El plan de vivienda de Sánchez decepciona al inmobiliario: «No llegará inversión y no se crearán las casas que faltan»
Montaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante unas grúas. ECONOMÍA DIGITAL
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En el papel, el plan suena ambicioso. Triplicar la inversión pública en vivienda, blindar su carácter protegido «de por vida» y armar un sistema de datos que por fin arroje luz sobre los precios reales del mercado. Pedro Sánchez quiere que las comunidades autónomas se sumen a un «gran acuerdo estatal» por la vivienda, con el que pretende marcar el rumbo de la legislatura.
Pero fuera del despacho presidencial, el texto ha encendido las alarmas en el sector inmobiliario. «Así no se construye ni un ladrillo», sentencia una voz autorizada del sector en conversaciones con ECONOMÍA DIGITAL.
La carta, enviada esta semana a los presidentes autonómicos, plantea movilizar 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030, frente a los 2.300 del plan anterior. El Gobierno aportaría 4.000 millones y espera que las comunidades pongan los 2.700 restantes.
Para quienes están sobre el terreno, el anuncio suena hueco. «Son menos de 2.000 millones al año. En un presupuesto de 600.000 millones, seguimos invirtiendo menos en vivienda que ningún país de nuestro entorno«, apuntan las fuentes consultadas, que no ocultan su decepción.
El fondo del problema no está solo en las cifras, sino en el enfoque. La carta deja claro que el dinero se destinará a vivienda pública. Pero el 90% de la vivienda protegida que se construye en España no la hace el Estado: la levanta el sector privado.
«¿Quién va a construir esas casas? ¿Quién las va a financiar? Con 318.000 públicas sobre un parque total de más de 20 millones, la capacidad de producción es mínima si se excluye al privado«, advierten a este diario.
La medida más polémica llega en el segundo punto: que todas las viviendas construidas con fondos públicos mantengan de forma indefinida su condición de protegidas. Para el Gobierno, es una forma de evitar que se pierdan millones en viviendas que acaban en manos de fondos buitre o vendidas en el mercado libre a precio de oro.
El sector no lo ve así. «En la pública, esa protección ya existe. Si esto se aplica a la vivienda protegida en venta, afectará al patrimonio de los ciudadanos, que ya no podrán recuperar su inversión. Y si se impone en el alquiler, será peor: se espantará al capital institucional, que es clave para cubrir el déficit actual», explican.
Ese déficit ronda las 600.000 viviendas, según cálculos del sector. Y construirlas requiere «capital core a cascoporro«. Ese dinero no llega si los activos quedan congelados para siempre. «Los inversores asumen la protección durante 15 o 20 años. Más allá, no les salen los números. Si no hay incentivo, no hay ladrillo«, sentencian.
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El tercer eje del plan, crear una base de datos pública de precios, ha sido recibido con escepticismo: «Ataca a los portales inmobiliarios como si fueran culpables de los precios. Y va a propugnar un archivo público de transacciones… como si no existiera ya».
El Registro de la Propiedad, el catastro, los datos del INE y del Colegio de Registradores ya recogen ese tipo de información, recuerdan los expertos. «El problema no es que falten datos, sino política eficaz».
En el sector, el mensaje es claro: sin contar con quienes construyen, no hay futuro para la vivienda.
