El PP europeo abre la puerta a que la Eurocámara investigue el espionaje de Pegasus en España

El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido asegura que "hay una posibilidad" de que la comisión del Parlamento Europeo se interese por el 'hackeo' de móviles en el Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Su último decreto-ley antes de las vacaciones puede incurrir en los mismos fallos jurídicos que el estado de alarma. EFE/ Kiko Huesca

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Una delegación de la comisión de eurodiputados que investiga el uso del programa de ciberespionaje Pegasus en varios países europeos ya está en Israel, país de origen de la empresa creadora de este software con el que, según reconoció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, habrían sido hackeados los móviles de varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez así como el programa que también se habría usado en la investigación a líderes de asociaciones independentistas.

El trabajo de esta comisión, que proseguirá en Polonía y Hungría, podría extenderse a España, según declara a Economía Digital, Juan Ignacio Zoido, eurodiputado que participa en este viaje y ministro de Interior durante el 1 de octubre. La comisión tiene un mandato de la Eurocámara de 12 meses, en caso de que se amplíe el mandato del comité, que inicialmente es de un año, se podría incluir una visita a España.

La propuesta para la creación de esta comisión fue impulsada el pasado marzo y contó con el respaldo de una amplísima mayoría de la Eurocámara, con 635 eurodiputados a favor, 36 votaron en contra y 20 abstenciones. Está presidida por el holandés Jeroen Lenaers, del Partido Popular Europeo y entre sus miembros cuenta también participa la eurodiputada de ERC Diana Riba, que habría sido, según varias informaciones, una de las líderes del secesionismo catalán investigadas por Pegasus.

Reuniones con el Gobierno de Tel Aviv y con el CEO de NSO Group

Desde este lunes y hasta el próximo miércoles 20, la delegación desarrollará su trabajo de campo, entre reuniones con el gobierno de Israel en Tel Aviv y Jerusalén, miembros de la Knesset, el parlamento israelí, funcionarios gubernamentales, académicos así como expertos en ciberseguridad y derechos digitales. Además, los eurodiputados tienen previsto reunirse con Shalev Hulio, director general de NSO Group, el proveedor del programa Pegasus.

Polonia y Hungría, los dos primeros países donde se destaparon irregularidades en el uso de Pegasus contra la oposición política serán los dos próximos destinos de trabajo de esta comisión En España, el escándalo del espionaje a más de 60 nombres vinculados al independentismo catalán y vasco salió a la luz más tarde, una vez ya se había tomado la decisión de constituir la comisión de investigación en el plenario europeo.

En declaraciones a Economía Digital, Zoido sostiene que «en principio no está previsto, porque el motivo de la comisión es investigar lo ocurrido en Polonia y Hungría donde se denunciaron irregularidades y España no está incluida, aunque siempre hay posibilidad de ampliación«. Pese a abrir la puerta de manera a una hipotética investigación del uso de Pegasus en nuestro país, quien fuera ministro de Interior de Mariano Rajoy, defiende que «no debería ser una prioridad porque las fuerzas y cuerpos de seguridad de España son un ejemplo de profesionalidad y realizan su trabajo con un escrupuloso respeto a la legalidad y con el máximo compromiso con el Estado de Derecho y cuando se usan herramientas de vigilancia siempre es con una autorización judicial y con resoluciones motivadas».

El objetivo, como señala Zoido, es «en primer lugar conocer en profundidad el funcionamiento de esta herramienta de cibervigilancia visitando las instalaciones de la empresa desarrolladora, recopilar información sobre si se hace un seguimiento de un uso adecuado después de su venta y si la empresa es consciente de que haya habido casos de abuso de esta tecnología en territorio europeo, y conocer cuáles son los protocolos de actuación en caso de detectarlos. La intención es confirmar si en todos los casos de la utilización de este programa ha existido el estricto cumplimiento de la legislación europea vigente y del Estado de Derecho nacional.

Para el ex ministro de Interior, «este tipo de programas de vigilancia están ideados para utilizarse de una manera concreta para combatir el terrorismo y el crimen organizado, es decir, para proteger la libertad y la seguridad de los ciudadanos y en ningún caso para poner en riesgo su privacidad. Por eso vamos a investigar si se han conculcado los derechos de los ciudadanos europeos con una mala praxis de estas herramientas«.

La comisión de investigación sobre el uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes, compuesta por 38 miembros, examinará las presuntas infracciones de la legislación de la UE en el uso del programa de vigilancia por parte de Hungría y Polonia, entre otros países. Los eurodiputados estudiarán las leyes nacionales vigentes sobre vigilancia, y si el programa espía Pegasus se utilizó con fines políticos contra periodistas, políticos y abogados, entre otros profesionales. La comisión también verificará si los países que utilizaron Pegasus u otros programas con el mismo objetivo infringieron la legislación comunitaria. La delegación que ha viajada a Israel está integrada

En los próximos meses se realizarán otras misiones a Estados miembros de la Unión Europea para analizar cómo se ha empleado el software espía, y si su uso respeta el estado de derecho nacional y cumple con la legislación europea. Esta comisión tiene 12 meses para elaborar sus recomendaciones plasmadas en un informe que trabajarán los distintos eurodiputados

Comisiones especiales en el Parlamento Europeo

Según el reglamento de la Eurocámara, la duración del mandato de una comisión especial, caso de ésta que investiga el uso del programa de cibervigilancia Pegasus, no excederá los doce meses, salvo que el Parlamento decida extenderlo. El Parlamento puede crear comisiones especiales para tratar temas específicos y será encargada de impulsar una investigación sobre presuntas infracciones o mala administración en la aplicación de la legislación de la UE.

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