sociales, como los ERTE u otras ayudas públicas, que aumentaron a una tasa del 14,5%. En cuanto a la Remuneración de Asalariados y Rentas Mixtas se registraron tasas interanuales del -5,4% y del -14,9% respectivamente.

En cuanto a las estimaciones provisionales de los tres primeros trimestres de 2021, la RDH de Barcelona registró una subida del 1,1% en promedio. «Sin embargo, el incremento del coste de la vida que refleja el IPC a partir del segundo trimestre de 2021 ha comportado que los hogares hayan reducido su capacidad adquisitiva en valores en torno al -1%», refleja el informe.